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CHILE - La nómina de operaciones de inteligencia política de Renovación Nacional

La Nación

Miércoles 21 de enero de 2009, puesto en línea por Claudia Casal

19 de enero de 2009, Santiago - La Nación - En el caso del “Piñeragate”, de los correos de las FARC y de Karla Rubilar, personeros de la colectividad de derecha utilizaron información o contactos con miembros de fuerzas militares, de seguridad o de organismos represivos.

El caso de la diputada Karla Rubilar que usó información proveniente del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, para entregar datos de supuestos detenidos desaparecidos «falsos», coronó una serie de otros sucesos en que altos personeros de Renovación Nacional (RN) tuvieron un papel protagónico y que se configuraron como operaciones políticas.

En cada uno de los casos tuvo un rol protagónico el candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera, y en tres de ellos tuvieron algún nivel de participación servicios de inteligencia y aparatos de seguridad policiales o militares de Chile o el exterior.

Todos los casos, además, terminaron en querellas y procesos contra dirigentes y parlamentarios de RN, tuvieron efectos demoledores para dos legisladoras de la tienda de derecha y se produjeron al menos situaciones confusas que terminaron por diluir o hacer fracasar cada operación montada.

Por cierto, en dos de los casos Piñera se dio una voltereta respecto a sus posiciones iniciales frente a los sucesos, específicamente cuando terminó por quitar su apoyo a las dos parlamentarias de su partido que participaron en algunos de los episodios.

Teléfonos y pedofilia

El primer caso es uno de los más recordados. Fue cuando Sebastián Piñera pidió, a través de su amigo Juan Pablo Díaz, que el periodista Juan Andrés Richards acorralara a la entonces amiga política del financista, Evelyn Matthei, para sacarla de la competencia por la precandidatura presidencial de la derecha en 1992.

Pero en el entuerto se metió un oficial de telecomunicaciones del Ejército quien habría pasado la grabación de los dichos descalificadores de Piñera hacia Matthei (que en ese tiempo también era RN), la que fue expuesta en Megavisión por el empresario Ricardo Claro. La operación se transformó en un escándalo y el objetivo del financista fracasó.

Casi diez años después, la diputada de RN Pía Guzmán, cercana a Piñera, lanzó al ruedo una denuncia de abuso sexual y de pedofilia hacia menores de escasos recursos, aseverando que estaban comprometidos varios legisladores. La operación fue particularmente sensible para dos senadores de la UDI. Cuando todo comenzaba, Sebastián Piñera le dio su apoyo a Pía Guzmán. Se metió de lleno a defender el accionar de la legisladora, aprovechando la ocasión además, para sacarle punta a su disputa con la UDI.

Pero con el correr del tiempo la acusación de Guzmán se desmoronó y la operación fracasó. Hubo querellas, procesos judiciales y enojos desde la UDI. Piñera tuvo que dar una vuelta en el caso y, de paso, alejarse de su aliada política.

Extremistas y «reaparecidos»

Cinco años después, un grupo de destacados dirigentes de Renovación Nacional se metió en una auténtica operación de inteligencia en un hecho inédito en la historia política reciente, de la mano de altos funcionarios y agentes militares o policiales de Colombia.

El año pasado los senadores de RN Andrés Allamand y Alberto Espina, junto al presidenciable Sebastián Piñera, recibieron de manos de altos funcionarios colombianos -que podrían ser agentes de seguridad, oficiales de Inteligencia o personeros de ese país enlazados con aparatos de seguridad- uno o varios correos electrónicos obtenidos del computador de un jefe guerrillero abatido, donde figuraban nombres de chilenos que habrían tenido vínculos con las FARC. Los dirigentes de RN habrían entregado el informe extranjero a autoridades chilenas. Lo que está confirmado es que se lo pasaron a un diario y generaron un hecho político que afectó a organizaciones de izquierda y mapuches y que, de paso, significó la salida de un periodista que trabajaba en el equipo de La Moneda, el que fue acusado por la secretaria general de RN, Lily Pérez, de ser ayudista de las FARC.

Pasaron los meses y la Justicia no pudo tipificar delito o infracción alguna y, para colmo, un capitán de la policía colombiana declaró bajo juramento que en el computador del jefe guerrillero muerto no había correos electrónicos. Eso se sumó a reportes que hablan de que esos documentos no tienen validez como evidencia judicial. Espina continuó defendiendo el hecho de que él sólo recibió los documentos del caso. Piñera desapareció del mapa con el tema. Entre medio, el ex subsecretario Felipe Harboe inició un proceso judicial contra el senador Espina porque éste lo acusó de ser vocero político de las FARC.

Rubilar y el «Mamo»

El último episodio se produjo con la diputada de RN Karla Rubilar, quien entregó nombres de supuestos «falsos» detenidos desaparecidos, incurriendo en un error dramático porque, a final de cuentas, dos de los nombres que barajó eran indesmentiblemente víctimas de la represión. En esta operación, la legisladora tuvo al principio el respaldo abierto de Piñera y apareció en escena nuevamente Lily Pérez, quien se puso codo a codo con Rubilar.

A los pocos días se conoció que parte del origen de la información que manejó la diputada, provenía de textos del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, condenado a largas penas de cárcel por el asesinato, desaparición, torturas y detenciones de ciudadanos. Karla Rubilar terminó expulsada de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Piñera también le restó su apoyo. En su caso también se presentó una querella por haber manejado información falsa que afectó a familiares de las víctimas.


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