Neo-colonialismo, resistencia, crisis y transformación del Estado

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar las tendencias de las transformaciones del Estado, la gobernabilidad y el governance bajo las tendencias de la emergencia del neo-colonialismo del Estado imperial, los movimientos de resistencia y la acción colectiva que derivan en la crisis del modelo de desarrollo. Especial énfasis se hace en las implicaciones que estas variables tienen el los Estados Latinoamericanos. Finalmente, se delimitan los principales componentes del perfil ideal del nuevo Estado emergente.

Palabras clave:

Crisis, Estado Latinoamericano, Estado imperial, gobernabilidad, governance, neo-colonialismo, resistencia.

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Emergencia del neo-colonialismo en la forma del Estado imperial

Para servir a las elites capitalistas transnacionales, las elites capitalistas locales requieren de Estados recolonizados fuertes para salvaguardar los objetivos imperialistas y con capacidad para imponer y garantizar la ejecución de las reformas estructurales y de estabilización económica, a pesar de las movilizaciones populares oponentes.

Los Estados imperiales apoyan directamente a las instituciones financieras internacionales porque les sirven como instrumentos de penetración y control en los Estados neocoloniales, los que a su vez se alinean conforme a los lineamientos requeridos para convertirse en los garantes de la defensa de los intereses de los capitales transnacionales. Las instituciones financieras internacionales son parte de las extensiones de las redes formadas por los Estados imperialistas para mantener la supremacía política y económica sobre los Estados neocoloniales, los cuales se subordinan a sus dictados, siguen el modelo de corte neoliberal y se convierten en los actores más dinámicos a favor del proyecto hegemónico.

La nueva estructura neocolonial del Estado se organiza para la transferencia de valores y recursos a las metrópolis donde se ubican las grandes corporaciones transnacionales, las cuales buscan lograr mayores eficiencias en sus economías de escala y de alcance mediante un nuevo sistema de organización laboral que ha entrado en una etapa de especialización colonial como base de la creación de ventajas competitivas. A diferencia del trabajo, el capital transnacional no se encuentra regulado, pero actúa sobre aquél mediante arreglos institucionales que lo sujetan al control directo de los Estados nacionales.

Esto da origen a un Estado neo-colonial que es activo, regulador e intervencionista al igual que el Estado de Bienestar o el Estado populista, pero sus actividades, reglas e intervenciones se orientan a servir los intereses del capital extranjero y de la clase capitalista transnacional (Petras, 2001).

El Estado sigue siendo un actor de la globalidad y de la economía política mundial importante, cuyas funciones son relevantes para la promoción y el control de la estructura hegemónica del sistema capitalista imperial. La existencia de un sistema imperialista tiene sentido en la medida que se comprende la importancia que tienen las actividades de los Estados imperialistas que siguen los dictados de los capitales transnacionales para la apertura de nuevos mercados. Las ineficiencias del Estado neoliberal se manifiestan en las deficientes regulaciones y sistemas de control. Sin embargo, este arreglo estratégico del Estado es deficiente para lograr el bien público y para dar satisfacción a las necesidades y demandas sociales.

Los gobiernos de los Estados imperialistas transnacionales y las instituciones financieras internacionales de mayor influencia comparten un concepto del desarrollo global y del alivio de la pobreza centrado en la expansión económica sin límites de los mercados abiertos y de la liberalización del comercio. La identidad ciudadana se abandona y quiere ser sustituida por la condición de súbditos imperiales y consumidores-clientes.

Transformaciones de la gobernabilidad y governance del Estado

La gobernabilidad es inherente al funcionamiento del Estado y se refiere a la calidad y tipo de las instituciones, de las políticas y de los arreglos sociales que orientan la evolución del país. La gobernabilidad según Kauffman (2000) es un concepto clave en el dominio de las libertades públicas y se revela indispensable a los ciudadanos que desean pronunciarse sobre la acción del Estado. La gobernabilidad democrática recubre ámbitos complejos, que en lo fundamental tiene que ver con la capacidad del país de producir las regulaciones necesarias para conducir su proceso de desarrollo” (Saldomando, 2002).

Las estructuras de gobernabilidad global son factores exógenos en la economía global porque dan sustento a marcos normativos para las instituciones multilaterales, las grandes corporaciones transnacionales y multinacionales, los Estados nacionales, las cuales tienen impactos directos sobre las regiones y las localidades. Estos impactos demuestran las interrelaciones existentes entre los niveles globales, regionales, nacionales y locales y dejen en entredicho el modelo estratificado.

Esta tendencia de transformación regional económico-política y social reconfigura las funciones del Estado y sus capacidades de gobierno que responde al colapso de la gobernabilidad que proporcionaron las ya decadentes instituciones de Bretton Woods. El Estado como articulador de la gobernabilidad en las esferas económicas, sociales y políticas está en constantes transformaciones discontinuas conforme a un nuevo diseño neoliberal.

La forma de gobernabilidad centrada en el Estado nación se encuentra en una relación de transformación con los procesos de globalización económica del sistema capitalista. Bajo este nuevo arreglo geoeconómico global, la gobernabilidad centrada en el Estado nacional que no resiste los embates de los procesos de globalización económica pierde control en sus fronteras territoriales sobre los flujos económicos, financieros y tecnológicos en sus fronteras territoriales, para dar lugar a procesos de dependencia-interdependencia.

Bajo un nuevo arreglo geoeconómico que modifica las economías centradas en el estado nación, las unidades de producción territorialmente organizadas son sustituidas por la formación de cadenas de valor agregados que abren la competencia entre los clusters locales, las ciudades y regiones organizadas para generar espacios funcionales de aglomeramientos transfronterizos. Un Estado fuerte y una política industrial que apoye a los gobiernos locales en el desarrollo de clusters sectoriales.

Pero los procesos de globalización económica empujados por la competencia abierta de los mercados globales bajo el modelo neoliberal de desarrollo, desafían las formas de gobernabilidad institucional de los estados nación, presionan para la liberalización y desregulación de los sistemas económicos y financieros, promueven la privatización de amplios sectores de empresas públicas e instituciones de investigación y educación superior, adaptaciones de políticas ambientalistas y sociales, etc. La reforma del Estado enfatiza las reformas institucionales que fortalecen la gobernabilidad con base en un sistema democrático y de libre mercado (Prats, 1998).

El neoinstitucionalismo económico analiza las fallas de los mecanismos del Estado y sus ineficacias. El análisis económico neoinstitucional afirma el papel dominante que tienen las instituciones jurídicas y del Estado de Derecho que garantiza los derechos privados para la ejecución de los contratos entre particulares y instituciones públicas.

La economía neoinstitucional demuestra las deficiencias e incapacidades del Estado como mecanismo de gobernabilidad y coordinación que garanticen los acuerdos y compromisos sobre la propiedad. El Estado intervensionista usa el poder para colonizar la sociedad y el Estado neoliberal subyuga a la sociedad al libre juego del mercado, limitando con ello las posibilidades de la sociedad civil para establecer una gobernabilidad democrática. Las disfuncionalidades del Estado en el crecimiento económico y desarrollo social conlleva problemas de gobernabilidad.

Si bien la gobernabilidad de la globalización económica avanza, la gobernabilidad política se rezaga en muchos Estados porque se encuentra con limitaciones institucionales, sociales y de cultura política que inciden en verdaderas crisis de capacidades, las deficiencias tecnológicas que debilitan la legitimidad de los procesos de globalización y la irresponsabilidad para asumir los costos relacionados.

La lógica de la acción política crea tiempos y espacios autónomos en función más que de la contingencia, de la fidelidad a los acontecimientos (Badiou, 2000), es decir, algo imprevisible que perturba el estado de la situación y permite a quienes le son fieles mantenerse a distancia del Estado y medir su poder. La política es actividad de los actores colectivos organizados por la lógica que no busca el poder como objetivo, sino que lo dejan confinado al Estado. La liberación política es un proceso que vuelve efectivos ciertos derechos que protegen a individuos y grupos sociales ante los actos arbitrarios o ilegales cometidos por el Estado o por terceros.

Los procesos de democratización representan un paso significativo para la resolución de problemas del desarrollo económico, social, político y la consolidación de la gobernabilidad mediante cambios profundos que implican la definición de los límites entre los sectores público y privado, principios y procesos de las funciones del Estado.

Durante los últimos diez años se logró determinado nivel de consenso en torno a la delimitación de la complementariedad de las funciones del Estado y el mercado. Como una estrategia de diferenciación de las funciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales son agencias de asociación voluntaria cuyas funciones se orientan a la gestión y prestación de servicios de lo público a las comunidades que atienden.

El capital político se refiere a las actitudes y actividades que influencian al Estado. Levi (1996) desconfía de las asociaciones civiles para promover el capital social y argumenta la necesidad que tiene el Estado para crearlo. Un asociacionismo que coordine los intereses entre la comunidad y los sectores privado y público en los tres niveles de gobierno, supera la dicotomía que considera al Estado propietario como opuesto a los intereses del mercado identificado con el sector privado. El desempeño del gobierno local es una función del porcentaje de personas involucradas en asociaciones voluntarias horizontales de acuerdo con la tesis de Putnam (1993). Los países desarrollados adoptan una estructura del Estado que facilita una amplia participación del gobierno local.

Una estructura organizacional del gobierno se basa en una visión acerca de las funciones propias del Estado-nación y las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. De hecho, las transformaciones en las competencias y funciones del Estado nación ha dado lugar a que también se presenta una nueva formulación de competencias y funciones en los demás niveles de gobierno, sobretodo los locales y municipales. El cumplimiento de las funciones reguladoras del Estado requiere de atributos de fiscalización para exigir el cumplimiento de las regulaciones y normas.

Las actividades altamente especulativas de los sectores financieros que promueven la economía global requiere de las funciones reguladora del Estado para asegurar que la volatilidad de los mercados emergentes de capitales no perjudiquen sus inversiones y garanticen la estabilidad del mercado financiero para lograr el retorno máximo de utilidades sobre las inversiones a pesar de las crisis financieras.

Las funciones públicas contingentes toma en consideración aquellas actividades que pueden ser subcontratadas (outsourcing) o privatizadas y que desestructura las principales funciones del Estado moderno a las que Dror (1995: 222) denominó como “las funciones de orden superior” del Estado. Los esfuerzos para alterar la dirección de las actividades del Estado en un movimiento para alterar la centralidad de su función económica que será paralelo con funciones activistas del Estado en los procesos de concentración económica y la jerarquización de las relaciones sociales y económicas.

Contrariamente a la retórica de los empresarios y la clase capitalista transnacional, el Estado seguirá desempeñando un rol importante que requieren el fortalecimiento de sus funciones de regulación, cuya finalidad es eliminar los riesgos que pueden atentar contra sus inversiones y garantizar la reproducción y el acrecentamiento de sus capitales. La autorregulación propuesta por el sistema capitalista en forma de desregulación que reduce las funciones del Estado al mínimo a partir de la idea de que el gobierno sólo debe hacer lo imprescindible, ha sido solo una fantasía.

Para los proponentes del intergubernamentalismo, el diseño institucional de las nuevas formas y estructuras de gobernabilidad del orden económico global se concentra en la fundación, consolidación y participación de organismos multilaterales creados y controlados por los Estados nación como los actores principales, sin considerar la participación de los actores privados. La importancia que para los intergubernamentalistas adquieren la governance local y regional como base de las normas globales y la competitividad en los procesos de integración económica, se fundamenta en las interacciones locales del mercado, el Estado y los actores sociales.

De acuerdo con este modelo, las conexiones para mejorar la administración y construir una gobernabilidad efectiva son el desempeño administrativo del gobierno, los ciudadanos que se involucran en la medición del desempeño y los ciudadanos que se involucran en las políticas gubernamentales y su implementación y finalmente, el alineamiento estratégico de los tres elementos de governance referidos como tal a la naturaleza y estructura de acceso a las funciones de alto mando del Estado.

Inicialmente el término governance fue utilizado como governing o proceso de gobernar a través de las organizaciones de gobernación y que ha derivado en el concepto de un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado.

De acuerdo a Martínez Nogueira (2001), el concepto de gobernancia o governance, enfatiza “la capacidad de orientar, impulsar y promover comportamientos sociales no sometidos a las relaciones jerárquicas propias del aparato administrativo del Estado. Gobernancia es la capacidad financiera y administrativa para implementar las decisiones políticas. Para Mayntz (2000) el término governance significa un “nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado”.

De acuerdo a la teoría neoinstitucional de la economía, el subdesarrollo es resultado de las fallas del Estado para proveer las estructuras de governance necesarias para garantizar las instituciones que apuntalan el desarrollo de los pueblos. Sin embargo, el subdesarrollo no fue el pecado de una omisión de países en el margen de la industrialización moderna, sino activamente un proceso viejo en el cual los términos comerciales fueron arreglados en detrimento de los Estados débiles productores de bienes primarios (Portes, 1997).

El neoinstitucionalismo recomienda un Estado fuerte pero limitado en sus funciones. La formación de redes de política pública es una alternativa que tiene el Estado para instrumentar procesos de governace colaborativos y participativos que involucre a los actores en las decisiones y políticas públicas.

La eficacia del control social tiene una relación estrecha con la fortaleza que el Estado tenga para implementar sus políticas públicas. La teoría del interés se divide en la escuela del interés público y el interés privado. La teoría del interés público se centra en los procesos de reforma para fundamentar las respuestas políticas a las demandas de la ciudadanía que justifica el uso de nuevas formas de intervención del Estado mediante políticas públicas que dan respuesta a los servicios demandados al gobierno.

El ordenamiento vertical de las políticas públicas sectoriales ponen a prueba la capacidad del Estado, por lo que los procesos de reterritorialización tienden desectorizar la acción del Estado. Las normas básicas y las formas de regulación se refuerzan mutuamente con el Estado de Derecho y con las estructuras institucionales integradas por las redes de los actores políticos estratégicos y por el conjunto de las políticas públicas, económicas, sociales, etc.

Sin embargo, a pesar de las propuestas neoliberales de libre mercado, el Estado sigue siendo un instrumento de control de las transnacionales en contra la tesis de Toni Negri que sostiene la supremacía de las transnacionales en el gobierno global. A pesar de las tendencias neoliberales que limitan las funciones y actividades del Estado, su participación sigue siendo fuerte para regular los procesos económicos.

Implicaciones del Estado Latinoamericano

En América Latina se construyó el modelo de Estado subsidiario en un contexto de dictaduras que reprimen el disenso mediante el control concentrado de los medios de comunicación. Después de años de dictadura militar en algunos países latinoamericanos, las instituciones creadas para el establecimiento de mecanismos del sistema democrático y de la distribución inicial de la riqueza que afecta las inversiones de capital humano y de capital físico, tiene un papel importante en la determinación de los niveles de pobreza y de mercado competitivo han estado en conflicto con las orientaciones ideológicas prevalecientes Por su naturaleza las funciones del Estado son regulatorias, fiscalizadoras y sancionadoras, las cuales se cumplen a través de la emisión de leyes, normas, etc.

El perfil de las burocracias latinoamericanas se aleja del modelo racional de burocracia de Weber para ajustarse a las necesidades del modelo de Estado social democrático. Los países latinoamericanos han transitado por tres reformas de Estado desde mediados del siglo pasado en la que han impulsado tres estrategias de desarrollo.

La primera, denominada modelo de industrialización por sustitución de importaciones, se centro en una estrategia de crecimiento económico basado en la protección de los mercados internos y en una política social dirigida por el Estado de bienestar mediante una administración burocrática que pretendió racionalizar los recursos y las políticas publicas para lograr una distribución justa y equitativa del ingreso de las personas para lograra mejores niveles de vida.

La inminente crisis fiscal del Estado benefactor propicio a mediados de los ochenta las reformas denominadas como de “primera generación” que se orientaron a lograr el crecimiento económico mediante una política de liberalización económica, la redefinición de las funciones y reducción de tamaño del Estado, y por ende de sus costos, transfiriendo la responsabilidad de dirección de la nueva estrategia de desarrollo al mercado y a los particulares.

La implantación formal de esta perspectiva en los Estados latinoamericanos fue denominada ajuste estructural y consistió básicamente de siete pasos: la apertura unilateral de los mercados foráneos, privatización extensiva de las empresas del Estado, desregulación de bienes, servicios y mercados laborales, liberalización del mercado de capital, con una privatización extensiva de los fondos de pensiones, ajuste fiscal basado en una reducción drástica de del gasto público, reestructuración y adelgazamiento de los programas sociales apoyados por el Estado con un enfoque de esquemas compensatorios para los grupos más necesitados y el fin de la política industrial y cualquier otra forma de capitalismo de Estado y concentración de la administración macroeconómica (Portes, 1997).

Los Estados latinoamericanos se encuentran en procesos de transformación institucional bajo las premisas de que el mercado es mejor asignador de recursos de la economía y de que las funciones del Estado deben lograr una mayor eficiencia, transparencia y probidad en el uso de los recursos orientados a la promoción del crecimiento económico igualdad de oportunidades en la satisfacción de las necesidades y demandas sociales, fortalecer la participación de los ciudadanos y la defensa de sus derechos. Si el Estado falla en la asignación óptima de los recursos entonces se espera que sea el mercado el que lo logre.

La reforma del Estado Latinoamericano incorpora los principios propuestos por el modelo neoliberal tales como delimitación de funciones, uso de contratos, reducción de tamaño del Estado, orientación a los consumidores y usuarios, disminución de intervención en la economía, control y recuperación de costos, incremento de la capacidad de gobierno o governance y de la gobernabilidad, rendición de cuentas, etc.

La recesión económica es profunda desde 1998 en muchos estados latinoamericanos provocada por el descenso de los bienes de consumo y las crisis financieras, con un crecimiento económico menor que en otras partes del mundo.

Las características de los Estados latinoamericanos débiles que tienen relación con los fallos del Estado están relacionados con factores tales como la fortaleza del Estado, la estabilidad de la población, el bienestar económico de la población y su posición geoestratégica.

Entre algunos de los factores que influyen negativamente en la implantación de un Estado de Derecho, y que caracterizan al Estado Latinoamericano, Dalton (2002) señala entre otros, en el ámbito político, una soberanía débil debido a la falta de un monopolio efectivo de la fuerza del Estado sobre el territorio, falta de separación entre lo político y lo jurídico que sujeta la práctica jurídica a la lógica política y a las presiones e intereses de los políticos.

La gobernabilidad reluctante se caracteriza por la nula o poca presencia del Estado, por un control difuso territorial y por una diversidad de fuerzas que pretenden legitimar la autoridad. Sin embargo, un grado considerable del poder del Estado y la burocracia gubernamental autoritaria todavía permanece en muchos países de Latinoamérica.

El Estado subsidiario en Latinoamérica difícilmente puede alcanzar la estabilidad democrática aún contando con el apoyo de una sociedad civil fuerte, aunque esta si puede influir en la corrección del rumbo del Estado a través de movimientos sociales y revolucionarios. Sin embargo, en los Estados latinoamericanos es muy difícil determinar que los procesos de democratización sean un efecto de la globalización.

Al parecer, la única disyuntiva para los Estados latinoamericanos es la integración al imperialismo estadounidense o europeo sin que se concrete una resistencia como un gran bloque de naciones. La integración de bloques regionales de países con instituciones supranacionales en un entorno de mercado global competitivo, puede ser considerada como el último reducto estratégico del Estado de Bienestar que resiste a los procesos de globalización como el caso del cono sur en América Latina.

Resistencia y acción colectiva

Los nuevos movimientos sociales construyen organizaciones y redes de resistencia y se constituye en un poderoso “atractor” para los procesos de transición. Los movimientos sociales surgen de las crisis de legitimidad motivados por una reconstrucción del Estado.

La estrategia orientada a limitar o reducir las funciones del Estado está enfocada a desviar la acción de los movimientos sociales hacia su integración a las organizaciones no gubernamentales, a efecto de poder controlarlas desde la misma estructura del poder del Estado.

Los movimientos sociales que surgen desde abajo se organizan por grupos que se coordinan en función de afinidades de nuevos actores sociales que se oponen a la marginación y exclusión y exigen una ampliación de la ciudadanía asumida a través de un pacto social que explicita obligaciones y responsabilidades frente a un Estado de Derecho. Los esfuerzos para organizar y unir los sectores marginados con el propósito de representar sus intereses en los centro de poder del Estado ha resultado en ser políticamente difícil y muy peligroso.

A partir de los fundamentos teórico-metodológicos de las relaciones entre el desarrollo económico y las instituciones jurídicas que establece la Nueva Economía Institucional, se superan las limitaciones del análisis del “movimiento del derecho y el desarrollo”, y se establecen las bases para la construcción del Estado de Derecho promovente del desarrollo económico.

La teoría de la acción colectiva voluntaria (public choice) explica la provisión de los bienes públicos y fundamenta un orden social sin coerción del Estado en la motivación humana. La acción colectiva se expresa a través del Estado delimitada formalmente por las normas constitucionales que establecen los mecanismos de ejercicio de los procesos políticos y de toma de decisiones del poder del Estado, siempre limitados por la justicia procedimental imperfecta y sustantiva. Las constituciones señalan las interrelaciones ideales entre los poderes autónomos y equilibrados y los derechos civiles contra el Estado, muchas de las veces difícilmente aplicables a la realidad de las situaciones.

Por lo tanto el gobierno de un Estado puede usar la fuerza y la coerción para eliminar las fallas de mercado debido a los problemas de la información asimétrica y la acción colectiva, los impedimentos para la contratación, etc. El Estado totalitario ignora límites y controles democráticos al ejerció del poder, opuesto a los enfoques economicistas, como el de Buchanan (1999) que enfatizan las limitaciones y restricciones en las facultades de la acción colectiva del gobierno nacional.

Crisis del modelo de desarrollo

Los mercados internacionales de capital dan forma a un nuevo poder fáctico supranacional que sobrepasa la soberanía de los Estados y les fiscaliza e impone una disciplina de política económica que en varias ocasiones causa crisis. Las instituciones financieras internacionales se encuentran desfasadas con respecto a los avances que realizan los mercados financieros internacionales con altos niveles de inestabilidad y en donde son reales los peligros de la aplicación del fundamentalismo del mercado derivan en profundas crisis financieras que devastan las economías emergentes.

Estas políticas han derivado en graves fracasos: crisis financieras repetitivas de los Estados Nación endeudados y aumento de las desigualdades sociales. En las últimas tres décadas muchos países han experimentado estas crisis: México en 1973, 1982 y 1994-95, Argentina en 78, 81 y 2001, varios países europeos en 1992 y 1993, el Este asiático en 97-98, Rusia en 1998, Brasil en 1999 y Turquía en 2000-01.

El otorgamiento de los créditos a los países pobres llevan como condición que se sometan a un programa de ajuste estructural que implican medidas tales como la liberación de controles a las inversiones extranjeras y a los flujos financieros, desregulación de los mercados, privatización de empresas propiedad del Estado, reducción de las políticas sociales y control salarial, entre otras. Los procesos caóticos de privatización se justifican con el diseño de un Estado pequeño y eficiente” sin que necesariamente implique funcionar de una forma diferente ya que ignora el fundamento de a quien sirve.

La crisis permanente del Estado social y democrático de derecho y sus funciones más características, contribuyen a acelerar el proceso de descomposición social, el desenraizamiento cultural, y la caída en la anomia y la delincuencia, que sirve de justificación del dispositivo de represión y criminalización. La aplicación de la ley se vuelve difícil en tanto que el Estado redefine su papel, lo cual resulta en un papel de credibilidad. Petras (2001) sostiene que la frecuencia y la creciente intensidad de las crisis ha transformado el papel del Estado desde policía a bombero apagando el fuego de las conflagraciones financieras.

Las instituciones del Estado pasan por severas crisis políticas de tal forma que provocan disfunciones y terminan en fallas en las que el Estado no puede garantizar el orden político. Goodson (2001) identifica tres niveles de fallos del Estado: desintegración, fragmentación y colapso. A escala local, las disfuncionalidades institucionales pueden ser mayores por la falta de coordinación con la burocracia del Estado y la carencia de sensibilidad para detectar las necesidades comunitarias para administrar programas de desarrollo.

La separación de las instituciones del Estado de las dinámicas sociales internas ha colapsado al Estado cuyas funciones han sido absorbidas por redes de transacciones legales e ilegales entre patrones y clientes que dan lugar a una amplia marginalización que se manifiesta en el ejercicio de actividades informales de la economía como una forma de supervivencia.

Los sistemas políticos que no evolucionan están impedidos de hacerlo, entre otros motivos, por las crisis y cambios en las estructuras económicas, o porque su soberanía se limita al supeditarse al diktat de otro Estado u organización transnacional. Las instituciones políticas se vuelven sumisas a las leyes del mercado y más que decisiones electorales, son los caprichos de los mercados financieros quienes rigen los destinos de un Estado cuya principal función es la protección de los intereses de un sistema económico al servicio del capital, así la ideología estadounidense sirve a los intereses del capital.

La crisis institucional se profundiza por la falta de una ideología de identidad, en parte porque la identidad nacional disociada del Estado se convierte en ideología con corresponsabilidad en el modelo de desarrollo. La crisis de identidad nacional es resultado de la crisis del Estado nación, es decir, de la separación entre ambos, lo que da lugar a que la ideología nacional sea reemplazada por la ideología del mercado.

La identidad comunitaria se expresa como una reacción a las crisis de legitimación e integración del Estado nacional, lo que también implica que los gobiernos nacionales atraviesen por una crisis de legitimidad y por lo tanto requieren del apoyo de actores sociales representativos para lograr su legitimación. Estos conflictos se manifiestan en tal forma que las identidades socioculturales individuales y comunitarias destruyen la legitimidad del Estado transformando sus funciones mediante una nueva forma de organización en redes para desarrollar las capacidades de negociación con las redes globalizadoras de la información, la telecomunicación y la economía.

Hacia un nuevo perfil del Estado

El modelo proteccionista del Estado benefactor y el modelo del Estado neoliberal o de libre mercado están agotados y la socialdemocracia se apresta a proponer la reconciliación entre los anteriores en el modelo de la “tercera vía” para la nación cosmopolita, una nación activa, construida sobre un significado diferente al del Estado nacional. Destacados neoliberales están retomando concepciones mas intervensionistas del Estado.

El mejor acercamiento es una amalgama de instituciones de mercado y de Estado. El hecho de que los individuos actúen solos en un mercado no regulado no necesariamente logran maximizar la satisfacción de sus preferencias, aunque tampoco sugiere que el gobierno mejorará o empeorará las situaciones mediante instituciones legales. El paradigma de asignación se basa en ciertos principios, tales como la maximización social puede operacionalizarse, los participantes del Estado tienen conocimientos que son superiores a los participantes del mercado que lo obtienen de los procesos del mercado y los representantes del Estado tienen incentivos para usar sus conocimientos superiores para maximizar el bienestar social (Voigt y Engerer, 2002).

Lamentablemente, hasta ahora algunas experiencias fundamentadas en estos principios han demostrado su inviabilidad, como el caso del programa de “bienestar para trabajar” que el Estado diseña e instituye con dos finalidades aparentemente contradictorias, tanto para proveer asistencia como para motivar al trabajo.

El rol estratégico del Estado es adoptar políticas que maximicen los beneficios y minimicen los costos de la integración mediante acuerdos estratégicos regionales. Así, la función principal del nuevo Estado regulador es mantener la estabilidad de los mercados financieros para proteger los movimientos especulativos de los capitales de la volatilidad de los mercados emergentes, mediante la movilización de recursos financieros de otras fuentes, pero principalmente los provenientes de mayores cargas impositivas a contribuyentes con ingresos bajos.

Es necesario que las Instituciones Financieras Internacionales se sometan al derecho internacional, especialmente a los protocolos y a los acuerdos que han suscripto la mayoría de los Estados miembros.

En los procesos de consolidación democrática, "las reglas del juego político se institucionalizan". La institucionalización y racionalización de conceptos prevalecientes hasta convertirse en mitos racionalizados, son fuentes de la estructura formal de las organizaciones. La institucionalización puede prescribir normativamente ciertas respuestas o adaptaciones a las nuevas condiciones manteniendo el status quo institucional, a pesar de que las organizaciones no se adhieren perpetuamente a las instituciones.

Las nuevas formas y arreglos institucionales requieren de características y capacidades que absorban las incertidumbres de las acciones corrosivas de los mercados. El mercado en la aplicación de las presiones comerciales y las organizaciones basadas en los miembros (OBM) trabajan juntos por el interés propio, la afiliación local y la solidaridad.

Es en este espacio de lo público en que se desarrolla la vida pública de las instituciones políticas y el Estado. Los procesos de publificación es la extensión de lo público más allá del Estado (Cunill, 1997). Es en la esfera pública donde “se manifiestan necesidades, se expresan demandas, se produce la construcción social de las instituciones y se delibera sobre el alcance y las modalidades de relación permisibles, legítimas y eficaces entre el Estado, los mercados y las OSC”, de acuerdo a Martínez Nogueira (2001).

De acuerdo al estudio de Campos y Nugent (1998), las instituciones relevantes para el crecimiento económico son modificadas deliberadamente. Un trabajo posterior de Campos (1999) sugiere que existe un grupo de variables institucionales fundamentales para la promoción del desarrollo económico, entre las que destacan la calidad de la burocracia y el Estado de Derecho.

La administración del desarrollo debe superar los viejos esquemas y moldes creados en torno a la dicotomía entre un modelo de desarrollo centrado en una economía planificada, propiedad del Estado y una economía centrada en el mercado y en la privatización de los medios de producción. El Estado es uno de los actores sociales que puede promover un desarrollo más equitativo y justo. Existe un reconocimiento generalizado de que un desarrollo exitoso requiere de un Estado fuerte. El Estado de Derecho de un país es el creador de un conjunto de incentivos que inciden en el desarrollo económico a través de un marco institucional para el control y la accountability del poder público.

Un Estado democrático aplica con legitimidad el monopolio de la fuerza con una relativa independencia de los intereses socioeconómicos de tal forma que facilita y apoya la participación social y protege el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos. En un Estado democrático de Derecho, señala Acuña (1999), “... los valores democráticos son mucho más que procedimientos para acceder al poder" Por lo tanto, no se trata solamente de que el Estado regule las actividades del mercado, ni tampoco de que el mercado se libere de la acción del Estado, aunque es importante reconocer la legitimidad de la aplicación de ciertas limitaciones sociales y políticas a la acción del mercado.

El derecho es un instrumento del Estado que constituye un sistema de incentivos y obstáculos que encausan los comportamientos en determinados cursos de acción de conformidad con los objetivos que un sistema económico y social se plantea para su proceso de desarrollo. Por lo tanto, existe una relación de influencia recíproca directa entre el Estado de derecho y los niveles de desarrollo económico, social y político, aunque existen algunos análisis que tratan de explicar algunos impedimentos del desarrollo jurídico en un Estado de Derecho, el cual debe crear las condiciones para el ejercicio de los derechos civiles y político democráticos. Es el mismo Estado uno de los actores sociales que debe impulsar el crecimiento económico y el desarrollo en una forma equitativa y equilibrada entre las diferentes regiones.

En la promoción de la equidad, por ejemplo, el Estado acepta e institucionaliza las diferencias. La equidad es el eslabón perdido entre el crecimiento y la reducción de la pobreza. La función del Estado está en la elaboración de programas de combate a la pobreza y en el desarrollo de una red de instituciones y de relaciones que faciliten dichos programas.

La política de bienestar socialdemócrata centra la responsabilidad en el Estado para desmercantilizar la provisión de los beneficios sociales sobre la base de principios de universalidad. igualdad y cobertura global. No existe una relación directa entre igualdad y eficiencia porque los pobres carecen de las propiedades necesarias para disparar mecanismos de responsabilidad que controlen el poder del Estado.

A pesar de las limitaciones burocrático-políticas y su incompatibilidad con los objetivos, el Estado puede intentar alcanzar una mayor igualdad sin menoscabo de la eficiencia. Las políticas redistributivas del Estado tienden a igualar las oportunidades y opciones de elección de los individuos que la desigualdad limita y que se manifiesta en una falta de libertad para tener acceso en igualdad de circunstancias a los bienes.

Este modelo de bienestar es incompatible con el apremiante avance del capitalismo desregulado, ante cuyas presiones de adaptación, la orientación del bienestar social de la socialdemocracia activamente han redireccionado la aplicación de recursos y servicios a las familias jóvenes. El Estado adopta varias estrategias desmercantilizadoras, tales como la individualización de los beneficios, aliento de la solidaridad basada en la familia y redes primarias, delegar las responsabilidades a instancias locales y fomentando la gestión privada del bienestar para atender a la precariedad integrada de los segmentos en situación de vulnerabilidad social.

En muchos Estados no hay acuerdos en torno a su naturaleza y tareas propias, sus funciones, obligaciones y límites frente a los desafíos de la globalización en sus dos vertientes, como proceso y como ideología. Sin embargo, los analistas y teóricos de los procesos de globalización se equivocan cuando sentencian la muerte prematura del Estado nación, cuando en realidad se aprecia fuertes procesos de transformación de sus funciones en la economía política mundial.

Las naciones-estados, organizaciones y administradores son actores que responden a los retos de las instituciones existentes. El estado ya no es concebido como el conjunto de mecanismos de poder y dominación de una sociedad, pero los imbalances de poder entre los Estados pequeños y las grandes corporaciones transnacionales necesitan ser regulados globalmente.

La globalización requiere ser impulsada mediante un proyecto multilateral para la recreación del Estado de bienestar por vía neokeynesiana, en el centro del cual debe estar un ambicioso proyecto educativo en todos los niveles, especialmente para los países no desarrollados (Rodríguez Araujo, 2003).

La expansión del gasto bajo el estado de Bienestar es resultado de un efecto combinado del interés creciente de la población de nuevos arreglos institucionales para la protección del ingreso y la provisión de servicios sociales, los cambios de las fuerzas políticas y una movilización gradual de nuevos votantes. El existente sistema de arreglos del estado de Bienestar influye en la conducta de los votantes.

El incremento gradual de la demanda por la protección del ingreso y la provisión de servicios sociales mediante arreglos del Estado de Bienestar, es resultado de la incertidumbre y de las limitaciones en los procesos de toma de decisiones políticas que deben ser secuenciales. La naturaleza secuencial de los procesos políticos dificulta la coordinación de las demandas de los grupos de interés debido a sus presiones.

El modelo coordinativo, desde un enfoque normativo, no se desarrolla a partir de la creación de la comunidad como el integrativo, sino que lo hace a partir de las prácticas y puntos de vista compatibles que logra mediante demandas a los diversos grupos que forman parte del Estado-nación. Así las comunidades locales pueden ser instrumentos de coordinación más eficiente si logran ventajas de eficiencia por sobre los mecanismos del mercado cuando los contratos son incompletos, y del Estado en los casos en que se tiene la información local. En arreglos de Estado de Bienestar universal que cubre a la población total, los grupos de la población compiten por beneficios y dan lugar a conflictos de interés.

La democracia no es garantía del Estado de Bienestar porque los ciudadanos pueden votar por un gobierno que elimine los programas asistenciales. El incremento del gasto del Estado de Bienestar es influido por las normas constitucionales y por arreglos institucionales que resultan más en sistemas donde hay tendencias de votación mayoritaria que tiende a proteger a ciertos grupos más que en sistemas donde hay más proporcionalidad en las votaciones.

Los sistemas de seguridad social del Estado de bienestar se exponen a los riesgos morales del free rider (gorrón) debido a las dificultades para establecer criterios objetivos que discriminen entre los individuos que debido a su mala suerte lo necesitan y aquellos que se aprovechan de las circunstancias como beneficiarios que no lo merecen. La aplicación de normas sociales en el trabajo puede prevenir la obligación moral que tienen los individuos para sacar provecho propio de ciertos beneficios de los arreglos del Estado de Bienestar.

La dinámica del Estado de Bienestar es potencialmente importante para entender la emergencia de nuevos arreglos y su reingeniería cuando tienen problemas financieros y cuando nuevos desarrollos socio-económicos los hacen menos relevantes, tales como crisis económicas, desarrollos demográficos no esperados, bajas tasas de crecimiento de productividad y desempleo que genera disturbios macroeconómicos. Las políticas para restaurar la viabilidad financiera del Estado de Bienestar se orientar a reducir las tasas de la generosidad de beneficios, altas tasas de impuestos y alargamiento de la edad de retiro.

La estructura de los nuevos arreglos del Estado de Bienestar tiende a depender de la estructura anterior. Los procesos de industrialización por los que atravesaron los diferentes países incrementaron la demanda de arreglos formales de protección de ingresos para algunas eventualidades como desempleo, enfermedad y retiro. Los arreglos del Estado de Bienestar pueden contribuir a la estabilidad social y política y por lo tanto, favorece la inversión real y el crecimiento económico.

Ciertos tipos de interdependencia dinámica entre las conductas privadas y los arreglos del Estado de Bienestar puede caracterizarse como espirales virtuosas, al igual que ciertos tipos de políticas del Estado de Bienestar sobretodo cuando operan simultáneamente en otros fenómenos sociales, como por ejemplo las políticas diseñadas para mejorar la calidad y cantidad de capital humano entre los grupos de bajos ingresos.

En un mundo de alta movilidad geográfica laboral se esperaría que el incremento de las demandas para la provisión de servicios asistenciales al Estado de Bienestar se trasladaría desde los mismos Estados hacia los niveles internacionales, las cuales son probablemente más fáciles de satisfacer en los sistemas basados en contribuciones con cuentas individuales atadas a los individuos independientemente de donde vivan.

El riesgo para emprender puede ser reducido por determinados arreglos del Estado de Bienestar los cuales pueden tener serias consecuencias como un elemento importante para estimular la dinámica económica. No obstante, en sistemas de arreglos de Estado de Bienestar universal, los conflictos de intereses que surgen entre los diversos grupos tienen a incrementarse una vez que se despliega el velo de la ignorancia de la posición socioeconómica de los individuos.

Las normas sociales cambian con el número de beneficiarios estableciendo posiciones de equilibrio político diferentes dependiendo de los patrones del gasto del Estado de Bienestar. Cambios inducidos en las normas sociales son importantes en el caso de los Estados de Bienestar selectivos o residuales y en los universales en donde los beneficios se atan más a la ciudadanía o residencia que a los bajos ingresos, lo que no hace evidente que los costos de administración sean menores en el sistema universal que en el selectivo. Mientras que promueven los valores democráticos apoyan dictaduras de los Estados clientes que reprimen movimientos democráticos para beneficiar a sus empresas y productos.

La reforma del Estado debe vincularse con las formas de gobierno y organizaciones de poderes públicos democráticos. La reforma del Estado debe fortalecer los gobiernos para realizar prácticas más efectivas de coordinación, comunicación, flexibilidad y participación, que tienden a la eficiencia adaptativa pública y privada, promueve el aprendizaje social para la formulación e implantación de políticas públicas que garantizan un mejor desempeño del crecimiento económico y desarrollo social. Por lo tanto, la reforma del Estado debe partir de una visión de su papel en el nuevo modelo de desarrollo.

Se propone la formación de un Estado ampliado como una esfera o espacio de acción donde concurran y colaboren en forma sostenida las instituciones de las esferas del Estado y la sociedad civil para impulsar proyectos que sean comunes, sin que ninguna pierda su identidad, la cual se manifiesta y s expresa en las diferentes instancias espaciales.

El Estado resulta ser una entidad económica y política demasiado grande para ser local y demasiado pequeña para ser global. Para atender las diferencias locales, bajo un enfoque de federalismo, el Estado debe formular e implementar políticas diferenciales que consideren sistemas de incentivos a los comportamiento de los actores sociales y políticos para desactivar la relación perversa existente entre la clase política y el clientelismo y operen como articuladores del desarrollo económico social local.

La ampliación de la participación de los gobiernos locales en la solución de sus propios problemas, requiere de estructuras político burocráticas diferentes a las actualmente adoptadas por el Estado nación, por lo que será necesario su transformación para adaptarse a desempeñar un nuevo papel. Los cambios en la política social tienen un impacto desigual en los papeles y responsabilidades del Estado en los diferentes sectores y un impacto moderado en el éxito en el fortalecimiento de la capacidad de administración social de los gobiernos locales.

Habermas (1994) sustituye la identidad nacional por la identidad postnacional con fundamento en el Estado de Derecho y la democracia. El surgimiento de un nacionalismo cosmopolita formador de identidad postnacional es la consecuencia directa de identidades nacionales que están en apertura a entornos que exigen más tolerancia y pluralidad ideológica, y que se basa en los principios universalistas del Estado de Derecho y de la democracia. Para que el Estado nación alcance sus objetivos en esta comunidad imaginada, los extranjeros no se les dejaría en la percepción de patriotas que son residentes y se convierten en autóctonos.

El papel del Estado democrático entra en conflicto con el capitalismo postindustrial globalizador entre los procesos de mercantilización y desmercantilización de la política social. El surgimiento del Estado postnacional evoluciona el concepto de nación como el invento moderno que legitima el dominio de un pueblo politizado sobre un territorio determinado.

De acuerdo a Castells, el Estado-red plurinacional es el Estado real actual que surge de la red de los Estados-nación y que requiere de una nueva legitimidad política. La estructuración flexible del Estado-red en el concepto de Castells (1998) se combinan los principios de subsidiariedad, flexibilidad, coordinación, participación ciudadana, transparencia administrativa, modernización tecnológica, transformación de los agentes y retroalimentación en la gestión.

La ciudadanía ha estado alcanzando nuevos espacios de participación frente al Estado en las últimas décadas, pero además emergen nuevos actores sociales que se reconocen en su ser ciudadano conscientes para involucrarse como agentes en el nuevo sistema social en prácticas concretas de participación ciudadana que puede ser distributiva, relacional y representacional. El buen gobierno propicia beneficios que facilitan la participación ciudadana, mantienen la estabilidad política, garantizan la transparencia y la existencia de un estado de derecho que crea confianza entre los ciudadanos (Orozco, 2001).

Una ciudadanía activa en el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales y un Estado de Derecho legitimado son requisitos de un sistema democrático. La naturaleza del poder político que expresa el Estado se delimita en función del grado de legitimidad alcanzado por la participación ciudadana. La ciudadanía ha estado alcanzando nuevos espacios de participación frente al Estado en las últimas décadas, pero además emergen nuevos actores sociales que se reconocen en su ser ciudadano conscientes para involucrarse como agentes en el nuevo sistema social en prácticas concretas de participación ciudadana que puede ser distributiva, relacional y representacional.

El reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en un Estado de Derecho y un sistema democrático, constituyen la base de los procesos de descentralización y el control social. La ciudadanía tiene que participar en la gestión de los servicios públicos para legitimar las acciones de un Estado ágil, con un gobierno que integración y equilibrio social y que atiende a las demandas sociales.

El Estado de Derecho sustentable en una democracia radical se define como el ideal en el que la ley se aplica igualmente a todos los individuos, es decir en forma de isonomia que incluye a gobernantes y gobernados por igual. En la agenda del Estado de Derecho, quedan por resolverse algunas cuestiones importantes, entre las que se destacan, la diversidad de legalidades que coexisten en un mismo territorio y cuyos marcos comunes pueden ser el fundamento para una más avanzada, la institucionalidad informal que sustituye o coexiste con la formal y contribuye al debilitamiento de las instituciones. Los limites de la legalidad no son los mimos de lo legítimo.

La reforma política implica la reforma del Estado y la reforma de las instituciones de gobernabilidad. De hecho, los contenidos de un pacto de gobernabilidad deben quedar trazados en la agenda de la reforma del Estado, de tal forma que vincule la gobernabilidad con la democracia en la transición del Estado, que aliente la participación ciudadana como base de los procesos de democratización. La mayor parte de las actividades económicas pueden estar representadas como procesos continuos con transiciones de Estados a Estados en los cuales los agentes pueden afectar el curso de las transiciones, y la aprobación de algunos agentes se requiere para las transiciones.

El orden político tiene como principios la relación que existe entre los fines legítimos del gobierno y los derechos de los ciudadanos, establecimiento de límites a la toma de decisiones gubernamentales, la relevancia de decisiones políticas sobre derechos que son ampliamente y valiosamente aceptados da lugar a mayores niveles de captura de rentas, por lo que North, Summerhill y Weingast (2002) concluyen que una reducción en la relevancia de las decisiones políticas permite al Estado la creación de compromisos más creíbles, esenciales para mantener los derechos políticos.

Los derechos políticos, cívicos, sociales y jurídicos como elementos de un proyecto de vida social se ejercen en el ámbito del Estado nación, entidad que conforma la voluntad de un pueblo para establecer elementos de relación pacífica, enlace cultural y entendimiento con otras culturas. La teoría de la autoridad –cultura de Eckstein (1996) sostiene que el papel dinámico de la cultura en los procesos de cambio político.

El nuevo modelo de gestión pública requiere que los procesos de formulación e implementación de las políticas públicas están estrechamente vinculados con las capacidades del Estado y sus contribuciones al logro de la gobernabilidad democrática.

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José G. Vargas Hernández, M.B.A.; Ph.D.

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