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El pago de favores de los clientes de la familia militar

CHILE - Sobre el indulto de delitos inamnistiables

Ariel Zúñiga

Martes 27 de julio de 2010, puesto en línea por Ariel Zúñiga

Las políticas “modernizadoras” implementadas en nuestro país durante el último siglo se han concentrado en lo económico, sólo la reforma agraria consiguió un efecto más amplio demoliendo las formas de poder tradicional que se mantenían inalteradas desde la época de los encomenderos.

Similar a España, la mayor parte de Chile hace dos generaciones se encontraba sumido en la servidumbre y la teocracia. Santiago era una capital administrativa, un pueblito grande, jamás una cuidad, en donde estudiaban y tomaban decisiones los miembros de la oligarquía. La “clase media” estaba definida por defecto, se distanciaba por milenios de los empobrecidos campesinos errantes o afincados, o más bien arrejuntados, en la capital; de los ricos se distinguían por ser más educados y o más cultos y por no poseer tierras, ergo, servidumbre.

Coincidió, por lo motivos que todos conocemos, que la desfeudalización del campo, por obra de la reforma agraria, no pudiera producir la secularización de la sociedad pues advino la dictadura. Es así como Santiago, y todas las ciudades del país, duplicaron su población (o la multiplicaron por diez como Temuco) transformándose en grandes pueblos con problemas urbanos más nunca en ciudades. Sólo hace una década que las grandes urbes comenzaron a tomar color y olor de ciudad, prosperaron barrios, cada uno con su identidad, y ahora se las carcajadas se escuchan mezcladas con la música y el descorche de botellas.

Hasta hace muy poco la felicidad, siempre breve y episódica, se disfrutaba de un modo clandestino. Bares oscuros, sin ventanas hacia la calle, personas hacinadas en las casas o bien escabullidas en los moteles.

La reciente modernización cultural contrasta con el subdesarrollo económico, la desrregulación ha transformado al país en un yacimiento de minerales, frutas, verduras, pescado, y seres humanos, que pueden ser procesados en cualquier faena por su escaso valor y alta tecnología de los procesos productivos.

La reciente, y forzada, modernización, exhibe las estrías de un crecimiento inorgánico, aquellas instituciones que provienen del medioevo, incluso antes, y que eran comunes a los imperios, sea el sumerio o el incaico.

En las sociedades modernas, por ejemplo Inglaterra, en que la reforma agraria se realizó hace más de doscientos años y la separación con el papado hace casi quinientos, las instituciones monárquicas cumplen un claro y acotado rol simbólico que potencia a la república.

En Chile, en cambio, sin que nunca existiera algún monarca soberano en su suelo, las instituciones del antiguo régimen, enquistadas en nuestra nominal república, no son otra cosa que la perseverancia del poder tradicional, su imposición ante la mayoría, su poder de veto, en fin, su supremacía.

Los “caballeros”, hasta hace unas décadas los grandes terratenientes hoy ocupan puestos estratégicos, estancos creados y solidificados durante siglos y que hoy se utilizan como castillos destinados a impedir que el país se secularice. Hablo de las instituciones armadas, la iglesia, los tribunales (el cáncer de las notarias y conservadores de bienes), las universidades y los directorios del macroempresariado.

Todas las instituciones señaladas funcionan como un sólo bloque, y han demostrado su solidez y transversalidad en momentos cruciales como el golpe de estado y la vuelta a la “democracia”.

Instituciones mediadores como la masonería no han sido el cemento de esa relación estrecha sino que la mentalidad tradicional compartida, inculcada y fortalecida en la educación católica. Detrás de todo poderoso laico chileno se esconde un jesuita.

Y es por eso que causa tan revuelo un documento redactado por los representantes de una potencia extranjera, léase, los estados pontificios.

Si fuera una solicitud del gobierno boliviano o estadounidense no daría más que para una columna anecdótica, y quizá una viñeta, pero viniendo del arzobispado se encara como un rayo arrojado por Zeus.

Me importa un rábano lo que piensen y digan esa banda de jureros, homosexuales reprimidos, pederastas, histéricos y delirantes personajes que se dicen autoridades divinas. Tendría que creer en una serie casi infinita de estupideces, tener lo suficientemente envenenada la mente como para aceptar su soberanía.

Pero en una sociedad tradicional, como la nuestra, mi opinión, que parece marginal por ser generalmente marginada siendo común en el pueblo llano, al ser extravagante, o más bien culpable de herejía para la clase dirigente, no es pertinente, y no es tomada en cuenta para una decisión.

Importa de sobremanera lo que digan los pederastas y homosexuales enclaustrados porque todos, sin excepción, de quienes ocupan puestos públicos fueron educados por esos pederastas y homosexuales enclaustrados. Eso los hace impermeables a mi opinión, que quizá es mayoritaria si se suavizan los adjetivos, porque todos quienes toman decisiones comparten una misma mentalidad, una medieval y teocrática, capaz de coexistir con un modelo de explotación económica de última tecnología.

Y así como fueron educados por el opus dei, los legionarios, los jesuitas, los salesianos o los sionistas ninguno de ellos, y lo digo así, de forma tajante, ninguno de ellos fue educado bajo los principios de una sociedad moderna, liberal, laica, plural, diversa y respetuosa de los derechos fundamentales.

Es por esa razón que la opinión de una mafia, como la iglesia católica, importa aunque esta sugiera la destrucción de los más caros principios valóricos que hemos conseguido erigir, es decir, el respeto por lo DDHH. Usan de su influencia para honrar a su clase, a los terratenientes devenidos en administradores de una republiqueta, eludiendo normas expresas que tipifican delitos inamnistiables e imprescriptibles.

Nos quieren decir que dichos delitos no son inindultables. Sólo una mente podrida, como la de alguien que cree en el diluvio universal puede llegar a una pobre conclusión como esa. No se habla de delitos innindultables porque las normas internaciones fueron dictadas para repúblicas, no para monarquías, Y EL INDULTO ES UNA INSTITUCIÓN MONÁRQUICA.

Es decir, se reúnen en el palacio de los espejos para un gran baile los curas, los milicos, los jueces, los académicos, los periodistas, los gobernantes para una vez más convenir en un burdo resquicio que envuelva la elusión de las normas internacionales sobre derechos humanos con un papel que diga reconciliación, justicia divina y misericordia.

Mención aparte para Clarita Szczaranski.

Como nuestro país carece de memoria y de prensa libre, la ex presidenta del consejo de defensa del estado Clara Szczaranski, usa su tribuna para elaborar un sofisma para autorizar el indulto de asesinos y violadores de los DDHH (La Segunda 20 de Julio de 2010), y al mismo tiempo, secar en la cárcel a los delincuentes comunes. Jamás había leído un manifiesto jurídico penal tan explícitamente clasista e irrespetuoso de la igualdad ante la ley; tampoco uno que se sirviera de argumentos tan sofisticados para concluir en forma diversa según si el delincuente es militar o no. Szczaranski dice que la prevención general es un mito, algo que todo penalista sabe, y que por ende no tiene sentido tener recluido a los violadores de los DDHH. Es decir, abusa del argumento de la criminología crítica abolicionista, pero, a reglón seguido, a sabiendas que ese argumentos fue construido por quienes decimos que es aberrante tener encarcelados a los delincuentes comunes, en especial a los responsables de delitos de bagatela, señala que estos últimos sí son peligrosos y por lo tanto se deben secar en la cárcel. Los violadores a los DDHH “no son un peligro para la sociedad, son un símbolo” nos dice, y añade “sólo son un peligro para sus víctimas y sobrevivientes.”

En nuestro país nunca se superó la sociedad tradicional representada por el cacicazgo de los encomenderos. Tampoco se superó jamás la dictadura. Los pocos condenados por delitos de lesa humanidad han sido un símbolo, o más bien, un chivo expiatorio. Se ha querido castigar a los ejecutores materiales de modo de eludir la responsabilidad de los intelectuales y políticos. Desde el comienzo se ha buscado el modo de auxiliar a estos “compañeros de armas en desgracia”, no se ha mezquinado ninguna herramienta legal ni ilegal para dicho cometido.

Ahora, que sólo unos cuantos están encarcelados, en condiciones escandinavas de privación de libertad, la iglesia católica chilena, una institución que hace bastante debiese haber sido declarada ilícita como fue el caso de colonia dignidad (por la ocultación de actos de pederastia, es decir, el mismo cargo en contra de la colonia) imposta una autoridad en la sociedad que no tiene para usar del poder que sí tiene en la clase dirigente y así torcerle la nariz a la verdad, a la justicia, a la ley y los DDHH.

Cuando era presidenta del consejo de defensa del estado, Szczaranski, luego de ser criticada constantemente por su negligente persecución a los delincuentes de cuello y corbata (empezando por las evasiones de impuestos de las grandes mineras) montó un show ¿recuerda? para expulsar a “Aerocontinente” de modo de asegurar el monopolio de Lan Chile en vuelos nacionales. Para cubrir su exceso de celo en ese caso, el que favorecía millonariamente a Sebastián Piñera, encarceló, también de modo espectacular, a un conocido delincuente, el Cabro Carrera ¿se acuerda?

Pues bien, a este sospechoso con muchos años a cuestas lo ingresó en una estrecha celda. El Cabro Carrera a las once de la noche le explicó a sus custodios que debía ser trasladado a un hospital. La orden de Szczaranski fue que se lo mantuviera en la celda. A las seis de la mañana del día siguiente el conocido delincuente fue conducido a la morgue luego de haber agonizado toda la noche al lado de sus custodios.

Hoy Szczaranski habla de “razones humanitarias”, obviamente para ella hay humanos más humanos que otros, o bien, humanos que pagan mejor que otros.

¿Razones humanitarias?

Todos sabemos quién fue el primero que utilizó ese argumento, y al único que se lo acogieron. Agusto Pinochet Ugarte fue quién exportó las “razones humanitarias” a su regreso de Inglaterra para eludir el juicio en su contra, montado en Chile para eludir la justicia europea.

La institución “razones humanitarias” es razonable dentro de una república pero absurda en una republiqueta, más aún en un estado confesional como el nuestro en que puede confundirse con cualquier capricho eclesiástico disfrazado de teológico.

Este 18 de septiembre conmemoramos el bicentenario de una vergonzosa declaración que renovó los votos de obediencia con el rey de España, que se creía cautivo. Doscientos años después seguimos remando río arriba del progreso, defendiendo obstinadamente un fundo grande, rotulado como país, una vulgar republiqueta bananera, sin bananas, y muchas parroquias.


Violencia y Control Blog

Ilustración de Fiestoforo «el desconsejo»

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