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Un informe estremecedor y minucioso sobre la trata de mujeres en Argentina

ARGENTINA - El infierno de ser mujer y tener precio

Mariana Carbajal, Rebelión

Martes 9 de enero de 2007, puesto en línea por Manuela Garza Ascencio

Rebelión - Una investigación de la Organización Internacional para las Migraciones, a la que tuvo acceso Página/12, revela que la trata de mujeres crece en el país. La connivencia policial y política. Dónde y cómo se reclutan mujeres y niñas. Los secuestros. El engaño. Los proxenetas. Las terribles formas para mantenerlas sometidas y silenciadas.

La trata de mujeres crece en la Argentina de la mano de la “connivencia policial y política” y la “escasez de acciones orientadas a investigar y perseguir este delito”. Esta es una de las conclusiones de un extenso informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al que accedió Página/12 en forma exclusiva, que revela la trama oculta de las redes de trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas en el país. La investigación constató que este fenómeno “compromete todo el territorio argentino” y que hay personas y organizaciones que “específicamente” se dedican a la venta de mujeres. Por una mujer se paga entre 100 y 5000 pesos, dependiendo de la zona, de la edad y las características de la “mercadería”.

La práctica más común de captación es el engaño, pero también está extendido el secuestro, particularmente en el noroeste. Misiones fue identificada como el área principal de reclutamiento. Las provincias de destino son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. De Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos provienen los proxenetas más importantes que operan en las redes de trata, algunos de los cuales regentean hasta 30 mujeres que alquilan a distintas whiskerías del país y las van rotando. La pesquisa determinó que puede pasar mucho tiempo hasta que una mujer puede liberarse del proxeneta que la explota y “hay casos en que nunca lo logra”.

El “Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina” es escalofriante. La investigación no apunta a determinar estadísticamente el alcance de este delito en el país, sino a comprender cómo se desarrolla. El informe, de casi doscientas páginas, describe los mecanismos de las redes, cómo opera cada uno de sus eslabones, cuáles son las rutas del tráfico de mujeres y cuál es el perfil de las víctimas. Las prácticas de sometimiento y esclavitud de las mujeres no han cambiado demasiado de las que utilizaba la famosa Zwi Migdal, la red de polacos tratantes que operó en los años ’20 en todo el continente y fue la primera asociación de proxenetas de la historia del país.

Para la investigación, que se desarrolló entre marzo y diciembre de 2006, se relevaron 47 causas penales por delitos vinculados a la trata, y se realizaron 55 entrevistas entre funcionarios nacionales y provinciales, del ámbito legislativo y de la Justicia e integrantes de ONG; 30 entrevistas en profundidad a víctimas y tres a tratantes. Los resultados obtenidos se resumen a continuación:

 Hay un predominio de la trata interna, aun cuando fueron identificados casos de trata internacional, sobre todo de mujeres de nacionalidad paraguaya que ingresan por Misiones y Entre Ríos.

 Aunque el estudio no cubrió todo el territorio argentino, el trabajo de campo y el contacto con distintas fuentes de información permitió inferir que “todas las provincias están implicadas”: algunas como puntos de origen, como Misiones y Santa Fe, y otras como puntos de destino, como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.

 Se constató que la práctica del secuestro es común para captar mujeres, particularmente desde la provincia de Tucumán hacia La Rioja.

 Las víctimas son mujeres mayores y menores de edad de origen humilde que viven en zonas muy pobres, con precario nivel educativo, que reduce sus posibilidades laborales y un entorno familiar inestable y no contenedor.

 La forma más común mediante la cual logran escapar las mujeres es con la ayuda de algún cliente con el que llegan a establecer una relación de confianza y al cual revelan la realidad de su situación.

 En las investigaciones judiciales aparecen implicados “en forma recurrente funcionarios públicos y políticos”.

 Se observaron “con preocupación” prácticas que van desde “la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad”.

 El análisis de las causas judiciales revela que fiscales y jueces “carecen de conocimientos básicos para el abordaje de estas formas de delincuencia”.

 Otro “déficit” de la resolución de los casos radica en que en las pocas condenas que existen tras extendidas investigaciones, “la comprobación de los hechos se agota en la identificación del regente o dueño del prostíbulo en el mejor de los casos”.

 En la provincia de Buenos Aires, en el marco del relevamiento judicial, se identificaron casos de trata en Avellaneda, Cañuelas, Dolores, José C. Paz, La Plata, Los Polvorines, Luján, Mar del Plata, Necochea-Quequén, Pablo Nogués, Salto, San Miguel y Zárate-Campana.

Reclutadores

La investigación detectó tres tipos de tratantes: reclutadores, proxenetas y regentes de prostíbulos. Para su trabajo recurren a la protección de “funcionarios públicos” y de “miembros de las fuerzas de seguridad”. Pero los tratantes también necesitan de la labor de otros “operadores secundarios”, como empleados de empresas de transporte que garantizan pasajes para el traslado de mujeres o documentación de viaje a disposición, personal de compañías de telefonía celular que proveen líneas “seguras” e individuos encargados de confeccionar documentación falsa para menores y extranjeros.

El estudio de la OIM encontró que “la captación mediante engaño” es la principal forma de reclutamiento de mujeres para su explotación sexual. La provincia de Misiones es el territorio proveedor más importante. Son vendidas a prostíbulos de distintos puntos del país mujeres de las ciudades misioneras de Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá, El Soberbio, Apóstoles, San Vicente, Campo Grande, Vapiovi, Puerto Rico, San Ignacio y Wanda, entre otras. Las reclutan a través de falsos ofrecimientos de empleo: las propuestas pueden variar desde trabajar en un restaurante, una rotisería o una fábrica, cuidar bebés o ancianos o participar de promociones. Hay reclutadores que trabajan “en relación de dependencia” para los regentes de los prostíbulos y los que lo hacen en forma independiente.

Otra modalidad común, aunque más sofisticada, a través de la cual operan los reclutadores es la realización de un “casting” en un hotel de las zonas de captación de chicas. La convocatoria se hace mediante la publicación de avisos clasificados en un diario o propaganda en alguna radio.

También es frecuente que la actividad de reclutamiento quede en manos de mujeres que ejercen la prostitución en determinados lugares: a veces son obligadas a reclutar a otras mujeres bajo coacción, indica el informe de la OIM. “Los regentes de los prostíbulos amenazan a las mujeres con dañar a su familia en su lugar de origen si no regresan o si lo hacen con menos chicas de las encargadas”, advierte el estudio.

Los investigadores pudieron verificar que en muchos casos los reclutadores actúan en pareja y simulan ser un matrimonio, a veces, incluso, con niños. “De esta manera brindan mayor confianza a las mujeres y sus familias para creer en el ofrecimiento de trabajo como niñera o empleada doméstica y el engaño se vuelve más efectivo, tal como lo confirmaron en entrevistas algunas víctimas”, destaca el paper.

En algunos casos, los reclutadores funcionan como “comisionistas” y tienen contactos con prostíbulos en distintos lugares del país de los que reciben pedidos específicos o a los cuales ofrecen las mujeres que hayan reclutado, señala el estudio. Por cada mujer captada los prostíbulos suelen pagar una comisión que varía entre 100 y 500 pesos, dependiendo de la “calidad” de las mujeres: “cuanto más jóvenes, más costosas”, sostiene la investigación. Se han detectado casos donde específicamente se solicitan mujeres menores de edad con documentos falsos. En otros, les piden que no busquen mujeres mayores de 23 años.

Los comisionistas pueden trabajar con terceros como remiseros, taxistas, vendedores ambulantes o vecinos que “bajan al terreno”: el informe aclara que pueden o no saber el verdadero destino de las mujeres o las condiciones del trato propuesto y cobran un precio estimado de 50 pesos por mujer captada.

Secuestro

La investigación detectó “numerosos casos de víctimas de trata que han sido secuestradas por proxenetas, regentes de prostíbulos o sus empleados, personas y organizaciones que se dedican al rapto de mujeres para su posterior venta a los otros operadores de la red”. El noroeste del país, señala la OIM, muestra “una asombrosa frecuencia” de esta metodología de captación de mujeres. Se trata de una práctica habitual de los proxenetas santafesinos, aunque también se han encontrado casos en Tucumán y Chaco.

El secuestro no se realiza improvisadamente. “En primer lugar, se efectúa un trabajo previo de inteligencia mediante el cual se identifican y “marcan” mujeres que cumplen las exigencias de los circuitos de trata. Posteriormente se monta un operativo tipo comando del que participan un grupo de personas donde las mujeres son interceptadas en la vía pública y forzadas a subir a un automóvil. Inmediatamente son drogadas para evitar que opongan resistencia y son trasladadas a un lugar donde son violadas y golpeadas una y otra vez. De este modo, las mujeres son sometidas y “preparadas para ser explotadas sexualmente”, señala el informe. El caso de Marita Verón, la joven secuestrada el 3 de abril de 2002 en plena calle de San Miguel de Tucumán y posteriormente trasladada a prostíbulos ubicados en La Rioja y otras provincias del país, es un “caso paradigmático” de trata mediante secuestro, puntualiza la OIM.

De acuerdo con el estudio, los casos judicializados analizados muestran que quienes utilizan el secuestro como medio de captación o reclutamiento “gozarían de vínculos directos con autoridades políticas, judiciales y policiales”.

Proxenetas

A diferencia de los regentes de prostíbulos que tienen a su cargo la administración y gestión de estos lugares, los proxenetas obtienen ganancias de la explotación sexual de una o más mujeres de su propiedad que circulan a través de las distintas instancias de la red, pero que no cuentan con establecimientos propios para que estas trabajen. “La explotación puede darse sobre mujeres que previamente ejercían la prostitución o que nunca antes lo habían hecho”, destaca el estudio. El relevamiento de causas judiciales y la entrevista a víctimas de trata reveló que el medio “más clásico” de reclutamiento de los proxenetas es el “enamoramiento”, por ello se los denominan también “maridos”. “Es decir –describe el informe–, simulan una relación sentimental y utiliza la vulnerabilidad que dicha relación genera en las mujeres”. Una de las modalidades constatadas por los investigadores mediante la cual los proxenetas consolidan el vínculo “sentimental” al tiempo que aseguran la coacción sobre sus mujeres es tener con ellas un hijo al que reconocen legalmente.

Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos han sido identificadas por distintos informantes calificados como las provincias de donde provienen los proxenetas “más importantes que operan en las redes de trata”, revela el informe de la OIM. Ellos envían a sus mujeres –algunos pueden llegar a tener treinta– bajo el sistema de plazas o alquiler a distintos cabarets y whiskerías en todo el país, especialmente Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz, donde son explotadas sexualmente, señala el estudio. Algunas mujeres que pueden generar hasta 1200 pesos por día. Y un proxeneta puede alcanzar una ganancia neta de 13 mil dólares por año por mujer.

“Generalmente pasa mucho tiempo hasta que una mujer logra liberarse del proxeneta que la explota y hay casos en que nunca lo logra”, señala el estudio. Las modalidades detectadas mediante las cuales una mujer puede romper esa relación son: comprar su libertad mediante una suma de dinero, reclutar a otra mujer que pueda ocupar su lugar o ser abandonada por el propio proxeneta cuando la edad, una enfermedad o alguna otra razón le impide producir las ganancias esperadas.

El infierno

La investigación cuenta que las mujeres engañadas o secuestradas que llegan a los locales se reconocen fácilmente porque son “las que lloran”. Si la mujer opone resistencia y se niega a ser explotada sexualmente, el regente o sus empleados ponen en marcha los distintos mecanismos de disciplina. “La mujer es violada y golpeada una y otra vez hasta que asuma su nueva condición y acepte pasar al salón a prostituirse. Asimismo, en estos casos suelen amenazarla con matarla o lastimar o matar a su familia en su lugar de origen”, describe el informe.

En los prostíbulos las mujeres pierden todo contacto con el mundo exterior. “Su circulación se reduce al salón principal del local y las habitaciones donde se efectúan los pases y en las cuales generalmente se encuentran encerradas bajo llave cuando no trabajan”, precisa la investigación de la OIM. Los preservativos que usan y la ropa con la que trabajan, tangas y corpiños, se las cobran: los gastos se anotan en una cuenta en la que ellas siempre terminan debiendo dinero al regente del local. Cuando les permiten efectuar llamadas telefónicas a su familia también lo hacen vigiladas para evitar que revelen su verdadera situación. Se han detectado casos de locales con sofisticados sistemas de vigilancia con circuitos cerrados de televisión con cámaras en todos los espacios del local, vidrios blindados o altos muros alrededor del cabaret o whiskería.

“Ellos me han enseñado a trabajar a los golpes”

Testimonios brindados a la OIM por mujeres secuestradas y obligadas a prostituirse. Relatan cómo fueron sometidas y describen mecanismos para mantenerlas obedientes y en silencio.

Los que siguen son algunos de los testimonios tomados durante la investigación sobre trata de mujeres realizada por la Organización Internacional para las Migraciones.

“Llegamos al local por la puerta de atrás. Después de dormir una siesta (...), J. O. G. nos dijo que ahora íbamos a tener que trabajar para él, que era nuestro nuevo patrón y que estábamos bajo sus órdenes. Ibamos a tener que tener relaciones sexuales con los clientes del lugar por plata (...). La tarifa simple o normal era de 20 pesos, si nos pedían alguna pose eran 15 pesos más y por una chupada sola eran 40 pesos. J. O. G. tenía un arma de fuego y nos decía que si no hacíamos lo que él decía nos iba a matar.” (Relato de una mujer de Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco, que fue reclutada en 2005, cuando tenía 14 años, y trasladada a Santiago Temple, provincia de Córdoba.)

“Cuando la dejan a A. les empezó a pedir ropa a las chicas que estaban ahí trabajando. La llevaron para una de las piezas de la casa y la hicieron cambiar y le dijeron que saldría al salón a trabajar. Ella no quería vestirse, entonces A. llamó a H. y la empezaron a golpear entre los dos, la quemaron con un cigarrillo en la muñeca izquierda y le dijeron que eso se lo harían todas las veces que fuera necesario y le pusieron la ropa y la hicieron prostituirse (...). Ellos querían hacerla ir a trabajar a otro lado, porque decían que no podían tenerla ahí, y como no quería ir la ataron a una silla dentro de la pieza y le tiraron agua con hielo mientras le pegaban una o dos veces por día y no le dieron de comer por una semana. Le decían que tendría que ir a trabajar a otro lado quiera o no ya que si no la tendrían que matar.” (Relato de una mujer de Santa Fe que fue reclutada en el año 2001, cuando tenía 14 años, y trasladada a Las Varillas, provincia de Córdoba.)

“Una noche un cliente me pegó una cachetada y me quiso tocar, a lo que le pegué una bofetada y esta persona habló a un encargado de nombre José, quien le comentó a Chenga de lo que había pasado y al llegar éste me sacó del salón y me llevó a la pieza diciéndome que el cliente era un policía de la Federal de La Rioja, y empezó a pegarme y a decirme que a partir de ese día tenía una multa de dos mil pesos.” (B. I. V, de 22 años)

“Ese mismo día me bañan, me cambian, me pintan, me arreglan el pelo y me hacen salir al salón a trabajar (...) me obligan porque yo no quería, tenía vergüenza y sin embargo me han enseñado a trabajar a los golpes. Yo lloraba y no quería saber nada (...). La vieja Liliana me pegaba mucho, casi todos los días, porque me pedía que hiciera 500 o 600 pesos los días que trabajaba en el Candy (N. de la R.: esos días trabajaba desde las 12 de la noche hasta las 15 del día siguiente) y si no llegaba, me pegaba. Un día me pegó en la cabeza y todavía tengo un coágulo (...). La vieja Liliana preparaba tres líneas de cocaína con la tarjeta de teléfono y me daba una para que aspire yo (...). Ella me decía que era para que no sea tan tonta en el salón con los clientes y para que yo trabaje más.” (Testimonio de A. D. en el marco de la causa “Iñigo David Gustavo, Andrada Domingo Pascual y otros s/privación ilegítima de la libertad y corrupción. Expediente 23444/2002.)

De cada mil casos uno tiene condena

A pesar de que todavía no existe una legislación específica que penalice la trata de personas (hay un proyecto con media sanción del Senado), hay diversas leyes que permitirían combatir algunos de los delitos que involucran el accionar de estas redes como la explotación sexual. Sin embargo, los casos que llegan a condena son poquísimos.

Entre 2002 y 2005 se registró un ingreso de 5153 casos por presunta violación a la Ley de Profilaxis en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese mismo período fueron elevados a la etapa de juicio 49 casos, se aplicó suspensión del proceso a prueba en 16 casos y se obtuvieron 5 condenas, de acuerdo con el relevamiento realizado por la Organización Internacional para las Migraciones. Es decir, “sólo llegó a condena el 0,09 por ciento de los casos”.

Entre 2000 y 2005, según el Ministerio Público Fiscal de la Nación, hubo un total de 4 condenas por promoción o facilitación de la prostitución simple en la ciudad de Buenos Aires, es decir, menos de una condena por año. En el mismo período ingresaron 2 casos con autor no identificado y 36 con autor identificado. De los 38 casos, sólo 16 casos lograron llegar a la etapa de juicio oral. La OIM advierte que estos delitos tramitan ante la Justicia penal de instrucción que cuenta con 49 fiscalías: si se compara esa estructura con la cantidad de ingresos en 5 años se observará que ni siquiera se llega a un promedio de al menos una investigación por fiscalía por este tipo de delito.

En cuanto al delito de “promoción o facilitación de la prostitución en sus modalidades agravadas”, los datos indican que entre 2000 y 2005 ingresaron un total de 43 casos (86 por ciento con autor identificado): fueron elevados a juicio 19 casos y se obtuvieron 9 condenas (20 por ciento de los casos que ingresaron en ese período). En este caso, el promedio fue de 1,8 condenas por año.

Del total de causas judiciales analizadas por la OIM, los casos de trata fueron descubiertos por denuncias de terceros, investigaciones periodísticas, fuga de víctimas o por otras causas judiciales por ejemplo, por narcotráfico o falsificación de monedas. “Esto indica la ausencia de una política criminal por parte de las instituciones encargadas de la persecución penal”, advierte la OIM en su informe sobre trata de mujeres en la Argentina para explotación sexual.


http://www.rebelion.org/noticia.php?id=44270

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