BOLIVIA - Dos artículos del texto constitucional producen insomnio en los sectores conservadores de Bolivia

“Diálogo sí, pero entre las máximas autoridades (prefectos-Presidente)”, es el último grito desesperado de los prefectos opositores que intentan frenar el genuino proceso democrático boliviano. Pero, ¿por qué será que quieren dialogar a solas con el Presidente Indígena? ¿Acaso no lo tildaron de burro, ignorante y totalitario? ¡Hasta bozal quisieron colocarle en otros momentos!

Lo que ocurre es que se acaban los intelectuales de la media luna, y con ellos los argumentos para seguir sosteniendo las mentiras más elocuentes como verdades democráticas. Quieren dialogar sólo con el Presidente porque le tienen miedo al Vicepresidente Álvaro García Linera, al Ministro Juan Ramón de la Quintana y a los demás teóricos del proceso boliviano. Carlos Valverde no es, pues, intelectual. Es sólo un escritor erótico rústico. Sergio Antelo, Cayo Salinas, Juan Carlos Urenda y otros asesores de los conservadores, van perdiendo completamente la credibilidad en la audiencia por intentar disfrazar la mentira como verdad en reiteradas oportunidades.

Acuérdese Ud. que en la última reunión entre los prefectos y el gobierno central, el Vicepresidente García Linera, al estilo socrático, desnudó las contradicciones de los prefectos y los dejó sonrojados. Luego, éstos se retiraron del diálogo casi peleando entre ellos, dijeron que mandarían a sus asesores “especialistas”. Los especialistas vinieron, pero tampoco pudieron convencernos sobre el por qué no se debe utilizar el IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) para socorrer a los viejitos. Y, entonces, ahora los prefectos opositores piden hablar a solas con el Presidente.

Seguramente le pedirán a Evo que retire el artículo 398 del texto constitucional. Este artículo, redactado en dos versiones para ser sometido a la consulta popular, dispone que bajo ninguna circunstancia la propiedad agraria podrá exceder las diez mil hectáreas de tierras. Esto significa que sí o sí, el Sr. Branco Marinkovic, Presidente del Comité Cívico Cruceño, deberá devolver al Estado más de 90 mil hectáreas de tierras del total de más de 100 mil que posee (tendrá que conformarse sólo con 10 mil hectáreas). La familia Barbery Paz, Saavedra Bruno, Antelo, Kuljis, Costas, Monasterios y otros que conforman el centenar de los terratenientes en Bolivia tendrán que devolver al Estado buena parte de los cerca de 25 millones de hectáreas de tierras que acaparan. ¡Esto sí que va a doler mucho!

Pero, para asegurarse del retroceso de la “revolución agraria”, también le exigirán al Presidente que suprima el artículo 169 del texto constitucional que dispone la reelección inmediata por única vez para Presidente y Vicepresidente de la República. Los sectores conservadores saben (como van las cosas hasta ahora con Evo) que no resistirán 10 años defendiendo sus privilegios, mucho menos ahora que ya no contarán con toda la platita del IDH para seguir difamando al proceso de cambio boliviano.

Como verá Ud. eso de las autonomías para desarrollar a las regiones son tan falsas como las huelgas de hambre con sabor a pollo en defensa de la “democracia”. Quieren autonomías a su medida para olear y sacramentar las tierras que ya se han repartido. Lea Ud. la propuesta del estatuto autonómico de la Prefectura de Santa Cruz.

Después de todo, el texto constitucional para cuantos lo hemos analizado y que no gozamos de privilegio alguno, en sus contenidos, no es ni radical, ni extremista. Sólo busca hacer justicia. Los prefectos y sus especialistas también saben eso. He allí del por qué no se animan a reclamar abiertamente las cuestiones de fondo, sino sólo el procedimiento que se siguió para aprobar dicho texto.

El gobierno central tiene que socializar más los contenidos del texto constitucional en todos los niveles de la sociedad boliviana (dentro y fuera) para que sea la ciudadanía quien juzgue con conocimiento de causa. Es necesario difundir la propuesta de las autonomías como está en el texto constitucional. Eso de optar por la consulta popular para la revocatoria o ratificatoria del mandato del Presidente y de los prefectos no es una solución. Será sólo una radiografía política de lo que ya conocemos, claro con un costo económico extra. Se tiene que someter ya el texto constitucional a votación popular, pero con una previa y amplia difusión de sus contenidos. Es el paso necesario para convertir en políticas públicas las aspiraciones postergadas del pueblo boliviano.