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BOLIVIA - Conflicto con indígenas pone en crisis a gobierno

Ricardo Herrera Farell, Noticias Aliadas

Miércoles 5 de octubre de 2011, puesto en línea por Dial

30 de septiembre de 2011 - Noticias Aliadas - Represión contra marcha indígena obliga a mandatario a suspender construcción de carretera.

“Gobernar oyendo al pueblo” fue uno de los lemas que acuñó el presidente Evo Morales para definir su gestión. Sin embargo, es lo menos que parece haber hecho el mandatario boliviano en los últimos meses, cuando distintos sectores de la población y personalidades de dentro y fuera del país le advirtieron, en cartas abiertas y pronunciamientos públicos, que su intransigencia frente a la marcha de los pueblos indígenas de las tierras bajas, que rechazan la construcción de la carretera que pretende atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), podría derivar en hechos de violencia.

El pasado 25 de setiembre ocurrió lo que muchos temían. Cerca de 500 policías invadieron el campamento de los marchistas en la zona de La Chaparina, a pocos metros de la nororiental localidad de Yucumo, y sin mediar enfrentamiento les lanzaron gases lacrimógenos y golpearon, gasificaron, maniataron y apresaron a sus dirigentes, los que luego fueron liberados por pobladores de Rurrenabaque, desde donde se pretendía trasladarlos a la ciudad de La Paz.

La violenta represión contra los indígenas mereció el repudio generalizado de los diferentes sectores sociales del país, provocó la renuncia de cuatro autoridades gubernamentales, incluyendo los titulares de Defensa y Gobierno, y ha sumido al gobierno en una de las crisis más graves de su gestión.

La ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en carta de renuncia enviada al presidente Morales, manifestó: “Asumo esta decisión porque no comparto la medida de intervención de la marcha que ha asumido el gobierno y no puedo defender ni justificar la misma, en tanto existan otras alternativas en el marco del diálogo. ¡No así! Acordamos hacer las cosas de otra manera”.

El incidente también obligó a renunciar al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien explicó que la intención del operativo era “evacuar” a los manifestantes para preservar su integridad física.

Pese a que el presidente Morales negó haber ordenado el operativo, se disculpó públicamente con las víctimas de la represión y adelantó que se realizará una investigación para determinar responsabilidades, no ha podido apaciguar la ola de protestas.

Antecedentes

El origen del conflicto es la construcción de la carretera que pretende unir Villa Tunari, en el céntrico departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en Beni, en el nororiente, y que en el segundo tramo atraviesa el corazón del TIPNIS. Actualmente los viajeros que quieren unir las capitales de ambos departamentos deben recorrer un tramo de 1,500 km, y con el diseño de esta nueva ruta la distancia se acortaría a 600 km.

Además, la vía forma parte de uno de tres corredores bioceánicos que unirían el Atlántico con el Pacífico y que el gobierno de Morales pretende implementar hasta el fin de su mandato en el 2015. Con ese motivo, en el 2008 la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) adjudicó a la empresa brasileña OAS la construcción del tramo de 306 km de la carretera por un monto de US$ 415 millones financiados por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

El TIPNIS fue la primera área protegida de las tierras bajas con su designación de parque nacional en 1965 y obtuvo la categoría de territorio indígena gracias a la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990. En esa área habitan más de 5,000 indígenas moxeños, yuracarés, chimanes, y en sus regiones más aisladas habría yuquis. Su extensión original superaba los 1.2 millones de Ha (12,363 km²) que fueron reducidos a poco más de 1 millón de hectáreas en el 2009 debido a la presión de los asentamientos masivos que se iniciaron en los años 70 en sus alrededores y que aumentaron considerablemente en los 80.

A la par han proliferado el cultivo de coca, el narcotráfico, la exploración petrolera, la explotación maderera y la caza comercial y deportiva. El temor de que la carretera no sólo destruya un sistema de alta biodiversidad, sino que fomente cultivos de coca y la extracción ilegal de madera y otros recursos naturales, ha provocado la resistencia de los indígenas, que desde hace ya varios años vienen reclamando contra la apertura de una carretera que cruce su territorio.

“Las comunidades y la dirigencia del TIPNIS se han pronunciado más de 40 veces en contra de la apertura de un camino por su territorio desde el 2003, a través de innumerables eventos en los cuales se trató el tema. Ni la ABC ni el Viceministerio de Medio Ambiente han podido convencer a los pobladores de los beneficios de la carretera; por el contrario, recibieron constantes negativas aunque esas instancias públicas digan lo contrario. Desde 1990 el TIPNIS ha perdido frente al avance cocalero más de 400,000 Ha”, sostenía en julio pasado Leonardo Tamburini, director del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), una de las organizaciones no gubernamentales cuestionadas por las autoridades estatales porque la considera instigadora de la marcha, pese a que varios miembros del gabinete presidencial formaron parte de dicha institución.

Sin consulta previa

No obstante, el gobierno insistió en la realización del tramo que corta por la mitad la región, y en junio pasado se inició la ejecución de las obras en los tramos 1 y 3 de la carretera, sin que se hubiese realizado la consulta previa a los lugareños, como establece la Constitución Política del Estado. Este hecho determinó que los indígenas del TIPNIS iniciaran el 15 de agosto una marcha de 600 km desde la ciudad de Trinidad, capital de Beni, en dirección a La Paz, reclamando sus derechos.

En las semanas siguientes se produjo una sucesión de tira y afloja entre los marchistas y los representantes del Estado. En medio de eso, las autoridades y el propio Morales descalificaron la marcha indígena con una veintena de acusaciones, entre ellas de que detrás de la marcha se encontraban intereses de organizaciones no gubernamentales, EEUU, grupos de derecha e incluso del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-2003). Sin embargo, no pudieron presentar pruebas de dichos vínculos.

Diversos sectores exigieron al gobierno que sea consecuente con sus postulados de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, de los cuales se ha hecho abanderado en diferentes foros internacionales.

¿Por qué las autoridades llegaron a ese punto de intransigencia, pese a las advertencias?

“El partido gobernante tiene ya una tradición de ir ganando en base a tener enemigos. No tratan de dialogar con el otro, sino que intentan ganar imponiéndose apoyados en el predominio que tienen en el parlamento y el apoyo popular que ganaron en las urnas. Por otro lado apuestan por un tipo de desarrollo similar al que le ha dado resultados a el ex presidente Ignacio Lula da Silva en el Brasil. Es decir, realizando grandes carreteras y represas y apostando por la extracción de hidrocarburos, aunque haya que desmontar gran cantidad de bosques”, explica a Noticias Aliadas el antropólogo e investigador Xavier Alvó, quien fue uno de los advirtieron del desenlace de Yucumo.

“Las banderas que ha expuesto el partido de gobierno en foros internacionales fueron pisoteadas y a nivel interno son autogoles que se han metido, porque afectan a su credibilidad”, opina a Noticias Aliadas el abogado y ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín.

Frente a la presión popular, el presidente Morales anunció la suspensión de la construcción del tramo que pasaría por el TIPNIS, mientras que los indígenas aseguraron el reinicio de la marcha.


http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6472

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