GUATEMALA - “Movimientos sociales”, ¿al servicio de quién?

En esta megadiversa y maravillosamente contrastante Guatemala, las sangrientas historias inconclusas de liberación se explican, en buena medida, por la cooptación económica y partidista que sufren algunas organizaciones sociales, por parte de los grupos de poder. Si no fuera por este legado atávico de la maldición de Malinche, sería otra nuestra historia.

Hace una semana atrás, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), difundió un documento escrito, por segunda vez, en el que expresa su apoyo cerrado a la antisocial transnacional británica ENERGUATE-ACTIS que mercantiliza y monopoliza violentamente el negocio de la electricidad, acusando de ladrones y estafadores a las organizaciones indígenas y campesinas en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica en el país.

La CONIC, actualmente miembro pleno de la organización internacional CLOC-Vía Campesina. Surgió en 1992, de la matriz del Comité de Unidad Campesina (CUC), para cosechar dinero de la cooperación internacional. En poco tiempo, la estrategia estatal neoliberal y la cooperación internacional, convirtieron a la CONIC en la voz nacional e internacional de indígenas mayas.

Hace meses atrás, esta misma organización, en la Costa Sur de Guatemala, en un acto político electoral del partido en función de gobierno, demandó públicamente nada menos que la reelección inmediata del actual Presidente de la República, Otto Pérez Molina, acusado de genocidio y masacres contra pueblos indígenas durante la guerra interna, y sobre quien pesan responsabilidades por los asesinatos selectivos de cerca de 40 dirigentes/as indígenas campesinos en resistencia, en el gobierno actual.

Hace unos días atrás, el CUC y el Frente Nacional de Lucha, bloquearon caminos en diferentes puntos del país exigiendo al Congreso Nacional y al Gobierno la aprobación de un nuevo endeudamiento externo y la sanción del manoseado proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral (DRI), ahora, convertido en un peligroso Caballo de Troya para indígenas y campesinos del país.

Al actual Gobierno, le urge la aprobación (en el Congreso Nacional) del proyecto del presupuesto general de la nación, 2015 (año electoral), que incluye un endeudamiento externo de cuatro mil millones de quetzales, y la aprobación de su proyecto de Ley DRI. Por ello, lo que no pudo lograr con los maletines de quetzales en el Congreso Nacional, quiere lograrlo y legitimarlo desde las calles con desinformados e ingenuos sectores sociales movilizados.

El CUC, fundado a finales de la década de los 70, por el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), a través de los jesuitas, en la etapa post Acuerdos de Paz (abundancia de la cooperación internacional y fortalecimiento del sistema neoliberal) se convirtió casi en la única voz oficial de sectores campesinos e indígenas del país. Al igual que la CONIC, actualmente es miembro de la CLOC-Vía Campesina. Fue casi la única “organización popular” de Guatemala que acudió al Vaticano para el Encuentro Mundial de Organizaciones Populares convocado por Francisco I, en octubre pasado.

En Guatemala, cada niña/o nace con una deuda pública (externa e interna) bajo el brazo que supera los 1,000 dólares. Y, cerca del 60% de niños/as menores de cinco años padecen desnutrición. Si a inicios de los 90, la deuda pública bordeaba los 11 mil millones de quetzales; para el 2014, las y los guatemaltecos adeudan un total de un poco más de 115 mil millones de quetzales. Es decir, cada guatemalteco en el país debe un promedio de 8,214 quetzales (1,066 dólares). Cada familia indígena campesina promedio es deudora de alrededor de 7,000 mil dólares, por préstamos que jamás decidió, ni se benefició. ¿En qué cabeza quepa exigir desde las calles mayor endeudamiento inmoral en nombre de los pobres?

Casi el 30% del presupuesto general de la nación, anualmente, se destina para amortizar intereses y pagar servicios de la deuda eterna (externa). En Guatemala, el endeudamiento público no sólo es para engordar a la burocracia corrupta del Estado aparente, y aceitar con privilegios a “inversionistas privados” que empobrecen al país, sino también es para militarizar a las fuerzas de seguridad para reprimir a la población en resistencia movilizada, y para comprar los votos de diputados-tramitadores de izquierda y de derecha en el Congreso Nacional. Y si queda migajas, para tirárselos a dirigentes irresponsables, mendigos-serviles a gobiernos neoliberales.

El proyecto de la Ley DRI fue genuino, con impronta campesina e indígena, en sus primeras versiones. Pero, en su versión actual, luego de la modificación de 36 artículos, de los 42 que contiene (realizado por diputados serviles y ONGs mercaderes de la miseria del país), es prácticamente una herramienta agrícola para el afianzamiento legal del brutal capitalismo por despojo-expulsión. Un verdadero Caballo de Troya del que las y los campesinos no podrán fácilmente liberarse. Lo más triste es que muchos indígenas/campesinos desconocen esas modificaciones mañosas, por eso se movilizan exigiendo su aprobación. Y, la oligarquía y su Gobierno, permiten (promueven) incluso tapas o bloqueos de caminos por indígenas/campesinos “ingenuos”, hasta por tres días consecutivos, para aprobar y legitimar sus leyes y presupuestos.

La estrategia del actual Gobierno, con relación a los movimientos sociales incómodos fue claro desde sus inicios: desacreditar, criminalizar-perseguir-reprimir, encarcelar y asesinar selectivamente a sus dirigentes. Al ver que dicha estrategia, lejos de asustar/controlar el resentimiento popular creciente, abonó resistencias comunitarias descomunales. Entonces, cambió de estrategia, y optó por cooptar y crear “su propio movimiento social” con agentes/dirigentes de algunos movimientos sociales, con la finalidad de neutralizar a las resistencias más comunales en proceso de articulación a nivel nacional, que en los últimos tiempos se avizoran como los nuevos sujetos sociopolíticos colectivos que anuncian refundar el país desde la Guatemala milenaria.