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MÉXICO - Narcotráfico detrás de matanza de estudiantes de Ayotzinapa

Noticias Aliadas

Viernes 25 de septiembre de 2015, puesto en línea por Dial

23 de septiembre de 2015 - Noticias Aliadas - Informe de expertos de la CIDH contradice versión oficial sobre asesinato de normalistas.

El informe de un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la muerte de 43 estudiantes en Ayotzinapa, ocurrida el 26 de setiembre del 2014, echa por tierra los elementos básicos de la versión oficial sobre este caso.

El “Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y muertes de los estudiantes de Ayotzinapa”, presentado el 6 de setiembre, semanas antes de cumplirse un año de los hechos, da cuenta de los resultados del trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entre el 2 de marzo y el 2 de setiembre, de acuerdo con su mandato.

El GIEI, conformado por cinco especialistas, fue creado por la CIDH en noviembre del 2014 a petición del gobierno mexicano “para brindar asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero”.

Los expertos encontraron una serie de inconsistencias en las versiones de los hechos y que se contradicen entre sí. Según la Procuraduría General de la República (PGR), los estudiantes fueron llevados por integrantes del grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos a un basurero de la localidad de Cocula, donde fueron asesinados e incinerados.

Carlos Beristáin, uno de los integrantes del GIEI, señaló en conferencia de prensa que “ese evento, tal y como ha sido escrito [por la PGR], no pasó”.

“Debido a que la versión señalada como más verosímil en la investigación de la PGR era la del basurero de Cocula y las contradicciones existentes entre las confesiones, el GIEI encargó la realización de un peritaje sobre dinámica del fuego en dicho basurero. El estudio fue realizado por un experto internacional en fuego e investigaciones de ese tipo, cuyas conclusiones son recogidas en el informe”, dice el GIEI.

El peritaje del experto concluyó que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Colula”.

La PGR acusó el golpe y 10 días después de conocerse el informe del GIEI reveló la identificación de una de las 43 víctimas de la masacre. Se trata de Jhosvani Guerrero de la Cruz, cuyos restos incinerados fueron encontrados en una bolsa en el río San Juan y enviados al laboratorio genético de la Universidad de Innsbruck, en Austria. Es el segundo estudiante que es identificado a través del ADN; el primero fue Alexander Mora Venancio.

Casi simultáneamente la PGR anunció la captura de Gildardo López Astudillo, el jefe de los sicarios que asesinaron a los estudiantes. En su declaración, López Astudillo, conocido como “El Gil”, admitió haber ordenado la matanza e incineración para que las víctimas no sean identificadas. Manifestó, además, que nueve presidentes municipales de esa zona protegen a Guerreros Unidos a cambio de dinero, vehículos, armas y radiofrecuencias policiales para realizar retenes.

Tráfico de drogas

Tras la reconstrucción de los hechos, el GIEI llegó a la conclusión de que “los normalistas llegaron a las afueras de Iguala con la intención de tomar autobuses para la marcha anual por el 2 de octubre, en la que se conmemora la masacre de Tlatelolco en 1968, pero sin pretender ingresar al centro de la ciudad. Tras tomar un autobús en el camino, se dirigieron de forma rápida a Iguala para dejar el pasaje, momento en el que quedaron encerrados en dicho vehículo y llamaron a sus compañeros, quienes se dirigieron a la central de Iguala para rescatarlos en los otros dos autobuses. En ese momento, los normalistas tomaron tres autobuses más”.

“Por lo anterior, cinco autobuses salieron de la estación por diferentes rutas, con el objetivo de salir de Iguala y dirigirse a Ayotzinapa”, agrega. “Los normalistas llegaron al zócalo de Iguala cuando el evento del DIF [Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia] hacía tiempo que había finalizado, no boicotearon ningún acto y no llevaban armas. Por otra parte, las autoridades conocían desde las 17:59 horas, a través del C-4 [sistema de seguridad], que los normalistas se dirigían a las afueras de Iguala y vigilaron in situ sus actividades. Es decir, no fueron confundidos con ningún grupo de la delincuencia organizada”.

La investigación del GIEI ha demostrado que existía información compartida de lo que estaba sucediendo en el ataque a los normalistas entre diferentes instancias del Estado a través del C-4 y de otros mecanismos e instituciones.

Guerrero es el principal productor de opio del continente. Iguala, por su ubicación estratégica, era una plaza codiciada y su control incluía el dominio del aparato policial y político por parte de los carteles. Guerreros Unidos había colocado en la alcaldía a sus cómplices José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, señalados como autores intelectuales de la matanza. Ambos fueron detenidos en Ciudad de México el 4 de noviembre del 2014.

El GIEI ha recomendado “continuar unificando la investigación ya iniciada y considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos no recogidos” e “investigar como línea prioritaria el desencadenamiento de la agresión contra los normalistas y el móvil del traslado de estupefacientes”.

La procuradora Aracely Gómez González, titular de la PGR, dijo en conferencia de prensa que “las instituciones federales son sensibles y estamos actuando decididamente ante estos lamentables hechos; las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias.


http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=7222

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