PERÚ - El referéndum sobre la corrupción

7 de diciembre de 2018 - CELAG - El 2018 ha sido un año intenso para la política peruana, entre la dimisión presidencial y la visibilización de una red de corrupción extendida en distintos ámbitos estatales. Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra ha crecido en las encuestas al mismo tiempo que el fujimorismo y el aprismo dilapidaban catastróficamente su imagen pública. Lo que se denominó ‘fujiaprismo’ fue, precisamente, esa actuación en conjunto de ambos partidos desde el Congreso para contrarrestar las investigaciones de la Justicia ante la sucesión de escándalos vinculados a la corrupción. La imagen de Keiko tras las rejas y la negativa de asilo político por parte de la Embajada de Uruguay a Alan García tienen mucho que ver con esos altos índices de aprobación presidencial.

El liderazgo de Vizcarra puede evidenciar algo novedoso en los últimos dieciocho años: el poder de realizar cambios. Hábilmente, el mandatario desactivó su principal frente de hostilidades, nada menos que el Congreso. Mientras más se agudizó el enfrentamiento entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, más creció su imagen en la opinión pública -paradójicamente, la favorabilidad del presidente que no ha sido electo para dicha función por el pueblo peruano alcanza una imagen positiva del 65% [1]-. Sin embargo, no todo fue color de rosas. El breve mandato de Vizcarra, hasta el momento, puede dividirse en dos. La conversión desde mero presidente suplente a presidente de la opinión pública puede explicarse a partir del momento bisagra del 28 de julio cuando, aprovechando las fiestas patrias, dio un mensaje de defensa de las instituciones y lucha contra la corrupción.

La propuesta oficial ante la crisis política e institucional ha sido la de convocar a un referéndum que, tras una larga puja con el Congreso, quedó establecido para el próximo domingo 9 de diciembre, coincidiendo con la segunda vuelta de las elecciones regionales. Tanto el nivel de participación como el resultado final del referéndum constituirán una evaluación de fin de año de la gestión de Martín Vizcarra, la cual no está exenta de los obstáculos que ha dejado el Congreso.

Una reforma minimalista

La acumulación de capital político en sí misma no es suficiente: el poder no puede atesorarse sino que necesita ejercerse. En este sentido, la Ley de Reforma Constitucional que ha planteado Vizcarra consta de cuatro puntos: (i) la reforma del Consejo Nacional de Magistratura (CNM), (ii) mayor control y transparencia de la financiación de los partidos políticos, (iii) la prohibición de la reelección de congresistas y, finalmente, (iv) la vuelta al sistema bicameral en el Congreso [2]. Este último punto ha sido el más controversial. Inicialmente impulsado por el presidente, luego fue perdiendo su apoyo, debido a que el fujiaprismo introdujo artículos para modificar la Cuestión de Confianza y se cambiaron los requisitos para disolver el Congreso, reduciéndolo a la Cámara de Diputados. Estos artículos desnaturalizaron la propuesta, yendo en el mismo sentido que las modificaciones al reglamento del Congreso que el Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucionales. En resumen, las variaciones a la propuesta de la bicameralidad usurpan instrumentos al jefe de Estado, dañando el ya endeble equilibrio de poderes.

Ser el favorito del público conlleva un gran desgaste y todavía restan más de dos años para las próximas elecciones, de modo que la pregunta que ronda es si Vizcarra tendrá más ases bajo la manga o esta reforma parcial -que ni siquiera pudo controlar en su totalidad, aún siendo suya la iniciativa- será suficiente. ¿Logrará el presidente mantener su gobernabilidad a base de un discurso moralizante y gestos simbólicos?

Algunos datos:

– El último referéndum data de 1993 y fue realizado por Alberto Fujimori para reformar la Constitución. Sólo contó con una pregunta y desplegó campañas tanto a favor como en contra.

– La pregunta por la vuelta a la bicameralidad posee la ‘trampa’ de recortar el poder del Ejecutivo.

– Las implicaciones de algunas de las preguntas, como la reforma del Consejo Nacional de Magistratura o la financiación de los partidos políticos, son poco comprensibles para la mayoría de la población.

– La pregunta 1 busca reemplazar el CNM por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que nombrará, evaluará y aplicará sanciones, en caso de ser necesario, a los jueces y fiscales de todos los niveles. La JNJ estaría conformada por siete miembros titulares seleccionados mediante concurso público de méritos por un periodo de cinco años, y quedará prohibida su reelección.

– La pregunta 2 plantea modificar el artículo 35 de la Constitución Política del Perú, para regular el financiamiento de las organizaciones políticas e implica: (i) que el financiamiento ilegal genere sanciones administrativas, civiles y penales; (ii) que la propaganda electoral sólo sea en medios de comunicación radiales y televisivos mediante financiamiento público indirecto y (iii) que el financiamiento de las organizaciones políticas sea público y privado.

– La pregunta 3 implica que los parlamentarios no podrán ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata, en el mismo cargo.

– La pregunta 4 proyecta la modificación de diversos artículos de la Constitución Política para establecer la bicameralidad, es decir, que el Congreso de la República esté compuesto por dos cámaras: una de Senadores integrada por 50 parlamentarios y otra de Diputados que seguirá contando con 130 congresistas. Esta última pregunta es la que más polémica ha suscitado, dado que no incluyó la paridad de género y tampoco la representación de pueblos indígenas. Asimismo, ha incluido la modificación de los artículos 132, 133 y 134 relacionados con las reglas para la Cuestión de Confianza (mecanismo político que le permite al Ejecutivo pedir al Congreso el respaldo a sus políticas de Gobierno), la disolución del Congreso (que se limitaría a la Cámara Baja) y la facultad presidencial de nombrar ministros.

– A excepción de Fuerza Popular y el partido aprista, que se encuentra dividido entre tres o cuatro Sí, la mayoría de las fuerzas políticas llaman a votar Sí-Sí-Sí-No. Un caso excepcional lo constituye el Frente Amplio, quien llama a viciar la votación, al mejor estilo ‘voto bronca’.

Balotaje de gobernadores regionales

Los candidatos a gobernadores regionales que no lograron más del 30% de los votos en la primera vuelta de las elecciones regionales disputarán el cargo este domingo, y en total serán quince las regiones que dirimen sus representantes. Dos partidos de alcance nacional han logrado una buena performance: Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP). El partido de César Acuña ha ganado en dos regiones del Perú (Ucayali y La Libertad) y va a la segunda vuelta en otras cuatro, mientras que AP obtuvo la victoria en Lima Metropolitana e irá a la segunda vuelta en otras tres regiones.

https://www.celag.org/peru-y-el-referendum-sobre-la-corrupcion/