ARGENTINA - 16 de diciembre de 1993: el Santiagueñazo. Acontecer y porvenir de una rebelión

1. Introducción a la historia política de Santiago del Estero

Santiago del Estero es una provincia ubicada en el Noroeste argentino, la región menos desarrollada del país, con poca riqueza y diversificación, y con poco trabajo, la Provincia de Santiago del Estero es altamente dependiente de los recursos estatales. El Estado es la principal fuente de empleo. A su vez, el gobierno provincial depende en gran medida de los recursos que consigue del gobierno nacional, pues sus recursos propios son muy escasos.

La provincia fue objeto de una intervención federal en 2004 [1], la cual puso fin al dominio de “los Juárez”. Hasta entonces, era frecuente que cualquier conversación sobre política en Santiago girara en torno a los asuntos del matrimonio Juárez, en especial, con comentarios sobre el trato implacable de ambos hacia los enemigos políticos. Carlos Juárez ascendió a Gobernador en 1949 con el apoyo del Presidente Perón y de Evita, es decir tuvo un rol protagónico en los orígenes de peronismo a nivel provincial. La segunda vez que Juárez fue electo en ese cargo fue en las elecciones de 1973. Cabe aclarar que entre el derrocamiento de Perón en 1955 y las elecciones de 1973 el peronismo había sido ilegalizado como partido político en el país. Juárez fue derrocado por el golpe militar en 1976 y pasó la dictadura en el exilio junto con su esposa. Volvió para competir en las elecciones de 1983 como candidato por el peronismo y, por tercera vez, resultó electo Gobernador.

En el período democrático 1983-2004 el juarismo, en términos de las categorías weberiana, se constituye como una forma de dominación que combina una legitimidad electoral y popular y con elementos patrimonialistas [2]. Los santiagueños atribuían a “los Juárez” un poder sin límites y continuo que remitía a un pasado histórico que se vuelve perpetuo por acción de esa idea sobre el poder. Llamó nuestra atención el uso en el lenguaje ordinario de las fórmulas: “Juárez gobierna desde hace 50 años; directa o indirectamente”; “siempre fue el dueño del poder en Santiago del Estero”. Esta noción hace abstracción de períodos en los que hubo importantes golpes militares, ilegalización del peronismo y, en el período democrático abierto en 1983, de las derrotas electorales sufridas. Así, en 1987 Juárez no contaba constitucionalmente con la posibilidad de la reelección y promovió como candidato oficialista a su hombre de confianza, César Iturre, pero ello no impidió una pelea entre ambos ni que Juárez perdiera en las elecciones de 1991 frente a otro candidato peronista, esta vez el favorito del gobernador saliente, Carlos Mujica.

A fines de 1993 Santiago del Estero se encontraba en una crisis muy grave: el Estado provincial no había podido pagar los salarios de los empleados públicos desde hacía tres meses. En ese momento, la provincia necesitaba imperiosamente de fondos nacionales extraordinarios. El Ministerio de Economía de la Nación llevada adelante una política de ajuste fiscal en las administraciones públicas provinciales, la cual incluía medidas de presión muy fuertes. En el caso de Santiago del Estero, tales medidas no se detuvieron al borde del estallido social [3].

En los días previos al estallido del 16 de diciembre se venían sucediendo día a día, desde hacía por lo menos un mes, huelgas y movilizaciones callejeras en reclamo del pago de los salarios adeudados en la administración pública. Estas eran cada vez más frecuentes, más numerosas y también más audaces, en el sentido de que se fueron incorporando tomas de edificios, quema de gomas, enfrentamientos con la Policía. A pesar de que se puede apreciar una clara escalada en la virulencia de las manifestaciones, no se registraron incidentes de violencia significativa. Con respecto a la dinámica de estas movilizaciones, podemos marcar que los manifestantes se agrupaban en función de instancias gremiales referidas a sus respectivos lugares en la estructura del aparato administrativo del Estado y que se producían encuentros no programados de forma centralizada en sitios públicos como la Casa de Gobierno, la Legislatura o reparticiones públicas como el Consejo Provincial de Educación, el Banco de la Provincia, etc. Sin embargo, estos encuentros formaban parte de la dinámica instalada a partir de la repetición y los rituales que se iban generando por vivir cotidianamente la misma situación.

2. El 16 de diciembre de 1993

La concentración comenzó en las primeras horas de la mañana en la Plaza San Martín, situada al frente de la Casa de Gobierno. Arribaron allí, como todos los días previos, diferentes columnas de manifestantes correspondientes a gremios y lugares de trabajo con distinto grado de agregación y organización. Detrás de esta convergencia, puede afirmarse que no existió una convocatoria general por parte de alguna entidad organizadora, es decir, no se contó con una instancia general de coordinación de todos los grupos de manifestantes. Es necesario aclarar que es innegable la presencia en la protesta de los gremios estatales y la red de gremios que se había plasmado a partir del prolongado conflicto por el atraso salarial en la administración pública; el reclamo de los empleados estatales contó con una instancia de articulación sindical. Por eso, no es que hayan faltado los gremios en un conflicto que los implicaba directa y naturalmente; lo que se quiere destacar estrictamente es la ausencia de alguna entidad o grupo claramente identificado que haya convocado a la manifestación explícita que dio origen al Santiagueñazo en nombre de todos los sectores participantes y bajo una consigna común.

Según un informe elaborado por la Jefatura de Policía de la provincia, “más de 5.000 personas concurrieron a la Casa de Gobierno”, donde nació la manifestación de empleados públicos que dio origen al Santiagueñazo (El Liberal 18.12.1993:16).

En 1993, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el área urbana Santiago del Estero-La Banda tenía 305.000 habitantes, de los cuales 89.000 estaban ocupados. Del total de ocupados, el 26 %, es decir 23.140 personas, eran empleados públicos (incluyendo los empleados provinciales, nacionales y municipales). Los empleados públicos provinciales (incluyendo los empleados administrativos del gobierno, más los docentes y los trabajadores del sector salud) eran alrededor de 17.900 personas. Por tanto, los 5.000 manifestantes reunidos frente a la Casa de Gobierno representaban aproximadamente un tercio del total de empleados públicos residentes en la ciudad capital y La Banda, lo cual, teniendo en cuenta que la reunión se produjo en las primeras horas del día y la ausencia de una convocatoria general y precisa, implicaba una participación notable.

La manifestación del día 16 tuvo un bajo grado de planificación, esto es, los participantes no seguían un plan de acción previamente coordinado y la multitud no obedecía a líderes consolidados. No podríamos sostener, sin embargo, que en la multitud estaba ausente cualquier principio de organización, jerarquía o autoridad, pues su capacidad de acción colectiva fue notable. Entonces, la pregunta clave es cómo fue posible que los manifestantes hayan llevado a cabo el asalto, saqueo y quema de las sedes de los tres poderes constitucionales y de catorce casas particulares de dirigentes políticos (además de varios intentos o daños menores), todo en un mismo día y con una dinámica específica. La violencia fue administrada de manera selectiva, no fue en absoluto indiscriminada. En circunstancias de ausencia de control policial y ante la crisis de la autoridad gubernamental, o sea, en “tierra de nadie” (como dicen los santiagueños para representar lo vivido el día del estallido), hubieran sido esperables manifestaciones fragmentadas de violencia, con objetivos más privados que colectivos. En otras palabras, hubiera sido previsible la primacía de deseos e intereses particulares y la emergencia de odios y rivalidades de orden más privado que colectivo. En este caso, los objetivos hubieran obedecido a una dinámica general caótica y dispersa, lo cual no es el caso. No se registraron ese día delitos de envergadura contra la propiedad o la persona que no encajase en la categoría de político públicamente reconocido por los cargos desempeñados en su trayectoria, ni contra otros edificios fuera de las tres sedes gubernamentales. Estos, sin duda, hubieran sido perfectamente posibles desde un punto de vista externo: la ausencia de control policial, pero quizá no lo fueron desde un punto de vista interno o moral. Al mediodía se registraron ataques y saqueos a comercios en el centro de la ciudad, pero los manifestantes no se concentraron en este tipo de objetivo. En general, los comerciantes defendieron sus negocios ayudados por vecinos y no fueron significativos.

Después de incendiada la Casa de Gobierno, pasado el mediodía, la manifestación original se desplazó y dispersó hacia otros objetivos. Hemos tenido dificultades para reconstruir con exactitud el itinerario seguido y la dinámica de los desplazamientos de los manifestantes, pues los relatos relevados en la prensa y las entrevistas no siempre son homogéneos. Si bien conocemos los edificios públicos y los domicilios particulares atacados, no tenemos seguridad sobre el orden del recorrido y sobre la dinámica de agrupamientos y desprendimientos de las columnas de manifestantes, ya que no sería correcto suponer que se trataba de un único contingente que se desplazaba de un lado al otro, a pesar de que así aparezca implícito en los relatos. Las crónicas periodísticas se refieren a sucesivos “desprendimientos” de manifestantes, pero tanto en éstas como en los relatos de los entrevistados se presupone la unidad de la manifestación señalando el orden de los sitios “visitados”.

Después de la Casa de Gobierno, los manifestantes se dirigieron a los Tribunales y la Legislatura. Parece más posible que primero hayan ido a Tribunales porque queda muy cerca de la Casa de Gobierno, pero este orden no nos consta, ya que se han recogido versiones encontradas. Otra posibilidad es que se hayan conformado distintos grupos y los ataques a estos edificios puedan haber sido simultáneos. Un entrevistado estuvo en los dos sitios; según él, primero en Tribunales y después en la Legislatura. En el video Santiago en Llamas también se presupone que se trató de una misma manifestación y primero es Tribunales y después la Legislatura [4]. En definitiva, no importa tanto este dato. Según El Liberal (17.12.1993:5):

“Luego de que los manifestantes tomaran e incendiaran la Casa de Gobierno, un nutrido grupo se desconcentró del lugar y avanzó por el casco céntrico hasta llegar a la Legislatura donde ingresaron y en forma indiscriminada destruyeron todo lo que se encontraba a su paso. Desde las ventanas arrojaron muebles, máquinas de escribir, ventiladores y todo tipo de artefactos, inclusive las bancas de muchos legisladores, para luego quemarlos en la puerta del recinto deliberativo que ya ardía en su interior. Posteriormente, la horda enardecida se dirigió por calle Avellaneda y tomó por Independencia, con la firme decisión de quemar la casa del gobernador de la provincia, Fernando Martín Lobo.”

En las primeras horas de la tarde, el recorrido por los domicilios particulares que fueron destruidos fue el siguiente:

• Miguel Brevetta Rodríguez, ex vocero del ex gobernador Carlos Mujica.

• Antonio López Casanegra, ex ministro de Obras Públicas de la Provincia.
• Hugo Crámaro, ex diputado nacional y presidente del Consejo Provincial de Vialidad, cuñado del ex gobernador César Iturre.
• Roberto Díaz, Secretario General de la Agremiación de Educadores Santiagueños y Afines (AESyA).
• Gustavo Adolfo Gauna, ex diputado provincial del PJ.
• Miguel Angel Granda, ex diputado provincial del PJ.
• César Iturre, ex gobernador.
• Carlos Juárez, ex gobernador y senador nacional en ejercicio.
• Darío Moreno, miembro del Superior Tribunal de Justicia. En 1995 será electo vicegobernador en la fórmula con Carlos Juárez.
• Carlos Mujica, ex gobernador.
• Nilda Riachi, diputada provincial del PJ.
• Carlos Unzaga, ex diputado provincial del PJ (vecino de Juárez).

Fueron también destruidos el estudio, contiguo a la vivienda, y la finca de Carlos Juárez, y la empresa Matelson, propiedad de Iturre. Esta última fue atacada en las primeras horas de la noche y, por efecto de la intervención policial, no se avanzó más allá de la destrucción de mobiliario. Por lo tanto, los ataques a los inmuebles saqueados y destruidos total y casi totalmente fueron catorce. Asimismo, hubo varios intentos. El primero fue en el domicilio del Gobernador en ejercicio Fernando Lobo:

“Pedradas y todo tipo de objetos contundentes fueron arrojados contra el referido inmueble y en momentos en que quienes estaban al frente del grupo de revoltosos logró derribar la puerta e ingresar a la vivienda, se hizo presente un grupo de efectivos de infantería lo que generó corridas en todas direcciones” (El Liberal 17.12.1993:5).

Otro intento renombrado fue el de la casa de José Zavalía, repelido usando armas de fuego por él en persona y colaboradores suyos. También se realizó un intento en la vivienda de Eduardo Abalovich, presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR, el cual fue impedido por intervención policial. Corrió la misma suerte Américo Moya, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, con el cual los intentos contabilizan cuatro.

Al día siguiente se registraron ataques en la lindera ciudad de La Banda. Fueron saqueados e incendiados totalmente los domicilios del ex concejal Manuel Camacho y del ex diputado provincial Manuel Bellido, ambos del Partido Justicialista. Hubo otros intentos, pero ya se contaba con la acción represiva de la Gendarmería.

En cuanto a la cantidad de manifestantes que participaron en los saqueos, cuando El Liberal precisa la cantidad de manifestantes que atacaron alguno de los domicilios en particular indica desde 150 hasta 250, pero siempre transmitiendo la sensación de que eran muchos. Como ejemplos, valen las siguientes citas (El Liberal 17.12.1993:7).

“Las casas particulares del ex gobernador Carlos Mujica, el senador nacional Carlos Juárez y los diputados nacionales César Iturre y Hugo Crámaro, fueron saqueadas y totalmente incendiadas por una gran cantidad de exaltados manifestantes, quienes hicieron lo propio con muchos funcionarios y ex diputados, sindicándolos como los ‘principales responsables’ de la situación que vive la provincia.”

(En la casa de Antonio López Casanegra) “Muchas personas —entre ellas mujeres, jóvenes y hasta niños de distintas condiciones- acarreando, empujando y cargando todo tipo de artículos del hogar, electrodomésticos, muebles, ropa de cama y blanco, indumentaria, calzado, puertas, ventanas y enceres de toda clase.”

Está claro que la manifestación original de 5.000 personas se ramificó y cabe presuponer que el número se redujo al entrar en la dinámica de los saqueos, los cuales duraron toda la jornada, pero las fuentes no aportan mayores precisiones.

Más allá del número, no hay dudas de que la participación fue alta y heterogénea en cuanto a la inscripción de los participantes en categorías sociológicas y hubo diversas formas de participar. Así se lo transmitió en la prensa:

“Hubo prácticamente toda una ciudad sumada a este ajusticiamiento, porque el que no cargaba en sus hombros con alguna pertenencia de los políticos o funcionarios; o no arrojaba un fósforo encendido sobre lujosos cortinados, festejaba la acción de los manifestantes, los apoyaba; los apañaba y hasta salía en defensa cuando los policías llegaban al lugar —tarde, casi simbólicamente-, trataban de quitar alguna que otra prenda o utensillo que se llevaban las mujeres o los menores. Y fue la misma reacción en todos los domicilios saqueados” (Suplemento El Liberal sobre el santiagueño:18).

“Muchas personas se llevaron parte del vestuario del matrimonio Juárez, y algunos se burlaban luciendo caros vestidos o elegantes trajes, ante el aplauso y la aprobación generalizada de cientos de espectadores” (El Liberal: 17.12.1993:3).

“Inmediatamente los manifestantes se dirigieron a los domicilios particulares de los personajes políticos más cuestionados, quemando sus viviendas y saqueando sus pertenencias. (Enumeración de los domicilios), en ese orden, fueron los principales blancos de la furia de los más exacerbados y el festejo de miles de personas que observaban” (Fano 1993:6).

Fue la primera protesta que, en la década del 90 en Argentina, impugnó —por corruptos— a los representantes políticos en bloque y presentó un impactante nivel de violencia y espontaneidad en la acción directa [5].

Los blancos de la violencia en el Santiagueñazo dejan clara la dirección política de la acción popular. Prácticamente no hubo ataques a comercios ni otro tipo de blancos no políticos. Una única metodología era aplicada a cada blanco de la violencia, fueran edificios públicos o inmuebles privados; es decir, se seguía una especie de protocolo: se hacía una hoguera afuera del inmueble que los saqueadores alimentaban con sillas, sillones, etc. mientras se desarrollaba el saqueo al menudeo. La ausencia de represión policial no fue la oportunidad para venganzas privadas.

La multitud no hizo distinción entre partidos políticos ni entre funcionarios y ex funcionarios. La multitud suprimió así las diferencias en el campo de la política. [6] El colectivo de la protesta albergó momentáneamente una amplia diversidad y se dio una división de roles definidos en plena acción. Quienes rompieron las puertas fueron generalmente jóvenes de clase baja, audaces anónimos. Ellos liberaban la entrada para todos los demás.

3. Clima de bronca y fiesta

La atmósfera de la revuelta fue principalmente de bronca, pero también hubo componentes festivos. Esto puede apreciarse en el video Santiago en Llamas, en los relatos de los protagonistas y en las crónicas periodísticas. Por dar algunos ejemplos, un titular de El Liberal del día siguiente fue: “La gente festejó el robo a las casas de los políticos” y en el texto se señaló:

“La euforia y la aprobación se hicieron evidentes en los aplausos, gritos y silbidos de las personas que se acercaron al domicilio de César Iturre y Carlos Juárez, cuando los saqueadores sustraían de las viviendas todo tipo de elementos. La actitud obedecía a un obvio estado generalizado de satisfacción al ver ejecutarse ‘un poco de justicia por cuenta propia. En autos, bicicletas y especialmente en motos y ciclomotores, santiagueños de condición humilde o profesionales bien posicionados, se detenían a observar las escenas como si se tratara de un esperado espectáculo (p. 10).”

Asimismo, el columnista Rafael Fano escribió en ese mismo periódico (p. 6):

“Inmediatamente los manifestantes se dirigieron a los domicilios particulares de los personajes políticos más cuestionados, quemando sus viviendas y saqueando sus pertenencias… (enumeración), fueron los principales blancos de la furia de los más exacerbados y el festejo de miles de personas que observaban. Es trágico afirmarlo, pero toda una comunidad sintió satisfacción mientras humeaban las casas de los principales protagonistas de la decadencia santiagueña.”

Y en otro sitio (p. 3) se reconocía que:

“Tal vez pueda parecer un contrasentido, teniendo en cuenta el grave momento por el que atravesaba la ciudad, el hecho de que las personas que observaban la acción de los manifestantes festejan y premian con el aplauso el paso de estos con su ‘botín’, esgrimiendo un estado que rayaba con la felicidad.”

Durante el saqueo de la vivienda del caudillo máximo algunos se vistieron con la ropa de su esposa y de esta manera conseguían el aplauso y la risa de la multitud.

“Muchas personas se llevaron parte del vestuario del matrimonio Juárez, y algunos se burlaban luciendo caros vestidos o elegantes trajes, ante el aplauso y la aprobación generalizada de los cientos de espectadores” (El Liberal 17.12.93: 3).

De igual manera, los manifestantes exhibían burlonamente pertenencias íntimas de sus jefes. Esto nos indica que la gente había perdido el miedo y se había sumergido en una experiencia de liberación temporaria del poder. La pregunta clave es, entonces, cuándo se pierde el miedo. Es verdad que la Policía había desaparecido de la escena y que no había frenos inmediatos, es decir, pocas veces alguien se interpuso en la marcha de los manifestantes. De manera que la sensación repentina de poder colectivo tiene que haber fomentado conductas audaces. Pero la falta de frenos inmediatos no es suficiente para comprender cómo un vecino puede permitirse saquear la casa del poderoso del barrio, cuando es seguro que va a tener que confrontarse cara a cara con él en algún momento posterior al hecho.

4.Ausencia de represión y enfrentamientos

A pesar de los componentes violentos de la revuelta, hubo un bajo nivel de enfrentamiento directo. Inicialmente, frente a la Casa de Gobierno hubo un enfrentamiento con la Policía, que reprimió a los manifestantes con gases lacrimógenos, balas de goma y con algunas balas verdaderas también, ya que se registraron dos heridos con balas de plomo entre los manifestantes. Sin embargo, el cordón policial que protegía la Casa de Gobierno, en un acto notorio, se retiró del escenario, dejando libre el camino hacia la misma. En el video Santiago en Llamas puede apreciarse con claridad el momento en el cual la Policía se retira de la explanada de la Casa de Gobierno. Lo hace de forma ordenada, como ejecutando una decisión orgánica e inequívocamente transmitida. El interrogante sobre cuál fue el origen de la decisión de la retirada no posee una respuesta única, sino que son posibles varias y puede sintetizarse en los dos grupos siguientes.

• Fue una decisión autónoma del cuerpo policial fundada en diversas razones: a) el atraso salarial también abarcada a los agentes, por lo cual existía un estado de descontento y conflicto en la institución policía, así en el punto crítico del pasaje a la represión se sumaron a la protesta; b) el costo de continuar con la represión hacía imprudente otra opción, por lo cual la retirada fue racional desde el punto de vista técnico-profesional; c) no se contaba con el equipamiento necesario para una acción represiva de la magnitud requerida por la situación.

• La Policía obedeció una decisión política con diverso grado de institucionalidad, la puede haberse originado en: a) las altas esferas del gobierno nacional, interesado en promover el desorden para facilitar la intervención federal y desmejorar la posición del radicalismo provincial; b) los potenciales interventores, interesados en agilizar la medida de intervención; c) los sectores del peronismo provincial interesados en la intervención para perjudicar las posiciones electorales de Zavalía en el caso de que el vicegobernador, a cargo del gobierno luego de la renuncia del gobernador Mujica, convocase a elección.

No contamos con pruebas a favor de alguna de estas respuestas ni hemos realizado una investigación sobre la Policía de Santiago del Estero como un actor aparte, con sus vinculaciones institucionales y políticas, de manera de contar con un fundamento propio a favor de alguna de las posiciones definidas. En cambio, nuestro análisis nos permite iluminar componentes de la situación que han jugado a favor del abandono de la escena por parte de la Policía. En primer lugar, la crisis general de la autoridad política provincial, de la cual formaban parte tanto las incapacidades del Estado provincial como la gran deslegitimación del gobierno y de la dirigencia política provinciales. Dicha crisis afectaba la integridad del Estado en su capacidad para controlar la estructura burocrática y éste estaba, al mismo tiempo, desmembrado políticamente a raíz de la inestabilidad de los últimos gobiernos y del proceso de fragmentación del poder político. Dado este panorama, no sería razonable presuponer que el accionar de la Policía respondía a una cadena jerárquica e institucionalizada de la toma de decisión en cuyo vértice se ubicaba la autoridad política estatal, esto es, alojada fuera del ámbito corporativo de la Policía. O sea, la autoridad estatal no solamente estaba destruida en sus capacidades prácticas y su integridad institucional, sino también en la legitimidad de los gobernantes. Si la Policía hubiera procurado controlar a los manifestantes hasta las últimas consecuencias, con un presumible alto costo represivo, ¿quién se hubiese hecho responsable? ¿Podía la Policía sostener por la fuerza a una autoridad política totalmente socavada en su poder de mando y su legitimidad?

En segundo lugar, el nivel de generalización de las consecuencias de la falta de pago de los salarios de los empleados estatales predispuso un vínculo directo hacia los manifestantes por parte de la Policía. Era alta la probabilidad de que un policía estuviese personalmente relacionado en su vida cotidiana con manifestantes. Un entrevistado nos contó que en las protestas de los días anteriores un policía detectó a su madre entre un grupo de manifestantes que estaba siendo reprimido, dejó su arma a un compañero y corrió a protegerla. También, en el video Santiago en Llamas se aprecian aplausos y abrazos de los manifestantes para con los policías, algunos con el rostro sonriente, cuando se iban retirando del frente de la Casa de Gobierno.

Dados ambos componentes, la crisis del Estado provincial y los alcances del conflicto salarial, resulta perfectamente concebible que la Policía haya actuado por criterios autónomos de preservación corporativa. La tesis conspirativa, en cambio, es más difícil de defender: ¿quién podría haber ordenado a la Policía dejar pasar a los manifestantes hacia la Casa de Gobierno?, ¿quién podría haber hecho semejante cara apuesta con un medio tan incierto como la expresión de la indignación popular?

Los manifestantes, luego de asaltar, tomar y quemar la Casa de Gobierno sin resistencia policial ni de ningún tipo, emprendieron el recorrido que duró prácticamente todo el día. En general, tanto los Tribunales y la Legislatura como los domicilios particulares fueron atacados sin resistencia policial, pero tampoco por parte de sus moradores ni de sus amigos o seguidores. De todos modos hubo excepciones en algunos casos en los cuales policías impidieron el ingreso a ciertos domicilios (de Lobo y Abalovich, por ejemplo) o realizaron detenciones, pero esta no fue la regla general. Uno de los titulares de El Liberal del 17 de diciembre fue “Ciudad desprotegida. Fue casi nula la acción policial”.

Salvo el caso de José Zavalía y algunos otros políticos que decidieron defender sus bienes con fuerzas propias, los manifestantes no tuvieron que vencer obstáculos para ingresar en las viviendas, saquearlas e incendiarlas. Cuando hubo resistencia, los manifestantes optaron por dirigirse a otro objetivo o su superioridad hizo que los moradores abandonaran sus viviendas luego de intentar interponerse. Por lo general los políticos no estuvieron en sus casas. Díaz y su esposa habían huido instantes previos al hecho en un automóvil portando sólo un maletín. Granda intentó defender su propiedad pero tuvo que resignarse. También

(López Casanegra) “al principio intentó defender su propiedad, pero desistió al comprobar lo contraproducente que resultaba su actitud, por lo cual de inmediato abandonó el lugar custodiado por efectivos policiales (El Liberal, 17.12.93, pág. 2).

Entonces, excepto en los pocos casos señalados, no se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y otro grupo. Recurrentemente, los entrevistados condensan lo vivido en la expresión “era tierra de nadie”. A su vez, ningún grupo socialmente relevante se hizo cargo de condenar rotundamente los hechos, lo cual está íntimamente vinculado con la ausencia de un esfuerzo posterior por identificar a los responsables, nuestro próximo punto. Asimismo, la ausencia de enfrentamientos se refleja en la baja cantidad de heridos registrada. El juez Lugones, a cargo de la causa, informó que hasta el viernes 17 se registraron siete heridos que fueron atendidos en distintos hospitales, un policía (herido con balas de goma) y un bombero (con diagnóstico por intoxicación con gases, heridas superficiales o traumatismos), ninguno de los cuales revestía gravedad (El Liberal 18 diciembre de 1993:15). También hubo, por lo menos, un herido con balas verdaderas, según quedó registrado en imágenes del video ya mencionado.

5. Agencia indiferenciada

Los edificios públicos más importantes y los domicilios de las personalidades más encumbradas de la política santiagueña fueron destruidos sin que estos actos hayan sido imputados a personas identificables. En primer lugar, no se llevó a cabo un proceso judicial para determinar a los responsables de acciones claramente catalogables como delitos. La policía realizó detenciones durante las jornadas del 16 y 17, pero los presos fueron liberados casi inmediatamente. El 17 fueron liberadas 88 personas que se encontraban detenidas desde el jueves 16, según la lista que publica El Liberal del 18 de diciembre (p. 11). El juez Lugones informó en conferencia de prensa del 17:

“Se detuvo a 144 personas, de las cuales 7 son mujeres y 49 menores de entre 12 y 17 años, y 88 varones de 18 a 40 años aproximadamente. Las mujeres y los niños fueron liberados anoche, mientras que los varones se encuentran detenidos, incomunicados, a disposición de la Justicia (…) Los mismos son acusados de supuestos delitos de robo simple y calificado, daño simple, calificado e intencional (…) Fueron capturados mientras retiraban elementos de los edificios oficiales y domicilios particulares saqueados e incendiados ayer (…) El 90 % son habitantes de los barrios periféricos” (El Liberal 18.12.1993: 15).

El juez identificó a los detenidos como habitantes de los barrios periféricos, pero no podemos presumir que los detenidos eran representativos del conjunto de los manifestantes.

En segundo lugar, no hemos podido constatar que haya habido manifiestos actos de venganza. Esta posibilidad fue sistemáticamente indagada en las entrevistas, sin que haya sido mencionado un hecho concreto o públicamente reconocido. Quienes se quedaron en posesión de los bienes saqueados —imagínese un volumen muy significativo- tampoco fueron objeto de notorias persecuciones. Si bien se menciona frecuentemente que la Policía emprendió una búsqueda y estudiaba las filmaciones para identificar a los participantes, no se hace referencia a casos concreto, ni siquiera valiéndose de comentarios de terceros. No obstante, los realizadores del video Santiago en Llamas nos contaron que lo editaron a escondidas para proteger a los participantes y que han ido policías a su negocio para comprar el video y que no se lo han vendido por la misma razón. Asimismo, un ex comisario menciona en una entrevista tomada por Javier Auyero que se le fue ordenado recuperar los bienes y que, dado que encontró algunos en manos de personas vinculadas con el poder político, le costó su cargo policial. [7]

6. El Santiagueñazo no existió

En el Santiagueñazo aparece un contraste entre, por un lado, una acción colectiva contundente y violenta y, por otro lado, sus evanescentes y dudosos efectos. La fuerza de la acción parece disolverse en la insignificancia del hecho. Ha llamado nuestra atención una enunciación con respecto al Santiagueñazo en boca de los santiagueños: “no existió”. Lo dicen afirmando que el acontecimiento no fue tal porque en realidad no produjo cambio.

Esta impugnación por irrelevante de nuestro objeto de estudio ilumina una parte oscura de una cuestión teórica general vinculada con las insurrecciones populares y los levantamientos políticos. Por lo general, toman dignidad de objetos de investigación los hechos que en alguna medida cambiaron el rumbo de la historia. Al contrario, el atractivo teórico del Santiagueñazo es que aparentemente no cambió nada.

En particular, cabe comentar el uso de la enunciación “no existió” por parte de un historiador local: miembro de la Academia Nacional de Historia, autor de los trabajos más completos sobre historia de Santiago del Estero. El me hizo un cuestionamiento que siempre me resultó enigmático y me ha motivado a reflexionar: si el Santiagueñazo “no existió”, cómo puede ser el tema de tu investigación.

La precariedad del existir de este acontecimiento parece ser intrínseca a la categoría de acción colectiva con la cual fue nombrado en los medios de comunicación y el discurso político: estallido social. Hay presupuestos en esta categoría: básicamente, lleva implícita que no hay acciones, ni actores, que es un acontecimiento del orden de la reacción o la explosión violenta.

Una de las primeras lecturas que me impactó en relación con la investigación del Santiagueñazo es “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII” [8]. Con este texto aprendí los pecados de lo que este autor llama la “visión espasmódica” de la acción de las clases populares. Hace una crítica a los historiadores que generalmente habían entendido los motines de subsistencia como una reacción frente al aumento del precio del pan. La demostración que daban esos historiadores era la correlación entre las dos series históricas: cuando subía el precio de pan había motines: acciones espontáneas ante un límite físico: el hambre. Me impactó mucho el artículo de Thompson porque en los motines de subsistencia el actor se armaba y se desarmaba en acción, aparecía y desaparecía repentinamente del espacio público.

En realidad, esta forma acción popular fugaz se emparenta con estallido social en la medida que ambas son un obstáculo para la búsqueda de un actor social convencional. Los estudios remarcan en general los rasgos de dispersión, heterogeneidad, desarticulación y otros similares. Las investigaciones se reparten entre los que abordan fenómenos que pueden ser atrapados en términos de movimientos sociales y aquellos que no alcanzan a constituirse en movimientos sociales. El Santiagueñazo no fue un movimiento social y no parece haber dejado ni rastros en este sentido. En el fondo subyace el mismo problema teórico: el hiato que puede existir entre, por un lado, la acción y, por otro lado, el acontecimiento cuyo significado se vuelve el objeto de una interpretación en función de la historia. Se trata de la significación atribuida a un acontecimiento histórico. Tocqueville se interesa por la continuidad entre el Antiguo Régimen y la Revolución Francesa, por el proceso. Otros historiadores se interesan por la discontinuidad política y cultural que provocó la toma de la Bastilla. Es inevitable la contaminación del pasado por el devenir que ocurre cuando se aborda la significación histórica de un acontecimiento.

El razonamiento que se repite en las entrevistas, tomadas en su mayor parte en 1999, o sea siete años después del estallido, en el terreno de la memoria y el olvido, es el siguiente: no es verdad que el “pueblo” quiso atacar a la clase política porque luego el “pueblo” votó a los “quemados”. Hubo restauración del orden político, lo cual no se condice con una rebelión.

Hay controversias entabladas en torno a cuestiones elementales relativas a los hechos, sin cuyo abordaje ni siquiera podemos referirnos a lo acontecido el 16 de diciembre de 1993 en la ciudad de Santiago del Estero. Qué ocurrió, quiénes fueron los protagonistas y, por último, por qué pasó son cuestiones sujetas a una disputa discursiva por parte de los actores involucrados en el asunto. Como sostiene Hannah Arendt:

“Las historias, resultados de la acción y el discurso, revelan un agente, pero este agente no es autor o productor. Alguien la comenzó y es su protagonista en el doble sentido de la palabra, o sea, su actor y paciente, pero nadie es su autor.” [9]

Vale decir, con ella, que nadie es el dueño del sentido o del significado de su acción cuando ésta pasa a formar parte de la historia.

7. Relatos del Santiagueñazo

La construcción de una narración invierte el efecto de contingencia, en el sentido de que lo que se cuenta hubiera podido suceder de otro modo o no suceder en absoluto, generando un efecto de necesidad en el enlace de los acontecimientos que componen la trama. Lo inesperado y lo sorprendente se convierten en parte integrante de la historia contada cuando son comprendidos a posteriori, una vez transfigurados por la necesidad narrativa [10]. Así, todos los relatos recogidos presentan un esfuerzo por sostener coherencia interna y verosimilitud en la visión narrada de lo sucedido el 16 de diciembre. Junto con una descripción de los acontecimientos ofrecen explícita o implícitamente una explicación de los mismos. En este sentido, existen sobre el Santiagueñazo varias “teorías” que dan cuenta de los factores que llevaron al estallido, las cuales a veces están imbuidas de auténticos elementos de teorías sociológicas.

Clasificamos los relatos de la protesta recabados en “teorías” que he denominado del siguiente modo:

• una mano oculta;
• el imperio de la necesidad;
• la ira y la purificación;
• la rebelión popular.

En general, cada uno de los relatos recopilados no es reducible a los términos de una “teoría” única y no sería acertado forzar a la coherencia su contenido para alejarlo de ambivalencias y fallidos. Sin embargo, la clasificación, contemplando la unidad de cada relato (no necesariamente sobre la base de su coherencia lógica), refleja bien la diversidad de los puntos de vistas hallados respetando especialmente los lenguajes utilizados. Se aportan algunas citas de fragmentos de entrevistas, artículos periodísticos o académicos para ilustrar los puntos de vista sobre el Santiagueñazo. En ningún caso debe considerarse que estas citas representan completamente la visión que ilustran, ni debe vincularse su relevancia con la representatividad del enunciador. La clasificación es el producto del conjunto de la investigación y por medio de ésta se pretenden exponer las interpretaciones más relevantes dadas al Santigueñazo que circulan en la sociedad santiagueña.

• Una mano oculta

Se sostiene que quienes se comportaron violentamente eran marginales y gente de los “barrios bajos”, en quienes se combinaba la audacia primitiva de quien no tiene nada que perder en la sociedad con la pasividad de quienes suelen no ser dueños de sus actos y se prestan a ser manipulados como un rebaño. Estos fueron inducidos por otros a la violencia y en vistas de otros fines que los suyos, los cuales no van más allá de la satisfacción de necesidades y deseos primarios. Los inductores se valieron o aprovecharon del estado de necesidad de los pobres y marginales de la sociedad y de la justicia del reclamo.

Quienes adhieren a esta “teoría” no identifican concretamente a los participantes de la revuelta. Se valen de la hipótesis de los agitadores que “aparecieron no se sabe de dónde” y de una concepción desacreditadora de los sectores sociales “bajos”. Este estereotipo está tan arraigado en los estudios históricos como en los usos populares [11]. Aparece un lenguaje emparentado con la sociología en el siglo XIX sobre la multitud: “turba”, “horda”, “lumpen”, “pillaje” y la idea de una acción basada en lo primitivo. Asimismo, la turba es presentada como un instrumento pasivo de agentes exteriores, “extranjeros” (de otras provincias) mercenarios de causas de opacos políticos, como si estuviera impulsada por motivos de pillaje, robo, o la mera necesidad de satisfacer instintos elementales. Presentan a la muchedumbre como un conjunto abstracto y amorfo.

La posición del historiador mencionado es un ejemplo de la teoría de la mano oculta. Veamos el acervo de lenguajes que su discurso actualiza.

“Eran grupos de empleados públicos del más bajo nivel, de los tipos de Vialidad, de la Municipalidad, barrenderos, una cosa así, peones de limpieza. Se los veía por televisión, están filmadas las películas, las vendían como recuerdo, donde se veían todos estos tipos lumpen, que viven en las afueras, en los suburbios, que eran barrenderos, peones de limpieza. Y a los tipos se les daba la oportunidad para la fiesta, entonces era ir a asaltar casas y llevarse lo que pudieran. Y después venía un grupito que traía en una camioneta los bidones de nafta, rociaba y le prendían fuego. No había policía, no había nada, porque el gobierno había abdicado de la responsabilidad de cuidar el orden público. Ahora, a eso después lo han tratado de magnificar, de darle un carácter epopéyico. Se ha hablado de las hazañas populares, poco menos que si fuera la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Al año y pico se produce la primera elección, y al primero que le queman la casa, al Dr. Juárez, lo eligen gobernador. A otro también, o sea, todos los que le habían quemado la casa, salvo Zavalía que se defendió e Iturre que fue la única víctima, salieron electos en la primer elección que hubo. Aplaudidos y votados por las mayorías populares, entonces, qué me vas a decir que eso tenía un significado más allá de lo anecdótico. Para mí, eso fue un hecho de rapiña, bandas dedicadas al asalto de las viviendas particulares y a la quema, y un grupo posiblemente de activistas que yo no sé de dónde aparecieron. [12]

Otros testimonios también borran los rostros en la multitud y sostienen que no fueron los santiagueños quienes actuaron.

“A mí me llamó la atención los encapuchados que andaban, que no sé de dónde salieron. Muchos se preguntaban entre ellos, los mismos empleados que iban a reclamar por sus haberes se preguntaban quién era ese grupo y no sabían. Incluso yo estuve viendo, por curiosidad, y gritaban y no eran santiagueños. De la misma manera yo los he visto en Buenos Aires, en los disturbios que ha habido en el sur, en todos los disturbios, tapados la media cara y con una capucha. Parece que es un grupo que anda, de la misma forma. Esa es la única duda que me ha quedado a mí, si han venido, porque el santiagueño es pacífico, pero como todo ser humano acorralado puede llegar a cualquier situación. [13]

“Esto ha sido fomentado por alguien, inducido por alguien y con un grupo de activistas han manejado las necesidades del lumpen, extramuros, que salía a ver qué podía robar. Pero no fue una rebelión auténtica. Fue una protesta justa, pero no hizo ningún incendio. Yo soy un convencido de que fue inducido, que alguien estaba atrás entre bambalinas, no ha sido el pueblo, ha sido una pillería de jovencitos, que andaban en bicicleta”. [14]

Nótense en las citas el recurso sistemático a dos argumentos confirmatorios de la manipulación. Por un lado, el carácter pacífico de los santiagueños, contradictorio con la violencia desplegada el 16 de diciembre. Por otro lado, el posterior triunfo electoral de Carlos Juárez, quien con su esposa como vicegobernadora gana en 1995 las primeras elecciones para autoridades provinciales luego de la intervención federal generada a raíz del Santiagueñazo. Se observa también que se trae a la memoria la toma de la Bastilla, como modelo revelador del contraste absoluto con la “no existencia” de este acontecimiento.

Debo decir que he procurado en vano asociar las teorías con sectores sociales, y he tenido la tentación de vincular la expuesta con las capas altas. Sin embargo, he comprobado que la visión de la mano oculta está fuertemente enraizada en diversos sectores sociales, lo cual muestra su posición dominante como marco de interpretación, como más adelante comentaremos, luego de exponer los ejes de las otras “teorías”.

• Imperio de la necesidad

Para quienes se encuadran en esta “teoría”, el Santiagueñazo queda completamente comprendido y explicado por la contundencia de las penurias económicas vividas por el atraso salarial en la administración pública.

Se trata de una “visión espasmódica” de la acción popular. Thompson clasifica bajo esta fórmula los enfoques economicistas; en sus palabras:

“De acuerdo con esta apreciación, rara vez puede considerarse al pueblo como agente histórico con anterioridad a la Revolución Francesa. Antes de este período la chusma se introduce, de manera ocasional y espasmódica, en la trama histórica, en épocas de disturbios sociales repentinos. Estas irrupciones son compulsivas, más que autoconscientes o autoactivadas; son simples respuestas a estímulos económicos. Es suficiente mencionar una mala cosecha o una disminución en el comercio, para que todas las exigencias de una explicación histórica queden satisfechas”. [15]

Para ilustrar, se podrían poner varios ejemplos como los siguientes extractos de entrevistas.

“(Los que se llevaban las cosas de las casas) Era el pueblo, el pueblo, gente de los barrios, de los mismos barrios, gente que necesitaba, que no cobraba hacía mucho tiempo”. [16]

“Era la gente, la gente desesperada, porque después cuando empezaron a quemar todo, entraban a robar, todo el chiquerío, pero gente desesperada (…) Te diría que la gente estaba desesperada por cobrar. Para decir que ha venido gente de afuera tendríamos que haber visto caras extrañas por lo menos, en el centro o caminando, o no sé si habrán venido puntualmente cinco o seis ese día, y así como han venido se han ido. Pero la gente que veíamos por la televisión era de aquí. Decíamos mirá tal, mirá cual. Que era gente de aquí, era gente de aquí”. [17]

Puede apreciarse el diálogo implícito entre esta versión de los acontecimientos y la anteriormente expuesta. Sobre esto se vuelve al terminar de presentar las “teorías”.

• La ira y la purificación

La manifestación de acuerdo con esta visión obedece como en el caso de la teoría de la necesidad a un principio reactivo. De igual manera, desacredita o disminuye al sujeto de la acción. Se considera judicialmente que quién actúa en estado de emoción violenta no es completamente dueño de sus actos, está fuera de sí, no tiene dominio de sus propios actos, algo lo lleva a actuar, como si se tratase de una fuerza externa. Este es un agente disminuido desde el ángulo de la imputación penal y la atribución de responsabilidad por los actos.

Esta visión pone en el centro la cuestión de la corrupción. Por supuesto, no deja de lado la deuda salarial, ya que la asocia en sus causas con la corrupción de los gobernantes. Con respecto a la teoría anterior, el foco se desplaza de la necesidad a la indignación. Así, se sostiene que el 16 de diciembre de 1993 el pueblo pacífico de Santiago del Estero fue presa de la indignación frente a la corrupción generalizada y la pobreza moral de la clase política.

En el primer aniversario del Santiagueñazo, El Liberal publica el suplemento El estallido social en Santiago con numerosos artículos de análisis. En éstos predomina, en general, esta visión de los acontecimientos, según la cual éstos fueron la resultante de un proceso de hartazgo moral (expresión varias veces repetida), el cual tiene un origen lejano en la historia de la provincia. No obstante, resulta sugestivo que recurrentemente se coloca este origen en los últimos diez años [18]. No se ancla esta referencia temporal en ningún hito concreto, pero es inevitable el cálculo y coincide con el advenimiento de la democracia en 1983.

No está demasiado presente la cuestión de los agitadores externos, aunque por supuesto se la menciona en varias oportunidades, pero, no tanto como las interminables menciones de casos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Hasta hay un artículo titulado “Las noticias de los últimos 30 días explican el estallido”, en el cual se enumeran una serie de casos de corrupción, algunos tan irritantes como los éstos: el Hospital de Niños sin oxígeno debido a una administración fraudulenta, el desvío de fondos para comedores infantiles y el alarmante aumento de la desnutrición infantil, la desaparición de vehículos oficiales, la falta de agua potable por la falta de pago a los proveedores de cloro.

Tampoco se hace demasiado hincapié en el componente económico de la crisis. Otro punto relevante es que prácticamente ninguno de los artículos apunta a responsabilizar al gobierno nacional ni coloca en el centro la cuestión del ajuste que éste exigía a la provincia.

Según esta posición, la acción de la multitud tuvo una intencionalidad, de la cual se desprende su sentido social: purificar las instituciones y la política. El fuego es señalado como un elemento central del estallido, pues sirve como medio de purificación. Se aportan aquí algunos ejemplos:

“A ninguno de los dirigentes nos escuchaban. Nosotros les pedíamos por favor, con parlantes y micrófonos en mano, que ese no era el objetivo, que en definitiva las instituciones eran nuestras. Y bueno, se desató el infierno y duró 48 horas. Porque no sé de dónde salieron, lo que sí sé es que se recorrieron las casas de muy muchos dirigentes políticos y usaban el fuego como un arma de depuración”. [19]

“El incendio de los tres poderes del Estado y de los principales referentes políticos huele a purificación. Llega la intervención y nace una esperanza. ¿Será el principio del fin?” [20]

“Alguien, entre la tremenda confusión de ese día negro para la provincia, me susurró al oído una frase bíblica: ‘El fuego purifica’. ¿Se habrán quemado en realidad todas las malas intenciones?” [21]

• Rebelión

Este punto de vista incorpora, o ilumina, otros aspectos de los acontecimientos con un lenguaje vinculado con lo popular heroico.

Más modesto que El Liberal, el Nuevo Diario (periódico aparecido en la década del 90) también dedica un suplemento especial al aniversario del Santiagueñazo. Surge de la lectura del conjunto un punto de vista de los acontecimientos que contiene una valoración positiva vinculada con la exaltación del sentido liberador y rupturista de la rebelión del pueblo contra una larga historia la opresión y sometimiento. En un artículo titulado “Cuando Santiago rompió su pasado” se dice:

“Con el país como mudo testigo azorado, y el mundo “civilizado”, entre indiferente y preocupado de ver cómo caían, selectivamente, los pilares de su cosmovisión política, Santiago del Estero despertaba como un grito largamente contenido, para decir que existía, con el deseo de que se supieran sus reclamos.

La conciencia colectiva de nuestra gente, que dio muestras de paciencia y estoicismo a lo largo de siglos, había alcanzado su punto extremo y se manifestaba a la altura de las circunstancias.

A la irracionalidad y soberbia del poder, le tuvo que responder con la violencia, casi como hacían aquellos vasallos medievales, que aplastados por un paternalismo egoísta y la expoliación ilimitada de los señores, terminaban en feroces rebeliones populares”. [22]

La publicación Agro del Noa, dedica su edición extra de abril de 1994 al aniversario del Santiagueñazo. En sus artículos y testimonios recabados hallamos ejemplos de esta teoría. Desde su editorial, se hacen referencias a “la otra historia” y la “sublevación de un pueblo mestizado y manso, oprimido por quinientos años de desculturalización y sometimiento”.

Ejemplifica también esta visión el video Santiago en llamas. Asimismo, en las entrevistas a “gente común” realizadas por mí surgieron componentes de esta “teoría”, por ejemplo, una vendedora de diarios recuerda con satisfacción:

“La gran revolución de ese día, el pueblo se ha movilizado, especialmente los trabajadores, porque son ellos realmente los que han hecho (…) Un ataque contra la democracia, pero yo pienso que el pueblo no podía más con la situación económica que estaba viviendo en ese momento. No le voy a decir que hoy es buena, está mal también, pero eso ha sido un hecho histórico, pero se venían haciendo manifestaciones en otras provincias también, pero no han llegado a tanto. En La Rioja la puerta nomás, vio, aquí se hizo historia porque los santiagueños se atrevieron a más, por primera vez en la historia creo.” [23]

Esta interpretación en clave de rebelión popular fue el soporte del Movimiento 16 de Diciembre, el cual convocó a más de 500 personas y a un nutrido grupo de artistas locales en la conmemoración del Santigueñazo un año después frente a la Casa de Gobierno incendiada. Esta agrupación convocó a votar en blanco en las elecciones para constituyentes del 10 de abril de 1994. El 12% de votos en blanco que arrojó esta votación fue interpretada como una señal de cierto éxito. Luego, en las elecciones provinciales de 1995, el partido Memoria y Participación obtuvo un diputado, Carlos Scrimini. Este nunca pudo asumir, pues la Legislatura, constituida por una mayoría juarista, lo impidió acusándolo de haber participado en la quema de los edificios públicos en el estallido. [24]

Las “teorías” expuestas recientemente no son independientes entre sí, ya que se presuponen recíprocamente en una interacción discursiva. Tampoco son éstas equivalentes en poder. A En la memoria advierte una notoria predominancia de los componentes de la “teoría de la mano oculta” en tanto interpretación del Santiagueñazo. Llamamos a éste el punto de vista dominante, el cual tiene implicancias claves:

• La identificación como autor de un otro externo, desconocido, indefinido.
• La invalidación de los sectores populares más desfavorecidos de la sociedad como protagonistas de un acto pleno de rebeldía.
• La desactivación del sentido político de la protesta popular.

Al mismo tiempo, es notable la existencia de otro punto de vista, de una mirada subalterna y alternativa, que se esfuerza por marcar diferencias con la visión dominante. Así, la visión subalterna desarrolla contrapuntos en relación con las tres implicancias de esta visión dominante:

• Los hacedores de la protesta fueron los santiagueños.
• El pueblo santiagueño se rebeló contra los malos políticos y la irresponsabilidad del Estado provincial.
• Fue una exigencia de cambio político, un desafío al poder político por parte del pueblo.

8. Imágenes del Estado

La violencia contra las sedes de los poderes del Estado provincial ha dado mucho que hablar. Se ha dicho con frecuencia que los manifestantes atacaron los símbolos del poder político, interpretando esto como un cuestionamiento cabal de la política. Una averiguación interesante a hacer al respecto del sentido y el destinatario de esta violencia es qué imágenes o representaciones del Estado estaban operando desde la perspectiva de los actores de la protesta. Uno de los elementos que llama la atención en el Santiagueñazo es la continuidad entre los objetivos públicos y privados del ataque (edificios de gobierno y residencias particulares de políticos), lo cual, de acuerdo con nuestro argumento, habría manifestado la erosión de la frontera público — privado tácitamente implicada en los lazos clientelísticos que predominaban entre los ciudadanos y los funcionarios o políticos. No hubo diferencias en el tratamiento que se le dio a las sedes públicas y a las residencias privadas: saqueo, incendio y a la próxima. Sin embargo, en las entrevistas se han recogido lamentos por la destrucción de la Casa de Gobierno, porque era un monumento histórico perteneciente a todos, que formaba parte del paisaje de la ciudad y que todos tuvieron que pagar para reconstruirla. Al margen del reclamo al Estado provincial en razón de su función institucional, el Santiagueñazo se presta a ser interpretado en clave de un ajuste de cuentas.

En un ajuste de cuentas las partes saben de qué se trata la cuenta a equilibrar, el atacante y el destinatario deben auto identificarse a partir del hecho referido a la cuenta. En las investigaciones policiales, cuando se sospecha que el motivo de un acto delictivo ha sido la venganza o el ajuste de cuentas, la confirmación no puede prescindir de la interpretación de la víctima. Sólo de parte de la víctima pueden surgir los indicios sobre el campo motivacional de procedencia de la acción. Asimismo, ajustar cuentas, como la expresión lo transmite, equilibra, sana, reconstituye algo que estaba desequilibrado. La ausencia de culpables claramente establecidos, ni por parte de la Justicia ni por parte de la sociedad, ni venganzas notorias, sino, más bien, silencio y retirada por parte de los agredidos, colabora con esta línea de interpretación.

A propósito, nos parece sugerente un trabajo de Carlo Ginzburg sobre la costumbre antigua de despojar el cadáver y saquear los bienes de obispos, cardenales y papas difuntos, así como la de saquear los palacios de los papas recién electos y el cuarto del convento que habían habitado durante el cónclave [25]. ¿Por qué la coincidencia en saquear los bienes de los papas al ser electos y al morir? Al extenderse la práctica de los saqueos a Roma en el siglo XV se abrió la posibilidad de botines diferentes e incomparablemente más ricos. El autor se pregunta por la legitimidad de esta práctica. Encuentra indicios sobre una noción de “derecho de despojo”, un “oscuro y persistente derecho consuetudinario al saqueo” [26]. Por otra parte, los saqueos se desenvolvían en formas que dejan traslucir un componente simbólico, que no es posible reducir a la pura y simple voluntad de apropiación material de las cosas. En cuanto a la justificación que operaba en los autores de los saqueos en el orden simbólico podría ser traducida en los siguientes términos:

“la apropiación violenta de los bienes del nuevo Papa restablecía una imagen de la sociedad armoniosamente jerárquica, en la cual los equilibrios de la riqueza debían mantenerse dentro de ciertos límites definidos.” [27]

Así, los saqueos eran una forma de compensación más o menos simbólica en contra de aquel que había llegado hasta la cúspide del poder y acumulado riquezas. ¿Por qué saqueos rituales? En este caso, rito no designa una partitura preestablecida que tendría que seguirse con exactitud escrupulosa, sino un esquema abierto que el propio Ginzburg relaciona con la “economía moral” de Thompson: el complejo de valores que legitimaban, a los ojos de los propios actores, los motines en torno al precio del pan [28]. En los materiales que analiza en torno a un saqueo, a Ginzburg le llama la atención el orden con el se realizó (luego de un alboroto inicial). Hasta a veces había criterios de reparto del botín entre los sectores sociales participantes en el saqueo. Coincidentemente, como ya dijimos, en el Santiagueñazo el saqueo no era llevado a cabo con gran alboroto, había una división del trabajo y no se registraron peleas en torno al botín. Piénsese que éste no era pequeño: la multitud se llevó hasta la grifería y las cañerías de las casas. Se aprecia bien en el video Santiago en llamas la calma con la que se ejecutaba el procedimiento del saqueo. Los bienes de cada inmueble eran sacados con cierta calma y cada uno se llevaba lo que podía y como podía. Hubo una calma organización espontánea: los fletes y camionetas encontraron un repentino y sorprendente foco de trabajo. También hubo un orden para identificar a las “víctimas” en el recorrido del día de furia. No hubo una ola de saqueos en distintos focos, sino un itinerario secuencial.

Otro punto interesante del trabajo de Ginzburg es la consideración de los saqueos como ritos de tránsito. Pues ¿qué tenían en común, a los ojos de los saqueadores, las circunstancias de muerte del obispo o papa y la elección de éste último?: el tránsito hacia una nueva condición. En el caso de nuestro estallido, la consideración sería aplicable dado el colapso de un gobierno y la situación de vacío de poder. El estallido social coincide con una imagen del estado de anarquía y caída de la autoridad. En el Santiagueñazo, a diferencia de los saqueos rituales que estudia Ginszburg, había una completa incertidumbre sobre el día después del estallido social. Este fue un punto límite del contrato entre gobernantes y gobernados.

Convergentes con los saqueos rituales de Ginzburg son las revueltas carnavalescas de Roberto DaMatta en Carnavales, malandros y héroes. Hacia una sociología del dilema brasileño:

“la forma carnavalesca en la revuelta popular —y aquí estamos ante la revuelta en el sentido clásico de reacción circunstancial e indignada, de reacción moral de personas estafadas y vilipendiadas en sus derechos básicos- permite destruir y reaccionar con violencia sin asumir plenamente las consecuencias e implicancias políticas de esas acciones.”

Las formas de un rito pueden aparecer en la acción espontánea como reacción moral, justa e indignada de los “débiles” contra la humillación provocada por los “fuertes” (2002: 57-63) [29]. Finalmente, cabe señalar el sentido rebelde de la protesta que se pierde cada vez más en la sociedad santiagueña por la tramitación política que el acontecimiento ha tenido según lo que se ha venido desplegado. Téngase presente que la visión dominante sobre el Santiagueñazo es la de la mano oculta. Como una síntesis, podemos decir que todos los sentidos analizados permiten entrever uno de los secretos del funcionamiento de una forma de dominación: el “contrato” de reciprocidad entre la clase política y los dominados.

---

Marina Farinetti es Doctora en Ciencias Sociales y Docente investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.