BOLIVIA - Los 8 pecados capitales de la Justicia boliviana

El Ministerio de la Presidencia difundió un extracto resumido sobre los ocho males mayores que corroen al sistema judicial boliviano. Estos son:

Corrupción. Según estudios de la Red Anticorrupción Bolivia, 2005, financiado por USAID, en el Órgano Judicial se sustraen 303 millones de bolivianos año. Es la institución más corrupta del país. Se registran anualmente 429 mil trámites con coimas. Dos de cada diez trámites están viciados con actos de corrupción.

Impunidad. Según datos de la Corte Suprema, difundidos por la agencia de noticias ABI, el 2005 se registraron 1,634 denuncias contra funcionarios del Órgano Judicial (603 denuncias contra jueces). Según la Comisión Andina de Juristas, entre 1998 y 2001, el Consejo de la Judicatura recibió más de 4,000 denuncias contra funcionarios del Órgano Judicial. De estas denuncias, sólo 139 casos concluyeron con alguna sanción (3.5%). Si esto no es impunidad, entonces, ¿Qué es?

Retardación de Justicia. Según el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, actualmente, 75 de cada 100 presos NO tienen sentencia judicial. De los 7,207 presos, sólo 1,803 cuentan con sentencia ejecutoriada. Los más de 4 millones de dólares que costó la implementación del nuevo Código de Procedimiento Penal, para el 75% de los encarcelados, es sinónimo de condena sin sentencia.

Millonarios gastos sin cambios. Las “reformas judiciales” aplicadas en Bolivia, en los últimos 16 años, costaron al país 36.6 millones de dólares. De esta cantidad el BID aportó, en calidad de préstamo, 22 millones. ¿Qué cambió en el sistema judicial? Esta plata se fue por el sumidero de la corrupción. El actual congresista de PODEMOS, Luís Vásquez Villamor, tiene que explicar dónde fueron a parar los 8.4 millones de dólares que “utilizó” cuando ejercía como Ministro de Justicia en el Gobierno de Jaime Paz Zamora.

Liberación de los megacorruptos. ¿Se acuerda Ud. de Roberto Landivar, ex diputado por el partido de Manfred Reyes Villa? Este ex “Padre de la Patria” estafó a los bolivianos con 60 millones de dólares (caso Banco BIDESA), pero luego de un simulacro de detención, el 29 de diciembre del 2006, salió libre pagando una fianza de 10 millones de Bs. Esta colusión entre los jueces, magistrados y Roberto Landivar, paradigma de políticos tradicionales, indignó y humilló a todos los bolivianos/as dignos/as.

Obstrucción y dilación de los procesos. El ex prefecto paceño Chito Valle (ADN), procesado por actos de corrupción que bordean los 5.5 millones de dólares, anda suelto protegido por los partidos políticos tradicionales y “sus” magistrados del Órgano Judicial. ¿Recuerda Ud. a Tonchi Marinkovic? Este señor, ahora más libre que el viento, cuando era Ministro de Salud (por el MIR), vacunó (estafó) a los bolivianos con cerca de un millón de dólares por el sobreprecio de las vacunas. Fernando Kieffer, camarada de Tuto Quiroga (ADN), cuando era Ministro de Defensa capitalizó la desgracia del terremoto de Aiquile y Totora y se llevó cerca de 7 millones de dólares por un avioncito que nunca voló. Gustavo Aguirre, otro del MIR, cuando era Prefecto de Tarija, construyó gaviones, que no existen por un monto de 240 mil dólares. Estos señores son la materialización del amarre entre el Órgano Judicial y los partidos políticos tradicionales, hoy, defensores de la “institucionalidad” de dicho Órgano. ¿Sabe Ud. dónde se encuentran estos señores?

Sentencias contrarias a la Ley. Últimamente el Viceministerio de Transparencia formuló denuncias contra dos magistradas de la Corte Suprema de Justicia por no haber viabilizado la solicitud de detención preventiva contra Chito Valle. En situación similar se encuentra un juez que facilitó la fuga de Ernesto Asbún, culpable del inconsolable valle de lágrimas que padecen los trabajadores del LAB.

Los magistrados del Tribunal Constitucional, elegidos mediante un vergonzoso cuoteo de MNR, MIR y NFR, 14 días antes de la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada, declararon constitucional el Decreto Supremo Nº 24806 por el que Gonzalo Sánchez (Goni), durante su primera gestión, transfirió la propiedad de los hidrocarburos a las empresas transnacionales. El Art. 139º prohíbe terminantemente la transferencia de la propiedad de los hidrocarburos.

El mismo Tribunal cesó en sus funciones, de manera ilegal, a los cuatro magistrados interinos designados por Evo Morales. El Tribunal Constitucional sólo determina si es o no constitucional una Ley o un Decreto. Más no decide la suerte de los funcionarios públicos. Además, existe una Ley del año 1883 que dispone que los funcionarios interinos ejerzan sus funciones hasta que el Congreso elija a los titulares. ¿Por qué será que los miembros del tribunal castigaron a los magistrados de la Corte Suprema? ¿Será porque impulsaban el Juicio de Responsabilidad contra Goni y sus colaboradores?

Pero lo que ya raya en el límite de la sinvergüensura es que los colaboradores de Goni, como Manfred Reyes Villa (NFR, actual Prefecto de Cochabamba)), Mario Cossío (MIR, actual Prefecto de Tarija), Leopoldo Fernández (ADN, actual Prefecto Pando) y los otros prefectos del Oriente del país, ahora, exigen perdón y olvido para los actos ilegales cometidos por el Tribunal Constitucional.

Uso indebido de los recursos. Las denuncias sobre el uso indebido de los recursos en el Órgano Judicial siguen y suman. Un claro ejemplo es el caso de la construcción del edificio de la Corte Superior de Pando con serias denuncias de irregularidad.

La madre de estos ocho pecados capitales fue y es el cuoteo político al que nos “acostumbraron” los ahora defensores de la “institucionalidad del Órgano Judicial”. La lucha contra la corrupción será una victoria sólo si se aniquila la inmoralidad institucionalizada en el Órgano Judicial. De lo contrario, será un intento fallido más.