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Estados latinoamericanos desafiados por vientos de refundación

Ollantay Itzamná

Miércoles 5 de agosto de 2015, puesto en línea por Jubenal Quispe

Casi todos los estados latinoamericanos conmemoraron o conmemorarán en los próximos años doscientos años de su existencia. Es decir, son estados bicentenarios. Pero, casi ninguno de estos 33 estados ha logrado constituirse como un legítimo Estado con autoridad en el sentimiento y pensamiento de toda su población. Por tanto, tampoco lograron cuajar su añorada comunidad política imaginada (naciones homogéneas) respectiva.

Desde diferentes sitios geográficos, sociales y culturales, en países como México, Guatemala, Honduras, Perú, Paraguay, Chile, etc., en estos momentos, las y los excluidos o violentados por los estados nacionales abusivos se movilizan y demandan la refundación de los estados nacionales en esos países. En otros casos, existe un malestar creciente por la ausencia estatal pronunciada y la dictadura recargada de las empresas neoliberales.

Bolivia, Ecuador y Venezuela, desde finales del siglo pasado, emprendieron el difícil camino de su refundación (creando nueva Constitución Política/leyes, nuevas instituciones y diseñando nuevos proyectos de vida), y ese proceso que aún no ha concluido ha prevenido a dichos países de la situación de estados caóticos o fallidos.

¿Por qué no lograron consolidarse los estados nacionales latinoamericanos?

El modelo del Estado nación moderno, de origen westfaliano (siglo XVII), fue ideado en un contexto histórico y geográfico diferente al de los países latinoamericanos. Los teóricos políticos del norte de Europa, siglo XVI, idearon el estado nación para el gobierno de pueblos culturalmente homogéneos, con ciudadanía universalizada (individuos con derechos), entre otras premisas.

A inicios del siglos XIX, los criollos (genéticamente descendiente de europeos) herederos del poder de los europeos, en América Latina, realizaron las pantomimas de “las independencias” y copiaron la idea política de estados nacionales europeos para las nacientes repúblicas de la región. Fundaron legalmente los bicentenarios estados nacionales, en las circunscripciones territoriales dejadas por la Colonia, excluyendo/sometiendo a las grandes mayorías de dichos pueblos. Y en esas circunscripciones colocaron gentilicios (mexicano, peruano, boliviano, chileno, etc.) a la gente como si fuésemos ganados de establos.

Aquellos, ahora, considerados como grandes proceses de “la independencia” y héroes de la patria, segados por sus escrúpulos, quizás ni entendieron las premisas, fundamentos y objetivos básicos del proyecto del Estado nación moderno. Por eso, de manera rústica, intentaron calcar aquel proyecto europeo de las postrimerías de la Edad Media, en y para una realidad social, cultural, geográfica e históricamente diferente, como era las américas latinas del siglo XIX.

Y más aún, en esta región cohabitada por pueblos y comunidades culturales diferentes, sin ciudadanía universalizada, sin cultura occidental, intentaron imponer el poder autoritario del Estado nación (sin nación, ni modernidad) con la finalidad de perpetuarse ellos en el poder, y acrecentar su patrimonio económico utilizando a los aparentes estados como su gendarmería para saquear y explotar los bienes y la fuerza de trabajo de las grandes mayorías excluidas. Jamás tuvieron un proyecto de país incluyente para universalizar la ciudadanía y los derechos. Jamás les importó la modernización y el bienestar de los pueblos.

Por eso, a doscientos años de la supuesta existencia de los estados criollos, las grandes mayorías de las y los excluidos en los países latinoamericanos, cada vez más somos conscientes que subsistimos sin Estado, incluso en contra de la voluntad de los estados nacionales. ¿Cómo podemos sostener que en el Perú saqueado y empobrecido existe un Estado nación moderno? En países como México, Guatemala y Honduras, los mismos descendientes de los criollos están huyendo de esos territorios por el caos violento que generó el colapso de los aparentes estados nacionales.

¿Por qué los pueblos exigen la refundación de los estados nacionales?

Primero. Porque las grandes mayorías queremos existir en igualdad de condiciones con la ciudadanía oficial, eso requiere que seamos reconocidos como iguales con nuestras diferencias identitarias. Sólo saldando la histórica deuda de la exclusión y el rancio racismo constitucionalizado e institucionalizado podremos emprender la ruta de la convivencia pacífica intercultural entre todas/os.

Segundo. Esta demostrado que jamás llegaremos a ser naciones mestizas o monoculturales. No podrán anular las diferencias culturales, tampoco estamos dispuestos a ser asimilados. Por eso necesitamos construir una nueva organización política y jurídica intercultural. A eso, desde el actual constitucionalismo suramericano, se denomina estados plurinacionales, con autonomías indígenas. Necesitamos desmontar en toda Latinoamérica los estados nacionales, coloniales y racistas (que pervivieron solapados por la falacia de lo “nacional”). Esto debe ser producto de un consenso político amplio, y a ese consenso se debe llegar mediante procesos de asambleas constituyentes originarias.

Tercero. El modelo teórico westfaliano de Estado nación (con sus cuatro elementos constitutivos) fracasó en Europa y en el mundo. La globalización, la desterritorialización de la dictadura del capital multinacional, la configuración política de las regiones, el internet, entre otros, terminaron diluyendo, no sólo las fronteras geográficas, sino todo el marco teórico (y sus categorías) sobre el cual se construyó el proyecto de Estado nación.

Cuarto. Países en proceso de desintegración social no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin estados o bajo estados fallidos (caso México, Guatemala, Honduras). De lo contrario, la violenta aniquilación mutua (homo homini lupus est), ante la ausencia de una autoridad consentida, será la epidemia que seguirá avanzando con dirección hacia América del Sur, al punto de descontrol y colapso regional. Entonces, ya no tendremos oportunidad para replantearnos la ideación de nuevas autoridades políticas y jurídicas consensuadas y consentidas.

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