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PERÚ - ¿Quién capitaliza la crisis?

Barbara Ester, CELAG

Jueves 13 de septiembre de 2018, puesto en línea por Claudia Casal

8 de septiembre de 2018 - CELAG - Perú atraviesa una crisis institucional y política que no es una novedad sino un mal crónico asentado en la corrupción sistémica y la falta de credibilidad tanto de las instituciones como de los partidos políticos. La originalidad radica en que coinciden, al mismo tiempo, una crisis institucional y la crisis interna de Fuerza Popular, todo esto sin una crisis económica. En este sentido, el divorcio de la economía y la política es, prácticamente, una excepción en la región [1].

La postura de la lideresa de Fuerza Popular bajo el Gobierno de Pedro Kuczynski fue de pura y dura demostración de músculo político: Keiko demostró que puede bajar presidentes. Lo que no pudo lograr (al menos hasta ahora) fue capitalizar la crisis que, en parte, creó y evidenció. En pocas palabras, no pudo sostener, en los hechos, ser quien encabece la denuncia contra la corrupción y salir ilesa.

Vizcarra fue más “tiempista”, esperó los ataques para luego lanzar un dardo certero al núcleo de poder de Fuerza Popular, en tanto partido: el Congreso. A Keiko se le abrieron entonces dos frentes adversos que tironearon de ella en direcciones opuestas: la opinión pública y el partido, que inauguró el 2018 con una fragmentación interna encabezada nada menos que por su hermano, Kenji. A su vez, Vizcarra sometió el referéndum que propone una reforma de la Justicia y del Parlamento –entre ellas el retorno a la bicameralidad- a consideración del Congreso. Este hecho incrementó el debate dentro del recinto, obligando a Fuerza Popular y al partido aprista (que supo ser una identidad aglutinadora pero que en el último tiempo se vio erosionado, tanto en lo económico como en lo político, dilapidando su representación) a defender públicamente a un personaje como el fiscal Chávarry, sobre el cual pesa una opinión pública negativa. De acuerdo a la encuesta urbano-rural realizada por GfK para el diario La República del 18 al 22 de agosto, el 74% considera que el fiscal está tratando de obstruir la investigación porque está implicado en los audios, mientras que sólo un 8% considera que la investigación es parte de sus funciones. Además, la encuesta señala que el 51% considera que el fujimorismo apoya a Chávarry frente a un 21% que considera que ha sido crítico y, finalmente, un 65% considera que el Congreso no está comprometido con llevar adelante la reforma judicial en contraposición a un 21% que cree que sí lo está [2].

Keiko da vueltas tratando de ganar tiempo para conservar lealtades al interior de su partido. Al hacerlo no puede evitar el desplome de su imagen que, de acuerdo a la citada encuesta de GfK, alcanza el 78% de desaprobación y sólo un 13% de favorabilidad, lo que representa el punto más bajo de las mediciones mensuales. La mayoría de las respuestas sobre su imagen negativa se relacionan con su bancada: un 40% considera que hay congresistas que generan una mala imagen tanto en el partido como en su lideresa, un 39% que su bancada no ha dado argumentos sino que se concentró en imponer su mayoría en el Parlamento, un 27% por sus enfrentamientos con Kenji, y un 16% que considera que parte de la prensa la ataca a ella y su partido [3].

En esta encrucijada, Keiko se enfrenta a decisiones cruciales, dado que ya no es posible replegarse en un electorado conservador y la alianza tácita con el APRA aporta poco caudal de votos. ¿Hasta qué punto jugar el papel de candidata anti institucional y políticamente incorrecta, al mejor estilo Bolsonaro o Trump? Cabe destacar que, si bien Reggiardo lidera las encuestas de cara a las elecciones municipales de Lima a realizarse el mes de octubre, lo secunda Ricardo Belmont con un discurso xenófobo y políticamente incorrecto. ¿Puede Keiko reactualizar la receta familiar de su padre y re-inventarse como una lideresa outsider capaz de seducir a un electorado desencantado con sus partidos e instituciones? Lo cierto es que la lideresa naranja ha tratado de virar el timón de Fuerza Popular hasta asemejarlo a un partido ´atrapa-todo´(catch all) capaz de acercarse a votantes de diversas ideologías, difuminando el clásico clivaje izquierda-derecha.

Hasta el momento, la postura que tomará la primogénita Fujimori no queda clara, si bien puede notarse cierto corrimiento discursivo y un cambió en su rol, pasando de victimaria a victimizarse y a coquetear con medidas que podrían ser coincidentes con la izquierda -al menos con una postura anti-oligárquica- y un juego de distancia-cercanía ambigua con su padre; todas estrategias que pueden ser entendidas como guiños a un sector más amplio del electorado.

Keiko ha intentado imitar la tradición familiar, distanciándose y dejándose atacar por los medios. Mientras tanto, reproduce sus mensajes desde las redes denunciando un combo de ataques por parte de la Justicia, los medios y el Ejecutivo (prácticamente el fujimorismo denuncia un lawfare en su contra). Entre respaldar a su partido y evitar un desplome total de su imagen pública, Keiko se encuentra entre la espada y la pared. En el Congreso sólo Fuerza Popular y el partido aprista respaldan –o blindan- a Chávarry, fiscal de la Nación, y la principal cara visible del escándalo de corrupción de la Justicia -para azuzar aún más el culebrón- es quien preside una acusación de lavado de activos sobre la propia Keiko.

Se compruebe o no como verdadero, para la opinión pública Keiko Fujimori es la “Señora K”, y no sólo eso: un 36% de los encuestados por Datum Internacional [4] consideran que la lideresa naranja es quien detenta el poder real, por encima del presidente Vizcarra -23%-. De esta forma, la lideresa de Fuerza Popular ocupa un puesto que estaba reservado para presidentes. Al menos en los dos últimos años este espacio fue ocupado por el vacado Kuczynski, con 55% en el 2016 y 40% en 2017. Pese al alza de la percepción de su poder, Fujimori también es vista como la política que más poder perdió en el último año, como cree el 22% de los entrevistados, y en segundo lugar se ubica Alan García (APRA) con un 20%. En cuanto a las instituciones que detentan mayor concentración de poder, el Congreso encabezó con un 48%, mientras el resto de las instituciones no alcanzó los dos dígitos.

Hasta ahora la posición de Fuerza Popular ha sido la de no aceptar el referéndum previsto para diciembre (segunda vuelta de las elecciones municipales y regionales) sino que ha considerado que las reformas políticas y judiciales deben ir por carriles separados, buscando de esta forma dilatar el referéndum hasta el próximo año. Como forma de presión, el Ejecutivo baraja otras posibilidades, como juntar firmas en la ciudadanía si el proyecto se trunca en el Congreso. Mientras tanto, las amenazas entre Vizcarra y Keiko se disparan entre posibles pedidos de mociones de confianza y censura, respectivamente, aumentando la confrontación. Sin embargo, Vizcarra no puede considerarse exento de escándalos, especialmente a partir de las nuevas investigaciones sobre el caso del aeropuerto de Chinchero [5], las cuales pueden ser consideradas como una nueva forma del fujimorismo de atacar y desgastar al Ejecutivo. En este sentido, la congresista de Nuevo Perú, Indira Huilca, advirtió sobre una posible estrategia del fujimorismo de utilizar su fuerza parlamentaria para generar alguna acción constitucional contra el presidente, tal como lo hizo contra Kuczynski [6].

Aunque más debilitada, Keiko conserva el poder, especialmente desde el control del Congreso, con una mayoría casi absoluta que le otorga gran capacidad de iniciativa tanto política como parlamentaria. Sin embargo, lo que está en juego son sus perspectivas electorales a futuro; en pocas palabras, si el partido continuará siendo un actor decisivo en las elecciones de 2021. Básicamente, la disyuntiva se reduce a dos escenarios: 1- que conserve el caudal de votos que desplegó en las elecciones de 2016 –algo difícil de lograr, ya que el electorado mayormente apoya la reforma institucional, por lo que la negativa ha hecho mella restando credibilidad– o 2- que reduzca su caudal electoral a tal punto que no logre acceder a un posible balotaje. La mayor incógnita sería quién se vería beneficiado ante el desencanto del fujimorismo, la principal identidad política positiva del país hasta la fecha. Por su parte, Kenji aguarda agazapado tras las sombras y Julio Guzmán (quien registra la mayor imagen positiva en los sondeos) parece cómodo en la virtualidad, cultivando un perfil bajo de espaldas al debate actual sobre las instituciones. Tal vez esa tibieza remita a Kuczynski, dado que su mayor logro no es la favorabilidad sino registrar un menor porcentaje de imagen negativa gracias a su estrategia de mantenerse alejado de la escena pública.

El conflicto entre Vizcarra y Fujimori parece no perjudicar a ambos por igual: mientras Keiko se pierde en la radicalización del conflicto debiendo optar entre la defensa de Fuerza Popular y su propia imagen, el presidente se refugia en las instituciones, aunque tampoco logra capitalizar la reforma en beneficio de una adhesión político-partidaria propia. Verónika Mendoza ha sabido respaldar la propuesta de la reforma institucional convocando a la ciudadanía en las calles. En este sentido, -y a diferencia del actual mandatario- la lideresa de Movimiento Nuevo Perú sí cuenta con el apoyo popular capaz de transformar el referéndum en un verdadero diálogo nacional y generar una adhesión positiva y no meramente negativa (anti-fujimorismo). De acuerdo con los datos de la consultora GfK, entre el 59% y 75% de los peruanos consideran que la consulta política debe realizarse de una vez [7]. En este sentido, se esperan nuevas movilizaciones contra el blindaje del fuji-aprismo a Chávarry para el 12 de septiembre [8].


Barbara Ester es licenciada en Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA).

http://www.celag.org/quien-capitaliza-crisis-peruana/

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