CHILE - La educación universitaria: ¿derecho o privilegio?

En las últimas semanas, y en la medida que avanza la discusión parlamentaria sobre la Ley General de Educación, hemos sido testigos de manifestaciones de estudiantes, profesores, trabajadores e intelectuales, que alzan la voz por el fin de la educación de mercado que se ha impuesto en nuestro país en las últimas tres décadas. En esa posición de rechazo al sistema imperante han participado activamente todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria.

Del debate público que tales movilizaciones han provocado, podemos identificar, por un lado, a quienes consideran que la educación es un servicio que debe ser provisto por los particulares y debe ser regulado por el mercado. Por otra parte, están quienes consideran que la educación es un derecho social que, como tal, se contrapone a la educación entendida como privilegio y la entiende como un “bien público” que va en beneficio de la comunidad en su conjunto.

La educación superior no es más que la proyección de la misma realidad. Las Universidades, aún cuando en casos como el nuestro tengan una posición de discrepancia respecto a la lógica mercantil del sistema, están atadas a las lógicas que éste impone. Lamentablemente, muchos de los partidarios de considerar la educación como un derecho social que el Estado debe asegurar para el conjunto de los chilenos, sólo lo hacen extensivo a la educación escolar, sin comprender que las inequidades en la educación superior permean al conjunto del sistema educacional.

Hoy somos testigos de profundas transformaciones en el campo de la educación superior. Primero, se verifica un dato nuevo en la historia de Chile: desde hace tres años la oferta de vacantes universitarias en Chile es superior a la demanda que existe en los egresados de enseñanza media. Segundo, las familias están privilegiando instituciones que brinden oportunidades de financiamiento adicional, pues asumen que la educación superior es un privilegio para unos pocos. Y, tercero, las políticas públicas para el sector se están reorientando para consolidar un modelo de educación superior de mercado.

Durante los años noventa, las políticas públicas crearon un espacio universitario amplio, plural y diverso, expresado institucionalmente en una diversidad de instituciones e intereses. Hoy, ese modelo se encuentra agotado. Las políticas públicas dejaron en manos de intereses particulares la regulación de la enseñanza universitaria. Los subsidios a la demanda han provocado crecientes procesos de concentración económica e integración vertical de la educación superior, estimulando la disminución en cantidad y pluralismo del sistema. Se está tendiendo, como consecuencia, a favorecer a instituciones vinculadas a congregaciones religiosas o grandes conglomerados económicos.

Este debate ya estuvo presente en la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior y se tradujo en el quiebre de dicha instancia, entre quienes estaban por profundizar el proceso y quienes querían reorientar esa peligrosa tendencia. El segundo grupo alimentó la creación de la Asamblea Nacional por la Educación, en la que estamos participando como Universidad, en mi condición de Rector, junto a diversos representantes y actores de los distintos ámbitos convocados en torno a estas posiciones.

No obstante la resistencia a la privatización de la función pública en la educación superior y a la concentración económica impulsada desde el Estado, debemos asumir que las fuerzas progresistas no han logrado construir una visión coherente y consistente sobre el sistema universitario chileno, que supere la visiones tradicionalistas que asocian este debate al fortalecimiento de las universidades estatales.

En el fondo, se asume que proyectos universitarios críticos, contemporáneos y transformadores, que contribuyan a formar personas en los valores de la libertad, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos, sólo pueden verificarse bajo el amparo del Estado y, por lo mismo, terminan siendo aliados de quienes sostienen que el campo de la educación superior privada es patrimonio de congregaciones religiosas y grandes grupos económicos. Más aún, esta lógica también apoya el privilegio estatal de las carreras tecnológicas y científicas funcionales al modelo económico, frente a las carreras artísticas, de humanidades y de pensamiento crítico.

Esa inconsistencia teórica y política se ha traducido en que no hayan logrado construir respuestas convincentes para evitar el proceso de concentración que se vive en las universidades privadas, donde en la actualidad sólo cinco universidades concentran el 50% de la matrícula. Tampoco han construido argumentos plausibles para afrontar la evidente disminución del pluralismo y diversidad institucional en la educación superior privada.

Del mismo modo, no han planteado una alternativa políticamente viable al actual proceso de privatización de los procesos de calificación universitaria, donde incluso la educación superior pública debe asumir criterios de empresa privada. La pregunta es ¿cómo pueden las universidades chilenas con vocación social y cultural, entregar mejores servicios a los estudiantes y mantener su viabilidad económica sin un compromiso del Estado en esa dirección? Mientras no se responda adecuadamente esa pregunta, seguirán desapareciendo instituciones de educación superior, absorbidas por transnacionales educativas o por grupos económicos locales.

Quienes sostenemos que la educación y la cultura no deben regirse por los designios del mercado, pues son derechos sociales fundamentales de los pueblos, también pensamos que el debate universitario es incompatible con sectarismos e intolerancias dogmáticas. Por eso, creemos que el debate sobre el futuro de la educación superior chilena –pública y privada- debe salir de las oficinas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda, para transformar los argumentos tecnocráticos en deliberaciones ciudadanas del conjunto de la sociedad chilena. Ese es nuestro desafío, nuestro reto y nuestro llamado.