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ARGENTINA - La causa Malvinas, la unidad nacional y la integración latinoamericana (I)

Alvaro Verzi Rangel

Miércoles 2 de mayo de 2012, por Barómetro Internacional

Malvinas es una cuestión estratégica para el futuro de todos los argentinos y los sudamericanos, donde están en juego con la proyección a la Antártida más de 5.000.000 de km2, con recursos naturales de todo tipo. Hay mucha expectativa en el gobierno argentino sobre el empuje que al tema le pueda dar el venezolano Alí Rodríguez, quien asume pronto la secretaría general de UNASUR, mientras desde distintos sectores se propone y analiza la posibilidad de declarar una zona de exclusión económica sudamericana en todo el Atlántico Sur.

Hoy en día, el gobierno argentino ha logrado amplio consenso político en torno a su reclamo “diplomático” en lo interno (Senado, Diputados, sindicatos, empresarios) y se ve fortalecido en lo externo con posiciones comunes tomadas por varios países sudamericanos cerrando puertos antes navíos provenientes o dirigidos a Malvinas (Brasil, Perú, Brasil, Uruguay, Chile). Es más, ha delimitado el terreno de disputa señalando que no debe ser el militar, como pretenden los ingleses, sino cultural, político, diplomático, económico y también jurídico.

Sin dudas, la “Causa Malvinas” es uno de los factores de mayor peso a la hora de pensar en la unidad nacional argentina. La Presidenta lo tuvo en claro al convocar a fuerzas propias, amigas, aliadas y opositoras a anuncios sobre el tema Malvinas. “Malvinas se ha convertido en un problema regional y global”, dijo Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso que contiene varias cuestiones o aspectos diferenciados.

El interés y proyección estratégica internacional; el desenmascaramiento de pretensiones, denuncias y políticas coloniales. También contiene aspectos polémicos en torno a la recuperación de Malvinas y del posterior “Informe Rattenbach” y anuncios sobre la puesta en marcha de un hospital para la atención psicológica de ex combatientes. “El pueblo argentino no decidió esa guerra”, afirmó la Presidenta, absteniéndose de usar el verbo apoyar y diferenciarse claramente de los procederes de la dictadura militar.

Sin duda, las expresiones de la Presidenta tuvieron una clara orientación diplomática: hacer saber al mundo que la actual política del Estado argentino critica la ocupación efectuada en 1982 por un “gobierno despótico”. Logró que el conjunto de las fuerzas avalen su presentación ante las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad y también la Asamblea General, donde Gran Bretaña no tiene derecho a veto), denunciando la “militarización” impulsada por Inglaterra.

Conceptualmente fue mucho más sólida la explicitación hecha para desenmascarar las políticas coloniales sobre el tema Malvinas y dentro de esta misma solidez se debe mencionar la reivindicación de la solidaridad latinoamericana y la vinculación de los derechos argentinos con otros hechos, entre ellos el recuerdo del “gaucho Rivero”, héroe malvinense, que murió combatiendo en la Vuelta de Obligado (contra los ingleses). La Presidenta denunció la presencia de naves de guerra británicas y del príncipe Guillermo para un presunto entrenamiento humanitario, considerándolos como un “montaje colonial”, impacten sobre la opinión pública nacional e internacional al confrontarlas con la posición pacifista del Estado argentino.

Ciertamente polémica fue y es la condena a la recuperación efectuada en 1982. Gran parte de los argentinos, sin desconocer el genocidio desatado por aquella dictadura, compartieron y comparten el acto de soberanía sobre las Islas Malvinas desarrollado en aquellos días. En esta misma dirección se ubican las consideraciones sobre la desclasificación del “Informe Rattenbach”. La misma es importante para que se conozca esa versión sobre los hechos de Malvinas y las responsabilidades de los altos mandos castrenses. Por último, la atención psiquiátrica para los “veteranos de guerra” en un Hospital de Salud Mental, donde antes funcionaba el Instituto Geográfico Militar, fue el anuncio de tipo reivindicativo en beneficio de los ex combatientes. El Informe Rattenbach deja en claro que el conflicto de 1982 era inviable en términos geopolíticos, económicos y técnicos y que la decisión tomada por la Junta Militar genocida, entonces presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri fue inmoral e irresponsable.

Pero el comportamiento del ala civil y económica de la dictadura genocida bordeaba el misterio, pero la desclasificación del Informe Rattenbach permite rastrear ahora algunos episodios vergonzosos en los que funcionarios del Banco Nación y del Ministerio de Economía se mostraron más preocupados por defender a los ahorristas ingleses que a las finanzas argentinas, en medio de una situación bélica, es decir, extrema.

A mano alzada y por unanimidad, el Senado argentino aprobó la Declaración de Ushuaia, que reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y avala como política de Estado el reclamo pacífico en todos los foros internacionales que obligue al Reino Unido a cumplir la resolución 2065 de Naciones Unidas de sentarse a negociar para poner fin al enclave colonial en el Atlántico Sur. Desde todas las bancadas políticas se respaldó el documento rubricado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en Tierra del Fuego el 25 de febrero, que entre sus diez puntos también condena la militarización británica en las islas y el saqueo de sus recursos naturales. Sin embargo, la creación de una comisión bicameral sobre Malvinas quedó postergada por falta de acuerdos.

Sectores nacionalistas y de la izquierda vernácula tradicional coinciden en que es necesario mostrar firmeza en las negociaciones mediante una efectiva presencia soberana en el mar, junto a una presión legítima en lo económico-financiero, que signifique un alto costo para Gran Bretaña mantener su enclave colonial en las islas.

Con esta perspectiva, señalan, un instrumento clave es la ley 26.659, votada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso hace un año (pero aún no reglamentada), en la que se establecen una serie de requisitos para la exploración y explotación petrolera en la plataforma continental y fuertes sanciones en caso de incumplimiento, incluyendo sanciones a las empresas instaladas en territorio argentino que mantengan intereses y/o vínculos económicos o financieros con las corporaciones que están explotando el petróleo en Malvinas.

Cabe recordar que el 30 de noviembre de 2009, el gobierno de Cristina Kirchner reclamó formalmente a los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) por la inclusión de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y del sector antártico argentino en el tratado europeo de Lisboa .
Las islas fueron incorporadas con bandera británica al tratado de Lisboa, que reemplaza a la frustrada Constitución europea. El 30 de enero de 2012, la Unión Europea (UE) advirtió que no debatirá sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El embajador de la UE en la Argentina, Alfonso Díez Torres, aseguró que el tema Malvinas “no entra en la agenda de la política exterior” del bloque y señaló que “hoy las Malvinas están bajo jurisdicción del Reino Unido y es un hecho”.

Argumentos coloniales

El debate público argentino asistió a la reaparición, algo traspapelada, de argumentos coloniales, anclados, en este caso, en la dinámica tradición de justificación de la desposesión de tierras y recursos naturales por parte del Imperio Británico, aquel donde “nunca se ponía el sol”. Se desencadenó entre un grupo de intelectuales y publicistas críticos del gobierno una especie de torneo para ver quién adopta posturas más anglófilas y entreguistas, con argumentos que ofenden la inteligencia de los argentinos y llenan de regocijo al Foreign Office. Uno de los desvaríos más significativos es el que señala, en línea con los pretextos de Londres, que la Argentina debería consultar a los isleños si es que aceptan o no que las islas sean reincorporadas al patrimonio nacional.

Se apela, erróneamente, a la doctrina de la “autodeterminación nacional”, lo que le permitió al historiador Luis Alberto Romero (en una columna publicada en el diario La Nación) y a un grupo de 17 intelectuales proponentes, según ellos, de una mirada alternativa sobre la cuestión de las Malvinas, renunciar sin más miramientos al legítimo derecho que le asiste a la Argentina y dar por definitivamente perdida una batalla que este país viene librando desde hace 179 años. Quienes postulan la doctrina de la “autodeterminación nacional” se olvidan de que ésta sólo es aplicable a condición de que se cumpla con un requisito inescapable: que quienes se amparen en ese derecho sean los pobladores autóctonos de un territorio, lo que no ocurre en el caso de las Malvinas. La escasa población argentina que había en las islas fue desalojada por una fuerza expedicionaria británica que se apoderó violentamente del archipiélago y estableció, en su lugar, una pequeña colonia que al cabo de casi dos siglos no supera las dos mil almas.

Los habitantes de las Malvinas, los llamados kelpers, son ahora ciudadanos británicos luego de la guerra de 1982. No hay tres partes, hay dos. Ello no fue modificado por la guerra, ni por ninguna otra situación. No puede aplicarse dicho principio a una población cuya composición es ínfimamente nativa o descendiente; a una población que actualmente (de acuerdo a documento oficial británico) proviene de 62 países distintos y que en definitiva ha sido trasplantada deliberadamente en todos los años de usurpación. Esa modalidad de adquisición territorial se llama, en el derecho internacional, “conquista”, y de por sí invalida cualquier pretensión de legitimar la presencia post festum de los intrusos auscultando su voluntad o no de perpetuar los efectos de la conquista gracias a la cual se apoderaron de unas tierras que no eran suyas.

El tipo británico de colonización

El británico es un tipo particular de colonización, ya que no poseía el paraguas de las bulas papales y tampoco podía esgrimir el hecho de haber “descubierto” esas tierras. El argumento central que usaron los británicos –y sobre todo John Locke, el llamado padre del liberalismo- es el de “tierra vacante”. Las tierras que ocuparon, sostenían, no estaban bien utilizadas por los pobladores nativos, que por sus incapacidades técnicas, por su nomadismo o por su “incivilidad” no podían maximizar la producción y extracción de recursos, lo cual constituía un desperdicio, un derroche y una afrenta a la concepción cristiana de que Dios dio a todos la tierra en común, pero para la maximización de sus recursos. El modo inglés de colonización, entonces, se basó en el verbo clave de “plantar”.

Resulta por eso muy ajustado al discurso legitimador inglés, tejido desde hace siglos, que intelectuales argentinos recurran a la autodeterminación de los pueblos. Porque a estos cuatro modos de “plantar” los ideólogos ingleses de la colonización agregaron que la corona británica se debía mostrar como liberadora de los pueblos sojuzgados por las “tiranías”. Traducido, eso significaba proponer como estrategia diferenciadora en donde se asentaran, formas de autogobierno y de tolerancia religiosa (mientras sus colonos no atinaran a competir con las manufacturas inglesas ni atentaran contra las Actas de Navegación). Une un modo de participación política con un modo de apropiación y extracción de recursos naturales, que se justifica en que si éstos no se utilizan implica un derroche, una irracionalidad económica.

Gran Bretaña quiere utilizar la “aventura” militar de la dictadura genocida como una beligerancia donde el que ganó la batalla adquiere derechos de vencedor como si se tratara de tierras vacantes o mostrencas, donde no había derechos previos, habitantes argentinos y bienes del Estado. Esta posición merece ser calificada de “aventura” diplomática, pues contradice completamente al derecho internacional.

Por eso es central, sí, anclar el reclamo de Malvinas a la defensa de la soberanía y el dominio sobre los recursos naturales (o lo que es igual, afirmar la persistencia de la cuestión del colonialismo –y ningún “post”– en nuestros países). Pero colonialismo y desarrollismo comparten esta matriz ideológica de la utilización “racional” –productivista y tecnicista– de los recursos. Ir por todo es también no dar por sentada esa lógica político-económica de la extracción. (Continúa)


[Suramericapress]

Alvaro Verzi Rangel es Analista del Observatorio Latinoamericano en Comunicación y Democracia

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