HONDURAS - Campesinado víctima de criminalización

22 de mayo de 2015 - Noticias Alidas - Miles de mujeres y hombres del campo han sido encarcelados por demandar reforma agraria.
Honduras es uno de los países más empobrecidos y violentos del mundo. Esta pobreza y violencia ataca directamente a sectores desprotegidos como el campesinado, del cual recientemente se ha denunciado la criminalización de 4,200 campesinos, de los cuales 700 son mujeres, según datos de la organización internacional La Vía Campesina.

Rafael Alegría, actual diputado en el Congreso Nacional y dirigente de la organización internacional La Vía Campesina asegura que la situación de los campesinos es bastante difícil, aún más grave en el contexto de represión y la crisis alimentaria caracterizada por escasez de granos básicos y carnes que se vive en el país debido al cambio climático y los conflictos en el agro.

“Hay una crisis agraria grave y hay una exclusión de grandes masas de trabajadores del campo, producto de la aplicación del modelo neoliberal a partir de 1992”, expresó a Noticias Aliadas.

Los campesinos exigen una nueva ley de reforma agraria en el país, y numerosas organizaciones han comenzado un proceso de recuperación de tierras, especialmente en los valles del Aguán y de Sula, en el norte del país, los más ricos en bienes naturales y productividad de la tierra.

“Los campesinos ocupan las tierras ante la incapacidad del Instituto Nacional Agrario (INA) de dar respuesta positiva [a su demanda de tierras], frente a eso los campesinos son severamente criminalizados, hay alrededor de 4,200 de campesinos que han ido a parar a la cárcel en sólo cuatro años, y más de 162 campesinos asesinados incluyendo muchos en el Bajo Aguán; 723 mujeres han pasado por las cárceles y están yendo a firmar con medidas sustitutivas de la prisión. Eso les genera enormes daños económicos porque los campesinos no tienen ni para el pasaje, ni comida, pierden el día de trabajo. Es una situación de impacto severo económicamente”, explicó Alegría.

Los campesinos y campesinas son procesados con cargos como el de usurpación ilegal de tierras, daños a la propiedad privada y hasta sedición.

El 70% de los más de 8 millones de habitantes del país vive en situación de pobreza, y la mitad de los 4 millones de campesinos y campesinas no tienen acceso a la tierra por el acaparamiento de este bien natural en pocas manos, lo cual los mantiene sumidos en extrema pobreza. La Ley de Modernización para el Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en 1992 por el gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-94) desarticuló el proceso de reforma agraria iniciado en 1960 y dividió al movimiento campesino al abrir paso a las negociaciones de las tierras, muchas cooperativas quedaron disueltas por la falta de apoyo en producción y grandes empresarios ofrecieron comprarlas. Por esto, se ha introducido un anteproyecto de ley para revivir la reforma agraria y hacerla más integral e inclusiva, sin embargo ya lleva un año sin generar ninguna discusión en el poder Legislativo.

La versión oficial

Campesinos y campesinas se han movilizado y protestado en diversos momentos este año frente al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al mismo INA para que se resuelva su situación.

Para el director del INA, Ramón Lara, la cifra que dan organizaciones campesinas sobre las personas judicializadas no es real y asegura que hay muchos malos entendidos con el tema de los desalojos.

“Todos los procesos judiciales tienen que ver con la naturaleza jurídica de las tierras, entran a procesos judiciales porque los tribunales deben demostrar quiénes son los verdaderos dueños de la tierra y hay juicios que duran 8 a 10 años hasta cuando pasa ese tiempo se dan los desalojos, por eso a veces el campesino no comprende que después de tener la tierra por tantos años, los desalojen. Nosotros hemos intercedido para que se retiren las demandas, que entremos en procesos de coinversión y en algunos casos hemos logrado evitar más muertes en la disputa de la tierra. Creemos que la cifra de los 4,200 no es real, eso es para llamar la atención, no llega a ese número definitivamente. No estoy diciendo que no hay casos pero no en esa dimensión”, dijo Lara a Noticias Aliadas. Lara asegura que el INA se encarga de hacer una investigación para conocer cuántos casos de judicialización de campesinos existen.

Lara además cree que el problema es menos del Estado y más responsabilidad de los mismos campesinos, quienes no han entendido, según él, el valor de la tierra y cuando tienen la oportunidad la venden sin pensar que el Estado mismo ha invertido mucho dinero en las mismas.

“Nosotros queremos que el espíritu de la reforma agraria llegue a todos los campesinos. A diario vivimos conflictos que anteriormente se daban entre empresarios del agro y campesinos, pero ahora más del 80% de los conflictos que tenemos es lucha entre hermanos campesinos”, asegura Lara.

Este funcionario ha catalogado de “fracaso” todo el proceso de reforma agraria porque los campesinos vendieron las tierras, aun cuando el Estado mismo creó la Ley de Modernización Agrícola en 1992 sustituyendo la Ley de Reforma Agraria y permitiendo a los campesinos vender las tierras, en medio de una situación de pobreza y abandono que el mismo Estado había propiciado entre los campesinos, que en ese tiempo, tenían las tierras pero ningún apoyo para la producción de las mismas.

Represión contra mujeres campesinas

Magdalena Morales, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), fue encarcelada, acusada por la empresa Azucarera del Norte (AZUNOSA), perteneciente a la transnacional sudafricana SABMiller, por usurpación de tierras, daños y perjuicios continuados. Morales fue detenida el 27 de julio del 2013, encarcelada y puesta a la orden de una jueza, quien le dictó medidas cautelares sustitutivas a la prisión con las que estuvo durante un año, obligándola a firmar cada semana en los juzgados. Morales es una dirigenta campesina en Yoro, al norte de Honduras y asegura que las mujeres son las más afectadas por toda esta crisis.

Por ese proceso de recuperación de tierras en Yoro fueron judicializadas Morales y 108 personas más, incluyendo tres niñas menores de edad.

“Fuimos encarcelados, yendo a firmar a los juzgados. Hasta este momento con nuestros propios esfuerzos hemos sacado en libertad a un tercio de compañeros, pero todavía tenemos 35 compañeros con medidas [judiciales]. Es lamentable que en Honduras las empresas trasnacionales tengan el derecho pero los hondureños somos desplazados a las orillas de los ríos como que no tenemos derecho a la vida. Yo tengo mis hijos, tuve que decirles que ni siquiera mencionaran mi nombre; a una hija tuve que sacarla de la escuela porqué mucho le preguntaban por mí, tuve miedo por la represión. En otro proceso contra la empresa CAHSA [Compañía Azucarera Hondureña], también en este sector, fueron asesinados tres compañeros y no hay nadie pagando en cárcel por estos crímenes”, dijo Morales en entrevista con Noticias Aliadas.

Los asesinatos se dan en medio de procesos de recuperación de tierras y aún siguen en la impunidad.

Como Morales, son muchas las mujeres campesinas que son judicializadas por su lucha por recuperar tierras.

“Tenemos 2 millones de campesinos sin tierra, madres solteras que buscamos sacar adelante nuestra familia. Cuando queremos recuperar un pedazo de tierra para mejorar nuestra situación somos criminalizadas. Las mujeres campesinas estamos siendo asesinadas y criminalizadas, sólo mi organización tiene 700 mujeres procesadas con medidas, yendo a firmar, dos compañeras fueron asesinadas, quedaron nueve hijos en abandono, esa tiene que ser una responsabilidad del Estado”, señala Morales.

El actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández asegura apoyar a los trabajadores del campo y haber devuelto la paz al Bajo Aguán, sin embargo Morales dice que el apoyo es en realidad a los terratenientes, no a los campesinos de tierra adentro.

“Les da proyectos, sistemas de riego, y los verdaderos campesinos estamos siendo reemplazados por los terratenientes. Con nuestro nombre reciben grandes cantidades de dinero que son para favorecer a los pequeños y medianos productores, nosotros miramos noticias que dicen que el gobierno favorece a los campesinos, a inicios de este año tuvimos un plantón en el INA porque lo quieren cerrar, en la CSJ porque los jueces tienen que ver con el encarcelamiento de campesinos y en el Congreso Nacional para exigir una ley de reforma agraria integral. Seguiremos en la calle para exigir nuestros derechos”, concluyó Morales.

http://noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7171