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La cero tolerancia exige cero escrúpulos

CHILE - Siete meses de embarazo tiene la sospechosa más buscada

Ariel Zúñiga

Viernes 23 de enero de 2009, puesto en línea por Ariel Zúñiga

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Según la prensa chilena asistimos a una ola de errores judiciales. En el caso conocido como el de la “Quintrala”, un adulto mayor con obvios síntomas de demencia senil, fue torturado sicológicamente por la policía de investigaciones forzándolo a inculparse de la muerte de su arrendador y su pareja; en el caso del “psicópata del pincel” el actual condenado fue en primera instancia absuelto y luego el juicio fue anulado debido a que una de los tres magistrados se encuentra bajo investigación criminal en una publicitada red de corrupción; dos menores indigentes fueron liberados luego de purgar meses encarcelados acusados de haber violado a una mujer de 30 años la que luego reconoció que se trató de sexo consentido; un menor de edad fue liberado por error luego que la resolución que ordenaba su reclusión, dictada por un juez en un juicio oral, no la comprendiera el gendarme.

Estos cuatro casos ocurridos en los últimos meses bastan y sobran para que la prensa considere que nos enfrentamos a una ola de errores judiciales. Dejemos constancia que nuestro sistema criminal consigna cuatro millones de ingresos judiciales al año y posee una población penal flotante adulta cercana a las cincuenta mil personas. Todo esto dentro de una población de a penas dieciséis millones de habitantes. No existe un computo oficial en que se agregue a los menores de edad presos puesto que se usan una serie infinita de eufemismos para no considerarlos en su real situación; tampoco de aquellos que repletan los cuarteles policiales gracias a las arbitrarias detenciones por control de identidad, comercio ambulante o ingesta de alcohol en la vía pública. En estos tres ítemes no existe registro de algún ingreso en el sistema criminal puesto que son tratados administrativamente en el primer de los casos y como un mero asunto de policía local en los restantes.

Con estas cifras no nos debe sorprender que al menos un millón de personas sean “atendidas” frecuentemente por nuestro sistema criminal, sin siquiera considerar el efecto sobre sus parientes, lo que nos enfrenta al hecho que un cuarto de la población del país, a lo menos, ha sido alguna vez “molestada” por el sistema de persecución criminal esto es, criminalizada. Cincuenta mil presos y otros tantos miles sujetos a medidas alternativas a la prisión, especialmente custodiados, y sin ningún tipo de medida efectiva de inserción económica legal.

Si este somero cálculo basta y sobra para afirmar que vivimos en un regimiento sólo comparemos estos números con los de las encuestas sobre victimización: Más personas han sido afectadas por el sistema criminal que por los criminales y, como ya lo teníamos claro en los noventa, el daño económico que produce la delincuencia es mucho inferior a los que produce el sistema de persecución criminal. Si a la delincuencia le deducimos los impactos de la de cuello blanco, por ejemplo a las tropelías del sobrino de Ricardo Lagos entre las de otros criminales impunes o que purgan una penita, nos enfrentamos a que el total de los botines de la delincuencia común es inferior al presupuesto en seguridad del barrio de Chicureo; y con la droga decomisada, si se vendiera al precio en que se transa en Dublin, a penas bastaría para pagar el gasto en bencina y neumáticos de la policía uniformada.

Qué duda cabe que el sistema criminal en su totalidad es un error, más aún, un horror.

Para esconder este escándalo los gastos en “seguridad”, que en correcto castellano se denominarían de inseguridad o insegurización, son contabilizados en millones de dólares a diferencia de aquello que indolentemente se le denomina “gasto social” que es exhibido en primera plana y pesos chilenos (un dólar vale nada menos que seiscientos treinta pesos nacionales) Para dar un ejemplo los gastos en “hotelería” que producen los más de cincuenta mil presos superan con creces a todo lo que gasta el estado en el sistema universitario: Por cada interno el estado dispone, nada más que en alimentación y alojamiento, de mil dólares mensualmente, equivalente al pago total del arancel universitario de tres estudiantes.

La “solución” que se propone para evitar los “errores judiciales” es aumentar la dosis del veneno que nos está matando: Más presupuesto para la policía y la fiscalía, más cárceles, más vigilancia y por supuesto, más hipocresía.

El escándalo que representa aquello que denominamos justicia, debido a la deformación del lenguaje, en general y en específico la criminal, no nos debe llevar a desviar la atención de estos cuatro casos “erróneos” que ha consignado la prensa.

La razón que se valió el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, su ministra Soledad Alvear y su subsecretario Juan Antonio Gomez (autodesignado último bastión del progresismo concertacionista), para sustituir el centenario sistema criminal de emergencia, fue el de evitar, entre otras cosas, que la policía extrajera declaraciones mediante tortura, que los sospechosos se trataran como culpables y que los juicios fueran meros ritos de legalización de los ajusticiamientos populares.

Jueces y fiscales formados al efecto, tras millones invertidos en ese sólo ítem, no serían influenciados por los periodistas, los cuales todos sabemos han estudiado sólo lo suficiente. Todo esto ha sido una estafa más grande que el Transantiago, el ferrocarril al sur, el puente Loncomilla o el MOP Gate puesto que los viejos vicios de la policía, que sale a buscar culpables en vez que a aclarar los delitos, debían quedar obsoletos luego de múltiples sanciones impuestas por sus responsables políticos durante una dura transición. Lo que ha ocurrido es lo inverso: Los vicios de las policías han sido heredados a los imberbes fiscales quienes con la fragilidad de carácter inherente a los oportunistas conservaron el sistema clasista, autoritario y legalista que nos legaron los españoles hace más de cuatrocientos cincuenta años. La reforma procesal penal ha sido nada más que lo que alertamos antes de su implementación: Un medio de limpiarle la cara al criminal sistema criminal, y de paso dar en el gusto a los gringos creando un simulacro de juicio televisable para que estos dieran su aprobación al tratado del libre comercio.

Como externalidad, positiva o negativa dependiendo desde qué angulo se observe, el nuevo sistema, engrasado y con recursos casi ilimitados, aplicado en un contexto autoritario, con normas penales excesivamente rigurosas, carentes de toda lógica y proporción, y con una defensoria pública creada al efecto para que no funcione, ha servido como una enorme grúa dedicada a encarcelar pobres a tiempo completo.

En el caso del psicópata del pincel se ha llegado al extremo de perjudicar al imputado por un error del propio sistema y emendar una resolución en su directo perjuicio. Ambas situaciones se las consideró erradicadas una vez que se promulgó el nuevo código pues este se inspiraba en los más caros principios garantistas por ende, la proscripción de la reformatio in peyus. En el nuevo juicio se consideró suficiente la evidencia que en el primero se consideró insuficiente: La declaración de su pareja, claramente implicada en el hecho, y la de un ex amigo visiblemente molesto porque ocupaba una casa de su propiedad y se negaba a restituirla.

En el caso del condenado por el homicidio de María Lapostolle se obvió en la sentencia algo tan elemental como el probar más allá de toda duda razonable que bien sabe cada televidente: La occisa presentaba huellas y sangre en sus amarras pertenecientes a un tercero, nunca identificado. El condenado llevó al sistema a sus límites guardando silencio o, también es posible, en verdad no sabía nada del homicidio. Si la fiscalía debía probar el homicidio “más allá de toda duda” debía explicar que la bala que mató a la víctima fue disparada por el condenado con intención homicida no el hecho de que se lo vió con ella en público por última vez pues eso lo sabíamos todos y nadie lo negaba.

Vivimos en un país que encerraría a O.J. Simpson por el homicidio de su esposa aunque el guante ensangrentado no le entrara, pero algo me dice que el culpable sería el jardinero por más que cuente con coartada.

Que no nos olvidemos del principal rol que cumplen los estereotipos en la persecusión criminal en todo el mundo cuando esta es efectuada civilizadamente; cuando ésta se realiza “a la chilena” a los prejuicios hay que añadirle el autoritarismo y clasismo en que discurre imperturbablemente nuestra sociedad.

Esto es una muy mala noticia pues no sólo es posible que los graves delitos cometidos en contra de nosotros o nuestros cercanos queden impunes por la vía de que se sancionen sospechosos perfectos, lo que al mismo tiempo es denegación de justicia y criminalización de inocentes destinados a cumplir objetivos políticos e ideológicos; además nos enfrenta a la cruda realidad que cualquiera puede ser acusado de los más graves crímenes sea como disfraz a la ineficacia policial o para el cumplimiento de fines autoritarios consentidos por la clase dirigente pero inconfesables.

Si son capaces de presentar a una embarazada de siete meses como la criminal más buscada del país son capaces de cualquier cosa.

Y qué decir de la prensa que ha cubierto como si se tratara de la llegada del hombre a Marte cada vez que un hijo de la clase alta ha sido perjudicado por algún crimen dedicando despachos en directo para que sus deudos exijan venganza, mano dura, más veneno e hipocresía. Esto se hizo luego de la muerte de Diego Smit Hebbel y en horas se enmendó puesto que no era un pobre diablo el culpable de tales males.

Me gustaría saber qué opinan los precandidatos presidenciales de la izquierda: Ni a Enriquez, ni a Arrate, ni a Navarro, ni a Hirsch, ni a Tellier le he escuchado alguna vez ni media palabra acerca de estos asuntos.

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Mensajes

  • Señor Zúñiga:

    Le agradeceré indicarme cuál es el presupuesto de seguridad de Chicureo, ya que, según su comentario, es superior a los botines de la delincuencia común.

    Asumo que se refiere a la seguridad privada, porque la seguridad pública dispuesta por el Estado de Chile en el denominado Plan Cuadrante, corresponde a una patrulla policial, con dos agentes o policías, para un sector que supera los 100 kilómetros cuadrados.

    La Comuna de Colina, donde está situado Chicureo, tiene una Brigada de la Policía de Investigaciones con 25 funcionarios, que cubre por el norte hasta Llay Llay, en el límite con la V Región, Los Trapenses, por el suroriente (La Dehesa), y Lo Echevers, por el surponiente, en la comuna de Quilicura.

    En Chicureo -zona que es cada vez es más amplia- vivimos gente de clase media, como también mucha gente muy humilde, de localidades rurales que, por el poder de la publicidad, se tiende a olvidar en las políticas públicas de seguridad.

    La semana pasada entraron tres veces a robar en mi casa, pero el presupuesto del Estado de Chile «para Chicureo» no alcanzó a cubrirme sino que recién a las dos horas del tercer ingreso a mi casa.

    Por lo tanto, supongo que tal vez usted se refiere al presupuesto privado e incluso así, creo, todavía no debe superar los botines de la delincuencia, sea ésta la común o la de cuello y corbata.

    Atte.,

    Nicolás Candel Pozo

    Periodista

    Director

    ChicureoNews

    El Diario de Chicureo

  • Estimado Señol Candel,

    Siento no aportar con fuentes en el artículo que usted comenta pues me parece majadero hacerlo (ya lo he dicho y publicado en demasiadas oportunidades)

    Por costos en seguridad me refiero tanto al público como al privado, no veo mucha diferencia en ambos. Es la misma metodología que adopto paz cuidadana y libertad y desarrollo en su primer estudio (costos de la delincuencia) auspiciado nada más y nada menos que por waquenhut, la empresa que postuló y ganó a la licitación carcelaria.

    Los costos de la delincuencia de cuello blanco y delincuencia común los relaciona doris cooper en un estudio a principio del 2000 en el arcis (llamado precisamente costos de la delincuencia)

    Para que se tenga en cuenta los costos de la delincuencia sólo consideren el fiasco de la construcción de los primeros penales concesionados que le costó más al fisco que TODOS LOS CASOS DE CORRUPCIÓN RESTANTES, incluso el de EFE. Como no hay nadie condenado ni procesado sería impropio considerarlo «delincuencia de cuello blanco».

    Si quiere calcular los costos en chicureo tan sólo cuente los condominios y lo que se paga en gastos comunes para mantener a los guardias. Sin contar alarmas, perros y equipos de vigilancia ese costo es incomparable al insignificante que produce un par de pobres y tristes rateros.

    La realidad que usted menciona de colina es aún más extrema en las restantes comunas del país: En unas el problema es la cantidad de superficie (piense en Coihaique por ejemplo) y otras el de población (Maipú)

    La comparación con Chicureo le puede parecer odiosa pero surge porque hace un par de años se intentó instalar una comisaría en dicho barrio lo que pareció, por suerte, excesivo. Sólo compare la cantidad de funcionarios policiales dispuestos en Las Condes, Lo Barnechea, La Reina y Vitacura con la que se encuentra en Maipú, Puente Alto y La Florida. Revíselo en www.carabineros.cl

    Se trata de un caso de gasto fiscal regresivo en que el fisco gasta más por defender los bienes de aquellos que cuentan con recursos para cuidarlos por sí mismos.

    Es por eso que la mención de Chicureo no es casual. Agradesco su comentario para poder refrendarlo.

    Atentamente, Ariel Zúñiga

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