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ESTADOS UNIDOS - Más de 31 millones viven bajo el nivel de pobreza y 45 millones sin acceso a la salud (por Bolpress)

Viernes 4 de agosto de 2006, puesto en línea por Dial

2006/08/02 - Bolpress - Durante los días 15 y 16 de julio del 2006, a iniciativa de la red PPEHRC, que aglutina a alrededor de cien organizaciones de base y sociales lideradas por los más pobres de los Estados Unidos, se ha organizado y realizado en la ciudad de Cleveland, Ohio, una Comisión de la Verdad para visibilizar la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos de Norteamérica.

Esta Comisión de la Verdad, estuvo integrada por delegados nacionales representantes de una rica diversidad de organizaciones sociales, sindicales, civiles, de sectores eclesiásticos, de juristas y defensores de derechos humanos de los Estados Unidos, entre ellos Peter Weiss, Reverendo Andrew Clark, Noel Beasley, Reverendo Roger Gries, Christine Roschaert, Marian Kramer, Jerome Scott, la Hna. Margaret McKenna, Robert Brown, Natasha Morrison, Reverendo James White, Hermana Dorothy Pagosa y Reverendo Mylian Wade.

De igual modo, estuvo integrada por los siguientes delegados internacionales pertenecientes a instituciones, redes y organizaciones de alto perfil representativo en el mundo y el hemisferio: Dr. Arjun Sengupta (de India), Experto Independiente en Pobreza Extrema y Derechos Humanos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Yves Cabannes (de Francia), Coordinador del Grupo Consejero de la ONU sobre Desalojos Forzados; Hani Serag (de Egipto), Coordinador del Secretariado Internacional del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos; Nora de Cortiñas, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, de Argentina; Cesare Ottolini (de Italia), de Alianza Internacional de los Habitantes y Campaña Cero Desalojos; Luis Guillermo Pérez (de Colombia, actualmente asilado en Bélgica), Secretario General de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH; y Alexis Ponce (de Ecuador), en representación de la red continental especializada en derechos humanos, económicos, sociales y culturales, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Desarrollo y Democracia (PIDHDD).

La Comisión de la Verdad recibió documentación y escuchó decenas de testimonios emblemáticos, denunciados por mujeres y hombres pobres, blancos y negros, latinos y asiáticos, jóvenes y ancianos, veteranos de Irak y madres que han perdido sus hijos en esa guerra de ocupación, personas sin vivienda, víctimas del huracán Katrina, desempleados, migrantes contra quienes se levantan muros e implantan restricciones mientras se legitima su explotación laboral y humana en condiciones de neo-esclavitud, personas con algún tipo de limitación física, madres cuyos hijos les son arrebatados por el Estado debido a sus condiciones de pobreza, ciudadanos sin acceso a la salud, entre otros sectores de la sociedad estadounidense.

Esta Comisión de la Verdad, para organizar su trabajo, tuvo que responderse cuatro preguntas en seis bloques temáticos de derechos humanos, incluyendo los derechos a la alimentación, salud, agua, educación, vivienda, empleo, seguro social, salario justo, pensión jubilar, entre otros. Las cuatro interrogantes fueron las siguientes:

Si los testimonios recibidos pueden calificarse como violaciones a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, perpetradas en los Estados Unidos de Norteamérica; si es posible identificar a los responsables de dichas violaciones a los derechos humanos, entre actores gubernamentales, legislativos y judiciales, y actores del sector privado, especialmente mega-corporaciones y empresas estadounidenses transnacionales; si dichas violaciones podían ser prevenibles y si la Comisión podría entregar propuestas y resoluciones a los organizadores y denunciantes.

Las cifras de la pobreza

La Comisión de la Verdad recabó de los denunciantes las cifras oficiales que señalan la existencia de más de 31 millones de ciudadanos estadounidenses bajo el nivel de pobreza, y de alrededor de 45 millones de personas sin acceso a la salud, de un total aproximado de 280 millones de habitantes en su territorio nacional, por lo que se hizo indispensable preguntarse, ante el reconocido estereotipo que cita lo contrario: ¿Hay ciudadanos pobres y en situación de extrema pobreza en el país más próspero y rico de la Tierra? ¿Hay gente viviendo en la miseria en la superpotencia mundial, panacea del bienestar y del consumo, que hoy lidera un discurso unilateral de guerras preventivas y de sanciones a otras naciones por sus presuntos desapegos a la democracia y a los derechos humanos? Es más, cabría preguntarse: ¿Se cometen violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos?

La Comisión de la Verdad llegó a la conclusión general de que sí se violan los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en los Estados Unidos de Norteamérica; que se puede identificar al Gobierno federal, a las autoridades legislativas y judiciales, así como a las mega-empresas privadas, como las responsables de dichas violaciones; de que tales violaciones a los derechos humanos eran en la mayoría inmensa de casos, totalmente prevenibles, y que ante el alarmante cuadro de deterioro observado, era necesario configurar varias propuestas al auditorio.

En medio de la creciente preocupación de la opinión pública internacional por el claro menosprecio del Gobierno de los Estados Unidos a respetar las normas de convivencia internacional pacífica y a la soberanía de las naciones, que permitió equilibrios -aún de carácter formal- al mundo de la post-guerra; en medio de la pública y notoria voluntad del Gobierno de los Estados Unidos de no querer sujetar su actuación, como la mayoría de naciones así lo decidiera, a instrumentos que eviten la impunidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, como es el caso de la Corte Penal Internacional; en medio del surgimiento de denuncias de aberrantes abusos, del uso de la tortura y de sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de los EEUU contra cientos de detenidos de distintas nacionalidades en centros de concentración y confinamiento de Guantánamo o Ghirab; en medio de la pública denuncia del uso clandestino de aeropuertos de Europa para que los organismos de inteligencia de los EEUU promuevan ilegales operativos de secuestro, retención y traslado de prisioneros por todo el globo terráqueo; finalmente, en medio de la expedición de leyes internas como el Acta Patriótica, que limitan derechos individuales y políticos y legitiman la seguritización de la democracia en su propio territorio, es invisibilizada aún la situación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población pobre en los Estados Unidos de América.

En el Lincoln Park, ubicado en el centro de la ciudad Cleveland, donde se instaló esta Comisión de la Verdad en los EEUU, organizada bajo el esquema de las comisiones establecidas en Sudáfrica, El Salvador y otros países en décadas pasadas, que reportaron las responsabilidades sobre crímenes de lesa humanidad y flagrantes violaciones a los DDHH por parte de sus gobiernos, la Comisión adelanta que su Informe definitivo será entregado en las próximas semanas a las organizaciones convocantes de esta iniciativa, a los denunciantes, a la comunidad nacional en los Estados Unidos y a la Comunidad Internacional, comprometiéndose sus integrantes a acompañar al pueblo estadounidense y a los más pobres, para generar los cambios que demanda la situación observada.

Propuestas preliminares de la comisión de la verdad

El Estado de los EEUU debe brindar especial atención a las madres separadas o solteras, asegurar de que gocen de todos sus derechos para mantener y proteger a sus hijos y, revisar de manera inmediata tanto a nivel federal como de los estados miembros, todos aquellos procesos de separación de los hijos de sus madres que han violentado los derechos de unos y otros a gozar de su mutua compañía y de sus derechos fundamentales.

El Gobierno de los Estados Unidos debe garantizar la protección integral de todas aquellas personas que sufren de cualquier limitación física, asegurarles el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y además derechos inherentes al pleno desarrollo de su personalidad.

El Estado de los EEUU y de los Estados federados tienen la obligación de destinar los recursos necesarios de su presupuesto para asegurar el pleno respeto de los derechos sociales en su territorio.

El Estado de los EEUU y el Congreso de los Estados Unidos deben hacer lo necesario para ratificar cuanto antes el pacto de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, así como impulsar el protocolo facultativo. Así como los demás pactos o convenio que no ha ratificado, incluyendo los del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

El Congreso de los Estados Unidos debe implementar la legislación necesaria para que se garantice el goce integral de los derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, así como los derechos colectivos a un medio ambiente sano y a la paz).

La justicia norteamericana debe contribuir a consagrar la justiciabilidad frente a violaciones de derechos sociales, económicos y culturales, así como de los derechos colectivos relacionando el derecho a la vida a los demás derechos que la hacen viable: el derecho a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a un medio ambiente sano, a la paz, etc. para ponerle fin de manera inmediata a la violación de estos derechos.

El Congreso de los EEUU debe introducir recursos de ampara para que cualquier persona o comunidad amenazada en sus derechos humanos pueda tener protección inmediata de la justicia para prevenir la violación de sus derechos o para restablecerle sus derechos cuando han sido violados.

El Estado de los Estados Unidos debe reconocer plenamente los derechos de todos los inmigrantes en su territorio sin discriminación ninguna, reconociendo igualmente el derecho de asilo a toda persona que lo requiera.

El Estado de los EEUU debe reparar integralmente a todas las víctimas del Huracán Katrina, garantizarles el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la salud, al trabajo. El Gobierno de los EEUU debe disponer de los recursos necesarios para prevenir y atender de manera adecuada los desastres naturales y las eventuales víctimas que estos producen.

El Estado de los EEUU debe respetar la Carta de la ONU, abstenerse de agredir ilegal e ilegítimamente a otros pueblos, disminuir su presupuesto militar y el que consagra para la guerra, y en consecuencia incrementar significativamente el presupuesto destinado a realizar los derechos sociales, económicos y culturales, así como colectivos de todos los habitantes de su territorio.


En representación de la Comisión de la Verdad en los EEUU, el presente documento fue leído y presentado al auditorio por:

Alexis Ponce (PIDHDD) y Luis Guillermo Pérez Casas (FIDH).

http://www.bolpress.com/internacional.php?Cod=2006080206

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