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Michelle Bachelet, un año después
CHILE - Los escollos de la segunda transición
Gustavo González, IPS
Lunes 12 de marzo de 2007, puesto en línea por
9 de marzo de 2007 - IPS - La socialista Michelle Bachelet celebrará este domingo su primer año como presidenta de Chile, marcado por conflictos sociales y políticos que alientan ambiciones de poder en la oposición derechista y comprometen el futuro de la coalición de centroizquierda que gobierna desde marzo de 1990.
Bachelet, la primera mujer en gobernar este país de 16 millones de habitantes, ha estado acosada en los últimos 12 meses por problemas de diverso orden, a menudo sobrevaluados o sobredimensionados por actores políticos que parecen ver su gestión como una segunda transición una vez cerrado el ciclo del pinochetismo.
En vísperas de este primer aniversario, el senador Pablo Longueira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), uno de los principales líderes de la derecha, anunció con estruendo el inicio de una tempranera campaña para ser candidato en las elecciones presidenciales de diciembre de 2009.
Longueira anticipó el 6 de este mes que tendrá como rival dentro de la oposición al empresario Sebastián Piñera, derrotado por Bachelet en la segunda vuelta electoral de enero de 2006, mientras en la gobernante Concertación por la Democracia se insinúan igualmente potenciales candidaturas cuando el actual gobierno recién completa una cuarta parte de su mandato.
La actual presidenta, una médica pediatra de 55 años, especialista también en temas de Defensa, tomó el 11 de marzo de 2006 el relevo del también socialista Ricardo Lagos, tercer gobernante de la coalición de centroizquierda que en 1988 derrotó en un plebiscito al entonces dictador Augusto Pinochet.
El militar que en septiembre de 1973 llegó al poder a través de un cruento golpe de Estado tuvo que entregar el gobierno el 11 de marzo de 1990 al demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien inició la transición democrática en un mandato que, a raíz de un pacto político con la derecha, duró sólo cuatro años.
El 11 de marzo de 1994, Aylwin traspasó la banda presidencial al también demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien cumplió los seis años de gestión determinados constitucionalmente, para ser sustituido en marzo de 2000 por Lagos, un socialista moderado.
En septiembre de 2005, la promulgación de un vasto paquete de reformas constitucionales, negociadas trabajosamente con la derecha, puso punto final a una serie de instituciones autoritarias heredadas de la dictadura, en lo que Lagos proclamó como el fin de la transición.
Las Fuerzas Armadas volvieron a quedar sujetas constitucionalmente al Poder Ejecutivo, que recuperó la facultad de remover a los altos mandos castrenses, como parte de las enmiendas constitucionales, que incluyeron asimismo la rebaja desde 2006 del mandato presidencial a cuatro años, sin derecho a reelección inmediata.
El simbolismo del cierre de la primera transición se completó el 10 de diciembre de 2006, cuando el general Pinochet, de 91 años, falleció en su lecho de enfermo en el Hospital Militar de Santiago, sin pagar sus cuentas con la justicia ni por los crímenes contra los derechos humanos ni por su enriquecimiento ilícito.
La derecha, que desde las elecciones presidenciales de 1999 trataba de desprenderse del lastre del pinochetismo busca romper ahora definitivamente sus lazos con la dictadura y buscar el voto de las nuevas generaciones, nacidas a la política después de 1990, según proclama Longueira como uno de sus objetivos.
La imagen de eficiencia y modernidad que quieren proyectar tanto el senador de la UDI, como Piñera, líder del otro partido de derecha, Renovación Nacional, tiene que apoyarse como sustento primordial en una ineficiencia y en un fracaso de la coalición de centroizquierda y, en especial, del gobierno de Bachelet.
Una encuesta difundida el día 7 por la consultora Adimark señaló que la presidenta llega a este primer año con un porcentaje de aprobación de 49,3 por ciento de los chilenos, según consultas de opinión realizadas en todo el país a fines de febrero.
Si bien hay una recuperación de siete puntos porcentuales en la popularidad de la gobernante respecto del sondeo de Adimark de enero, el último registro está muy lejos de la aprobación de 68 por ciento con que se retiró Lagos del palacio de gobierno de La Moneda en marzo de 2006.
Sin embargo, los conflictos y escándalos que han minado la popularidad de Bachelet constituyen paradójicamente situaciones heredadas de los anteriores gobiernos concertacionistas y, en especial, del de Lagos, cuya gestión es vista ahora como sobrevalorada por sectores de la propia coalición oficialista.
Bachelet, quien llegó a la presidencia con un importante apoyo de organizaciones de la sociedad civil alineadas tras su propuesta de un gobierno de mayor participación ciudadana, ha tenido que enfrentar intensos conflictos sociales.
El primero, entre abril y mayo de 2006, fue la llamada "revolución pingüina", que movilizó al estudiantado de la enseñanza media en demandas de democratización del sistema educacional, regido por una ley promulgada por Pinochet en 1989, que los anteriores gobiernos de centroizquierda mantuvieron sin reformar.
Los convenios de compra de gas natural a Argentina, negociados bajo la administración de Frei Ruiz-Tagle, se convirtieron en un segundo foco de dificultades para Bachelet, cuando el gobierno de Néstor Kirchner redujo aún más las cuotas de suministro del combustible que comenzó a disminuir desde 2004.
El gas natural, que constituye una de las fuentes energéticas fundamentales de Chile, opera negativamente, no sólo en los vínculos con Argentina sino también con la vecina Bolivia, donde el gobierno de Evo Morales condiciona un acuerdo de suministro del energético a los chilenos a la solución del conflicto marítimo que se arrastra desde 1879.
Las dificultades energéticas afectaron relativamente la expansión de la industria chilena y el gobierno de Bachelet cerró 2006 con un crecimiento del producto interno bruto de 4,4 por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), considerado modesto en comparación con años anteriores.
No obstante, la Cepal y otros organismos internacionales reconocen que el actual gobierno chileno mantiene un manejo ejemplar de los equilibrios macroeconómicos, posibilitado sustantivamente por los buenos precios internacionales del cobre, el principal producto de exportación de este país.
Hacia fines del año pasado, mientras la situación económica aparecía controlable, Bachelet vio abrirse un nuevo flanco político con otra situación heredada del período de Lagos. El llamado "escándalo de Chiledeportes" puso al desnudo actos de corrupción con el desvío de fondos públicos para financiar campañas parlamentarias de los partidos oficialistas.
El Partido Por la Democracia fue el principal involucrado en este asunto, que también salpicó a los otros tres integrantes de la coalición de centroizquierda: los partidos Demócrata Cristiano, Socialista y Radical Socialdemócrata.
La Democracia Cristiana, desplazada del Poder Ejecutivo por Lagos y luego por Bachelet, es la que más ha cuestionado la gestión de la presidenta, sobre todo desde el llamado sector "duro" que encabeza el senador Adolfo Zaldívar, ex presidente de esa colectividad.
Zaldívar, a quien se atribuyen también ambiciones presidenciales, se ha distancia tanto del gobierno como de la actual presidenta de su partido, la también senadora y ex canciller Soledad Alvear, quien es vista igualmente como carta presidencial para 2009.
El cuadro de potenciales sucesores de Bachelet incluye al propio Lagos, que está facultado constitucionalmente para ser candidato, y a quien fuera su brazo derecho durante su administración, el ex ministro del Interior y actual secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza.
Así, entre la prematura campaña presidencial y los sucesivos conflictos, Bachelet cumple su primer año de mandato con un balance crítico, donde no faltan quienes califican de débil al primer gobierno paritario de Chile en términos de género, lo cual es atribuible a una suerte de misoginia no declarada pero latente en la política de este país.
