BOLIVIA - ¿Es una contra-revolución con sabor bíblico?

8 de diciembre 2019.

Fraude electoral; gustos lujosos una vez en el poder; corrupción total del gobierno del MAS [1]; testarudez de Evo Morales para permanecer en el poder a pesar del referéndum de 2016 que le negó un cuarto mandato; Informe de la OEA que califica las elecciones del 20 de octubre de 2019 como controvertidas; Morales es un dictador comunista y antidemocrático...

Muchas insatisfacciones, algunas justificadas, otras extravagantes y demagógicas, terminaron aglutinando a miles de personas en una movilización heterogénea para una segunda vuelta electoral. Bajo el impulso de los motines policiales contra el gobierno y un ingenioso manipulador de extrema derecha y religioso, Fernando Camacho, serán tres semanas de movilización y enfrentamientos en todo el país lo que habrá resultado en la renuncia de Evo Morales, el día 10 de noviembre de 2019.

Varios parlamentarios, ministros y líderes políticos del MAS han renunciado a sus cargos al mismo tiempo invocando ataques físicos contra ellos, el vandalismo o incendio de sus propiedades. Muy poco después de la renuncia de Morales, una persona desconocida hasta entonces, Jeanine Añez, se proclamó presidenta bajo las reglas vigentes cuando hay una vacante de poder. El 12 de noviembre, esta nueva autoproclamada presidenta ocupo el Palacio Presidencial, con la biblia en la mano, afirmando el regreso del Dios de los cristianos en el recinto del gobierno y el parlamento, sin olvidar agradecer a las fuerzas armadas y a la policía, quienes le “acompañó”.

¿Es este un escenario amenazante? Nos recuerda, como mínimo, la destitución de unas autoridades presidenciales en otras partes de América Latina durante la década de 2010. Porque, sin ser una materia de golpes militares tradicionales, Manuel Zelaya fue destituido en Honduras en Junio ​​de 2009 a través de un proceso legislativo, luego echado a Costa Rica por los militares. Con Fernando Lugo, también fue el mismo en Paraguay en 2012. Luego fue el turno de Dilma Roussef en Brasil en agosto de 2016 por un proceso parlamentario para la corrupción. Sin mencionar la renuncia del presidente peruano en agosto de 2018 para evitar ser destituido precisamente por el parlamento. [2]

Restablezcamos algunos hechos esenciales

Primero recordemos algo de la historia reciente en Bolivia. El candidato Carlos Mesa es el quién, vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), lo reemplazó después de la “crisis del gas” en octubre de 2003. Es la reacción violenta de Goni a la oposición de Indígenas y de clases populares, con el apoyo por parte de la clase media de ciudades, contra el deseo de exportar el gas boliviano a través de Chile, que le obligó a renunciar y a huirse a los Estados Unidos.

Sometido a la fuerte presión de las clases relacionadas a corporaciones multinacionales de extracción de los recursos naturales, Carlos Mesa se mantuvo favorable a los intereses de estas clases privilegiadas. En 2005 incluso, se negó a promulgar una ley aprobada por el Congreso Nacional (Cámara de Diputados y Senado) que aumentaba las regalías de estas compañías del 18% al 50% de las ganancias obtenidas.

Obligado a dimitir en el verano de 2005, la resignación de Carlos Mesa ha “abierto la puerta” a la victoria histórica del primer presidente de origen indígena en el mundo. En un país con una predominación indígena (62%), Evo Morales ganó en diciembre de 2005 con el 54% de los votos en la primera vuelta de las elecciones. Nunca visto en Bolivia desde el fin de las dictaduras y el comienzo de regímenes elegidos democráticamente (1982). Catorce años después de 2005, está de vuelta el mismo Carlos Mesa, una vez incapaz de cumplir sus dos promesas: un referéndum sobre el gas natural con una redistribución más equitativa de las regalías de su explotación, y la implementación de una asamblea constituyente, un reclamo indígena y popular que data de la “Primera marcha por el Territorio y la Dignidad” de 1990.

Por su parte, Morales, con el MAS, primero se propuso responder a las dos principales demandas populares de la época. Se procedió a la nacionalización de los recursos fósiles mediante la restauración del % de regalías aprobadas previamente por el Congreso. También creó, en el verano de 2006, una Asamblea Constituyente. En ambos casos, esto fue relativamente exitoso, a pesar de la feroz oposición de la élite burguesa y anti-indígena de Santa Cruz y de otros departamentos de la Media Luna.

Las compañías extractivas aceptaron negociar sobre la base de nuevas reglas, lo que ha permitido al gobierno del MAS crear fondos especiales para jubilados, estudiantes, salud, vivienda ... Han surgido varios proyectos de infraestructura en las áreas inmobiliaria, de comunicaciones, de transporte por carretera e incluso público, como el teleférico que une El Alto con La Paz.

Han aparecido resultados significantes a nivel humano: reducción importante de las tasas de pobreza y de pobreza extrema; acceso a la atención médica en áreas remotas de los principales centros; fortalecimiento de la educación bilingüe; introducción de idiomas aborígenes en los servicios públicos donde los números lo requieren; inserción de rostros indígenas en varios ministerios e instituciones – especialmente aimara y quechua, es cierto –; leyes contra el racismo, contra la violencia doméstica, contra la corrupción... aunque su implementación asimismo ocasionó insatisfacciones, como por ejemplo en el caso de la violencia contra las mujeres, la tasa de “feminicidios” siendo una de las más altas en América Latina. [3]

Aunque se benefició de las condiciones económicas globalmente favorables, el gobierno de Morales tampoco estimuló una diversificación real de la economía, todavía basada esencialmente en la extracción-exportación de los recursos naturales del país.

La segunda gran demanda del pueblo boliviano, una Asamblea Constituyente, se estableció en el verano de 2006. Este es un verdadero éxito del gobierno de Morales, del movimiento de mujeres y de las organizaciones sociales, sindicales y urbanas movilizadas durante tres años (2006-2009) en todo el país para lograr un proceso constituyente re-fundador del país. [4]

Sujeto a un boicot sistemático bajo la influencia del Comité Cívico de Santa Cruz y sus líderes - los mismos ahora convertidos en “aliados de circunstancia” de Carlos Mesa, los debates y la participación en la redacción de esta nueva constitución serán a menudo interrumpido por el boicot, con un intento al menos de atacar a la vida del presidente.

Mientras Morales acababa de obtener, en agosto de 2008, el apoyo del 67% de la población en un referéndum nacional sobre el despido, o no, del ejecutivo nacional y de los prefectos departamentales, el mes siguiente campesinos indígenas progubernamentales fueron asesinados en Porvenir, en el departamento de Pando, y los ataques racistas (pullas, humillaciones, palizas y amenazas de muerte) contra campesinos alrededor de Sucre (departamento de Chuquisaca) impidieron la visita presidencial, que se canceló en el último minuto por la inseguridad de la ciudad. Además, a pesar del apoyo masivo recibido, “Fuera el Indio” se leyó en las paredes de la ciudad de Santa Cruz durante todo el proceso constituyente.

Así, la práctica de agresiones físicas y de masacres de esta extrema derecha no es nueva, no debe olvidarse.

El “fracaso” de las clases dominantes de la “media luna” ocurrirá en el momento del referéndum popular de enero de 2009, que movilizó al 90% de la población. El apoyo a la nueva constitución atrajo al 62% de los votantes. Por otro lado, el 80% de ellos también votará por limitar a 5000 hectáreas (50 km2) y no 10,000 (100 km2) el área más grande que puede ser propiedad de un solo propietario. Además de la cláusula constitucional que obliga a cualquier propietario a garantizar que su tierra cumple una función social y económica para preservar su derecho de propiedad sobre ella, no hace falta decir que la nueva constitución era “difícil de tragar” para los latifundistas y grandes exportadores de soja y ganado de las llanuras orientales de Bolivia.

Una desafección real, sin embargo, dentro de las poblaciones indígenas

La reforma agraria y la titularización de las tierras indígenas prometidas por el MAS no han cumplido mucho las esperanzas suscitadas por este compromiso gubernamental. Por supuesto, los terratenientes de Pando, Beni, Santa Cruz o Tarija se opusieron a la pérdida de tierras en beneficio de las comunidades indígenas.

Pero también es la política económica del gobierno de Morales lo que ha causado insatisfacción, incluso conflictos con algunos pueblos indígenas. Los Guaraníes del Chaco boliviano, para quienes la exploración petrolera no tenía nada del Vivir Bien constitucionalizado en 2009, criticaron la falta de preocupación del gobierno con respecto a la destrucción de su medio ambiente, la contaminación de sus aguas con las enfermedades que resultante, así como la falta de autonomía en sus propias tierras. Los Chiquitanos de la llanura, por su parte, fueron limitados a territorios fragmentados entre las grandes granjas agroindustriales de los latifundistas, recompensados ​​en la época de la dictadura de Banzer; la tenencia de sus tierras no se ha actualizado realmente. Los tres pueblos del TIPNIS (Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Secure) los Chimán, Trinitarios y Yuracaré se opusieron en 2010 a la construcción de una carretera trans-regional pagada por Brasil. ¡Este proyecto de desarrollo ni siquiera ha sido objeto de consultas previas con estos tres pueblos, contrariamente al Convenio 169 de la OIT ratificado por Bolivia en 1991, y a pesar de la propia Constitución adoptada un año antes! La carretera iba a destruir el Vivir Bien que estos pueblos habían logrado desarrollar (corte de madera y su regeneración, chocolate y turismo ecológico). Pero estas actividades económicas fueron consideradas por Morales como demoradas, incluso cómplices de intereses u ONG’s ambientales extranjeros.

Una primera desafección importante de los indígenas hacia el gobierno de Morales probablemente se deba a su obstinación, en 2010-11, con respecto a la construcción de este itinerario trans-regional a través del TIPNIS, que también tendría la ventaja de dar un mejor acceso a nuevas reservas fósiles. No solo exasperó a los tres pueblos directamente interesados, sino también a todos los que los apoyaron, incluida por una marcha organizada hacia La Paz, la “8ª Marcha por el Territorio y la Dignidad”, que le arrebató al gobierno de Morales una promesa de renuncia al proyecto de construcción de esta carretera sin el completo consentimiento de los pueblos interesados.

Lamentablemente, la obstinación de la élite política del MAS al construirla no se desvaneció, lo que contrastaba dos concepciones diferentes del Vivir Bien y del modo de desarrollo. Evo Morales y Álvaro García Linera favorecieron un modo de desarrollo capitalista clásico, incluso en contra de sus propios discursos sobre la protección de la Pacha Mama y sobre el cambio climático.

Aunque se han logrado grandes avances, los años del gobierno del MAS no tienen mucho que ver con el llamado “socialismo del siglo XXI”, ni con la llamada “dictadura comunista”. Analistas serios que han seguido este período boliviano desde el comienzo del milenio han comprendido correctamente, en nuestra opinión, los rasgos característicos del período de gobierno de Morales:

Los elementos retóricos de socialismo del MAS no deben tomarse literalmente (al igual que sus oponentes más feroces, que hoy se jactan de haber puesto fin a una “dictadura comunista” de la que no existe tenía la menor huella en Bolivia): la economía comercial ha experimentado una expansión sin precedentes bajo Morales, marcada por el auge de los consumidores de las clases populares y medias, el desarrollo de servicios financieros, la proliferación de restaurantes elegantes y la proliferación de vehículos de lujo en las calles de La Paz. De hecho, además de la prudencia fiscal y el pragmatismo que ya hemos señalado, lo que permitió a Evo Morales asociar una fuerte reducción de la pobreza con un crecimiento sostenido y un bajo nivel de inflación y endeudamiento, los resultados diametralmente opuesto a los de su aliado venezolano: la “evonomía” se caracterizó por una combinación de control estatal fuerte en los sectores “estratégicos” como el gas y la electricidad, alianza con los pesos pesados ​​del sector privado al principales industrias (agro) a gran escala, comercio y finanzas a gran escala y “coexistencia pacífica” con la masa de pequeñas empresas artesanales y comerciales, que emplean a más del 60% de los trabajadores pero apenas respetan la legislación laboral. normas laborales y fiscales. Ahora, mientras existía un pacto de no agresión política y complementariedad táctica entre el “proceso de cambio” y la gran burguesía o las clases altas (cuyos intereses nunca han sido seriamente cuestionados), la dinámica de intervención sectorial del estado a menudo lo ha llevado a ignorar o incluso entrar en conflicto con las pequeñas y medianas empresas dirigidas por miembros de la clase media tradicional [5].

La verdadera naturaleza del poder autoproclamado

Pero entonces, ¿quién es esta extraña, Jeanine Áñez, quien de repente se convirtió en autoproclamada presidenta en ausencia de un quórum parlamentario?

Recordemos primero que esta persona es alguien que a menudo “tuiteó” su resentimiento contra los “Indios”, hasta el punto de tener que eliminar todos sus tweets racistas antes de proclamarse presidente. ¡Pero permanecieron impresos en la memoria virtual e efectiva!

Entonces, los únicos miembros presentes en el momento de la autoproclamación fueron los de su propia familia política, MDS (Movimiento de la Democracia Social), que habría obtenido solo el 4% de los votos en la elección de octubre de 2019, ahora anulada. Sin embargo, es el jefe del ejército quien asumió la presidencia del Congreso para la ocasión. Algunos pueden imputarnos de formalismo, ¡pero no podemos decir que las dimensiones procesales de la democracia se hayan puesto de relieve aquí!

El primer gesto de este autoproclamado gobierno fue adoptar el Decreto N° 4078 que liberó de la responsabilidad penal a los miembros militares involucrados en “operaciones de restauración del orden interno y estabilidad pública”. El decreto otorgó a las Fuerzas Armadas el poder de “utilizar todos los medios a su disposición teniendo en cuenta los riesgos incurridos por las operaciones.” [6]

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo boliviano”, reaccionó Evo Morales el 16 de noviembre desde México, donde huyó [7].

Así, solo cinco días después del anuncio de que el ejército se uniera a los amotinados de la policía “para restablecer el orden interno”, se otorgó la autorización para actuar con total impunidad a las fuerzas represivas. Fueron liberados de la muerte y las heridas infligidas a varios partidarios de Morales, como el asesinato de 9 personas y las heridas de otras 115 personas en Sacaba, mientras demostraban pacíficamente su apoyo a Morales [8]; un acto que se llamará “masacre de Cochabamba” [9]. Luego será la masacre de otras 10 personas, incluidos los heridos graves que murieron más tarde, en Senkata, El Alto. En total, según las cifras registradas por el Defensor del Pueblo sobre las violaciones de derechos en todo el país en el contexto de estas elecciones, hubo un total de 35 muertos, 832 heridos y 1504 arrestos con 103 aún detenidos (en fecha del 3 de diciembre 2019) [10]. De las 832 personas heridas, 774 no tenían relación con un grupo político o social en particular.

Tan pronto como se supo, este orden liberticida provocó no solo la oposición de una grande parte del pueblo boliviano, exigiendo la renuncia inmediata del “gobierno de facto”, sino también la de varias diplomacias, como la amonestación de Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay, y la denuncia de instituciones de derechos humanos: Naciones Unidas, CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), AI (Amnistía Internacional), Human Rights Watch, por nombrar solo esos.

En el marco de una Asamblea plurinacional sobre la convocatoria de nuevas elecciones, iniciada por los diputados del MAS que permanecieron en Bolivia, dos de ellos, Eva Copas y Sergio Choque fueron elegidos respectivamente presidenta del Senado y presidente de la Cámara de Diputados. A pesar de la oposición del “gobierno de facto” a la celebración de dicha asamblea plurinacional [11], tuvo lugar en presencia del emisario de las Naciones Unidas, entre otros, y el “gobierno de facto” tuvo que aceptar las decisiones.

Por un lado, la actitud del MAS había cambiado, convirtiéndose en buscar un acuerdo sobre las condiciones necesarias para nuevas elecciones. Por otro lado, las presiones diplomáticas y las provenientes de las organizaciones sociales del MAS, como bloqueos de carreteras y dificultades de suministro, obligaron el autoproclamado gobierno a cambiar su estrategia para obtener una cierta “pacificación”. De la liquidación de lo que existe (como la expulsión de los profesionales de salud cubanos trabajando en áreas remotas de Bolivia, como romper relaciones diplomáticas con varios países amigos del gobierno Morales, como la salida de Bolivia de organizaciones económicas tal Unasur, etc.). Esta política revanchista y la represión impune contra “el Indio” tuvieron que atenuarse para adoptar una apariencia “interina” cuya primera tarea era la de preparar nuevas elecciones.

Biblia contra Whiphala, una controversia inquietante

Pese a su decisión de postular de nuevo a las elecciones programadas para abril de 2020, Carlos Mesa ya no tiene el control de la situación. Con una presidente autoproclamada, incluso ya reconocida por Estados Unidos, Brasil, Ecuador , Rusia y la OEA (!), está bien Fernando Camacho, la biblia en la mano también, que será el candidato a la presidencia ambicionando de construir un Frente Unido de extrema derecha contra la candidatura a la presidencia, aún no elegida, del MAS.

Las maniobras Camacho hacía líderes ex-masistas de Potosí o hacía los Ponchos y sus promesas monetarias a la policía y al ejército que han optado por “abandonar” su lealtad hacía Morales habrán logrado transformar finalmente una movilización para un segundo turno electoral en un requisito de renuncia del presidente, lo que el jefe de las Fuerzas Armadas “sugirió” insistentemente al presidente Morales, y para el cual este último no tuvo más remedio que someterse a él y cumplirlo, el 10 de noviembre de 2019.

Habiendo subestimado a la oposición a su reelección para un cuarto mandato después de la pérdida del referéndum en 2016, y visto su obstinación para seguir siendo presidente, Evo Morales ha facilitado de alguna manera la posibilidad de la derechista cristiana de mostrarse a la cabeza de un discurso de “fraude contra la democracia”.

¿Qué está pasando en Bolivia ahora?

A pesar del anuncio de un acuerdo entre MAS y el autoproclamado gobierno sobre la “pacificación” del país y la adopción de una ley para lograr nuevas elecciones justas, libres y creíbles en abril de 2020, bajo los ojos de la comunidad internacional, persisten obstáculos importantes.

La confianza en este “gobierno de facto” está lejos de ser ganada. No puede garantizarse que habrá una reforma probada para llegar a un Tribunal Electoral no partidista. Nada puede impedir que este gobierno interino busque un camino fuera de la constitución de 2009 para celebrar estas elecciones. A pesar de la cancelación del decreto de impunidad no 4078, no hay prohibición de perseguir a miembros del parlamento, líderes políticos y sociales, forzándoles al exilio, encarcelándoles o asesinándoles selectivamente cuando “necesario”… ¿Debemos creer que todo esto desaparecerá por encantamiento?

Por lo menos, todavía hay demasiados rastros sobre las formas en que estas fuerzas de extrema derecha están tratando de unirse bajo el liderazgo del influyente Luis Fernando Camacho. Hay demasiado que puede dar lugar a una contra-revolución, sazonada con un odioso sabor religioso impregnado de racismo, para no tener cuidado.

¿Deberíamos contar con la efectividad de la “comunidad internacional” para frustrar estas formas de actuar? ¿O más bien, sobre la larga y fuerte capacidad de recuperación del pueblo boliviano, en particular la de los pueblos indígenas, que no están en su primero descaro?

En nuestro libro sobre el proceso constitucional de la década de 2000, Le défi bolivien (El desafío boliviano), hicimos la siguiente pregunta en conclusión: “¿Es una nueva convivencia ilusoria entre dos visiones de un país basadas en intereses francamente contradictorios?” [12]

Afirmamos entonces que había al menos tres condiciones básicas para una convivencia viable: 1.- reconocimiento de la discriminación histórica de los Indígenas; 2.- el acceso de esta mayoría de la población a la igualdad con respecto a sus derechos individuales y colectivos; 3.- El cuestionamiento de qué es la democracia y su necesaria regeneración con instituciones reconocidas pero sobre todo renovadas, y dónde la igualdad que se construirá podría ser diferente de un “modelo universal” impuesto a los pueblos y naciones indígenas.

Los recientes acontecimientos en Bolivia nos obligan a notar la peligrosa fragilidad del camino recorrido. La lucha por la implementación de la igualdad de derechos humanos para todos nunca ha terminado, tenemos pruebas de ello una vez más.

Dejemos la última palabra a Silvia Rivera Cusiquanqui, una antigua activista feminista e indígena. Al participar en el “Parlamento de las Mujeres” celebrado el 12 de noviembre en La Paz, testificó tanto sobre su análisis de los acontecimientos como sobre su esperanza para el futuro:

No creo en las dos hipótesis que se han presentado. El triunfalismo según el cual, con la caída de Evo, habríamos encontrado la democracia, me parece un exceso, un análisis desconectado. Necesitamos mucho más para encontrar la democracia […]

La segunda suposición errónea y peligrosa es la del golpe de estado, que simplemente quiere legitimar de todo corazón, con un paquete envuelto en celofán, todo el gobierno de Evo Morales en sus momentos de mayor degradación. Para legitimar esta degradación con la idea del golpe de estado es reprensible, es necesario reflexionar sobre cómo comenzó esta degradación. […]

Me entristece la partida de Evo, pero la esperanza de una Bolivia multicultural no se ha ido, la esperanza de que la whipala nos represente en sus diferentes variantes no se ha desvanecido, la esperanza de terminar el racismo no ha desaparecido. […] Es creer que el MAS es la única posibilidad que tenemos para llegar a lo interétnico, lo plural, lo multicultural. […] Esta pluralidad es lo que necesitamos recuperar, mis hermanas, así como la posibilidad de un encuentro entre mujeres, e mujeres Indígenas, e hombres Indígenas. […] Me siento medio vencida, pero también con mucha esperanza. Ponemos nuestra energía corporal en este proceso, y su destrucción a manos de la milicia entrenada en la Escuela de las Américas duele. Tienen mucho que perder, pero tienen todo el litio y escuchan bien el botín.

Que este “Parlamento de Mujeres” puede generar el espacio necesario para articular la unidad contra las fuerzas disimuladas, comenzando con la IIRSA (Iniciativa de Integración de Infraestructura Regional de América del Sur) y el capital china y rusa Venezolano, toda esta mafia principal enemigo lejos de ser enterrada, que organiza el mundo y la mentalidad de la gente. Seamos muy vigilantes, pero también conscientes de que la alegría de ver que el Indio se fue para siempre no es nuestra. Me duele mucho.

Denis Langlois es sociólogo y politólogo. Activo en el campo de los derechos humanos durante 30 años en Canadá y a nivel internacional. Asesor del “Defensor del Pueblo” de Bolivia entre 2001 a 2006, luego publicó un libro, Le défi bolivien, (El desafío boliviano), y varios artículos relacionados con temas de derechos derivados del resurgimiento indígena. Después de haber enseñado en la Universidad de Ottawa entre 2008 y 2015, el “Vivir juntos” determina sus preocupaciones vigentes.

denis.langlois chez uottawa.ca