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Paranoia del Estado chileno. Su impacto social y en los niños mapuche

CHILE - Guerra sucia y apartheid contra el pueblo mapuche

Dr. José Venturelli, Comisión ética contra la tortura

Lunes 5 de julio de 2010, puesto en línea por José Venturelli

Introducción

El llamado “conflicto mapuche” no es otra cosa que la respuesta – históricamente violenta, excluyente, clasista y racista- del Estado chileno. El Estado es el poder de las clases e intereses que lo controlan. Más represivo hoy por haber salido de una dictadura sin cambiar sus leyes y con gobiernos que mantuvieron la situación socio-económica de inequidad. Este poder, que no logra impedir una legítima protesta civil usa recursos violentos en forma creciente. De ahí las cárceles, el GOPE (Grupo Operativo de Fuerzas Especiales de Carabineros o Policía militarizada), la PDI (policía civil, investigaciones), el uso de la Justicia Militar y la ley anti-terrorista que permiten todo tipo de violaciones al principio de justicia y trato de los pueblos indígenas. Crímenes, encarcelamientos arbitrarios, juicios manipulados, evidencias montadas, con testigos encapuchados (torturados, comprados, amenazados) y una defensa enfermiza del Estado por una clase que controla y viola espacios, equidad y medio ambiente. Esto niega un futuro normal a las generaciones futuras. Estas son el contexto de un montaje social de Apartheid para el pueblo Mapuche y del desarrollo de una guerra de baja intensidad –o guerra sucia. Así el saqueo de los sectores mineros, de la celulosa y madera, de las hidroeléctricas y pesquero van transformando el país en un desierto seguro y estéril para el futuro. El pueblo mapuche y su cultura eso lo saben y se oponen mediante su lucha civil. La violencia la pone el Estado de modo monopólico: los mapuches ponen los presos y los muertos. La sociedad “obediente” se hace cómplice intentando ofrecer silencio, impunidad y control de los medios de información. La detención hace cuatro días de una periodista austriaca y prohibirle informar sobre este “conflicto” (creado y mantenido por el Estado chileno) muestra el grado de autoritarismo, paranoia y horror por la libertad de información Esta actitud genera angustia, miseria real y empobrecimiento de la calidad del conjunto social mapuche. Se les excluye y arrincona. No se debe seguir tapando el sol con un dedo.

El espectro de la represión

Violencia, presos políticos, sistema judicial incapaz de entender que es Justicia, abuso creciente a todos los grupos etarios del pueblo Mapuche. De niños a ancianos, pasando por mujeres, juventud y adultos comuneros o urbanos. Esto es el continuo actuar del Estado. El nuevo aumento de dotaciones represivas: tres mil carabineros y más de mil “funcionarios” para la PDI agrada a los jefes policiales civiles y militarizados, junto con los que detentan el control de las tierras ancestrales mapuches. El gobierno aumenta la fuerza y esta se desboca. Pero no hace nada para resolver, negociar o siquiera pretender “hacer algo”. ¡Un 6% es lo que le queda al pueblo Mapuche de sus tierras ancestrales y su población aumentó en más de mil por ciento! A nivel internacional, Chile viola los tratados firmados en ONU: Los del CCT-comité contra la tortura, los del CEDR-Comité de erradicación de la discriminación racial, CDH-Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; CDN–Convenio sobre los Derechos del Niño, y el Convenio 169 de la OIT que exige la inclusión significativa de los pueblos indígenas en todas las instancias en que se discutan sus intereses. También del Tratado de Roma y hace caso omiso de las recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas . La desaparición en Chile no consigue ser proscrita en los hechos. Los carabineros, identificados, de la detención, golpiza sobre la que hay testimonio y luego desaparición del menor José Huenulao en Puerto Montt persiste. La “justicia” chilena insiste en olvidarlo e impedir se lleve a un juicio legítimo y no en las instancias de la “Justicia Militar” organización que mantiene la impunidad y viola los acuerdos sobre justicia y derechos humanos a nivel mundial. “…el viernes 25 de junio de 2010, alrededor de las 14 horas del día de ayer jueves 24 de junio de 2010, mientras regresaban a la Comunidad los niños Antu Lemun Llanca de 8 años de edad y Máximo Queipul Huenchullan de 12 años, fueron detenidos por carabinero en Ercilla”. Para evidencias fotográficas o ver. Este último artículo es importante ya que muestra la evidencia de como la represión continúa y como ésta lleva a una radicalización en las generaciones de jóvenes que han ido sufriendo esta violencia desde muy pequeños. El pueblo mapuche que reivindica sus derechos de modo social, ha ido observando el abuso del monopolio de las armas y violencia por parte de las Fuerzas Especiales de Carabineros contra toda su población, especialmente contra los niños. Estos aprenden de esta siembra de violencia del Estado chileno. Que nadie culpe a esos niños de la cosecha que resulte de estas experiencias. Sus pesadillas han sido una realidad que los gobiernos, incluido el actual, siguen sembrando en forma inmoral e irresponsable.

Fotos de niños heridos en Ercilla, Junio 2010 y en asalto a comunidad mapuche 2009

Viaje por la Araucanía

Entre enero y fin de abril visité ppm’s-presos políticos mapuche . Veo a un pueblo sitiado. Mantener la dignidad en un contexto abusivo no es simple. Cuando un alcaide dice que “los grupos de DDHH’s no mandan acá…Mando yo! Yo hago lo que me da la gana, indios de mierda” , queda claro el rayado de la cancha. Los castigos abusivos por no cortarse el pelo, por no “obedecer” a ser vejado a diario con “inspecciones corporales de seguridad”, por mantener su propia dignidad, son comunes. Imponer incomunicación y golpizas no es extraño. “La abogada Karina Riquelme señaló que el viernes 30 de Abril a Mauricio Huaiquilao le fue aplicada una sanción disciplinaria de tres días de aislamiento” (Radio Bío-Bío) Imponen trato abusivo y vejatorio a familiares: exposición corporal y hacer pujar a una mujer para ver si “cae el celular o la chip” o apretarle el vientre a una lactante hasta hacerla llorar “para que salga un teléfono, o dinero”. Si bien esto es para mujeres mapuche que visitan a sus familiares presos, también lo hacen para intimidar a personas de grupos de DDHH’s que visiten estos detenidos. En mi visita a la Lonko Juana Calfunao (cárcel de mujeres de Temuco), una mujer del grupo de DDHH’s fue vejada de esa forma. ¿La razón? Identificó como una funcionaria dañaba la comida (té, hierba, sándwiches, pasteles) a los que se le metía una cuchilla sin preocuparse por la limpieza o evitar su destrucción. La funcionaria de Gendarmería Yarela Alarcón, al sentirse observada, separó a esta persona e hizo un “registró” vejatorio mientras yo, vocero de la CECT-SE, estaba aparte. Esta intimidación a los grupos de DDHH’s debe ser denunciada por buscar aislar a los presos políticos y reforzar el principio de impunidad. Las disculpas del Jefe Regional servirían sólo si el gobierno establece el principio de que el abuso nunca debe ser tolerado y, además, educar al personal e implementar las normas contra la tortura y tratos denigrantes firmadas con Naciones Unidas. Firmar no sirve si es un cheque sin fondos. Estos abusos fueron mencionados por los presos en varias ocasiones. Cuando se tortura a los presos, incluso a sus hijos , y el GOPE y PDI, -a veces “con ayuda” de grupos de choque latifundista o el mismo Comando Trizano- asaltan las comunidades con saña, con odio, es muy difícil poder sentirse incluido, respetado, por mucho que la ex-presidenta haya dicho “que estamos orgullosos de nuestros ancestros”. Más aún si ella misma decía en Suiza, ante preguntas de Amnistía Internacional que “los ppm’s son todos delincuentes”. Tampoco si jamás tuvo un gesto o palabra de solidaridad humana con las familias de los asesinados mapuche por las fuerzas que su gobierno mandaba. Historia vieja e historia nueva porque nada hace prever que el Presidente Piñera haga algo distinto cuando ya está haciendo “más de lo mismo y con más intensidad”. Una lista incompleta, por la constante manía de trasladar a los presos para hostigarlos y el cambiarlos de situación penal (caso de Wikilaf que de “cautelar” lo pasan a “terrorista” y está ahora en Angol) es dada por el sitio Pais Mapuche .

Algunos riesgos de los presos mapuche

Ser “juzgados en ausencia” mientras están presos: ni ellos ni su defensor están presentes. Luego se lo comunican tres meses más tarde. ¿Quien lo hizo? El Juez Militar Coronel Ricardo Vidal Garrido, en Cañete, el 31 de diciembre pasado. Detenidos que no tienen acceso a un toilet entre las 16h y las 9:30h del día siguiente es inhumano. No tiene excusa. Tener a los presos hacinados y por largos meses; “liberarlos” y luego volver a detenerlos con más y mas graves acusaciones –siempre montadas, como es el caso de Waikilaf Cadin quien nuevamente ha sido torturado. Ahora, luego de ser detenido en una manifestación callejera por la libertad de su madre, lo acusan de “tener bajo su cama explosivos de alto poder”. Violencia indiscriminada en muchos centros de detención , . Comidas de mala calidad… y “si alegan” mandan al preso a otra cárcel y así le impiden preparar sus defensas y los cortan de su base familiar y social. Paranoia en el lado de los represores y megalomanía que permite creer que son omnipotentes. En este contexto, cuando el Estado se exaspera usa, en un país sin pena de muerte, la ley de fuga… Doce presos fueron muertos durante las horas más angustiantes del terremoto de febrero cuando trataron de escapar para salvar sus vidas.

Las detenciones arbitrarias y prolongadas determinan una aún mayor pobreza de las familias. Miseria… en este país pretendido “primer mundista”. Costos de abogados prohibitivos y matonaje político y armado. Niños presos y desaparecidos… ¿en democracia? Había en febrero 53 presos políticos sin juicio. En Temuco, todos por ley anti-terrorista. En Puerto Choque, la mayoría son presos por un atentado-tongo al fiscal Elgueta. Por falta de evidencia agregan más causas: 3, 5, 14 para mantenerlos presos. Los juicios orales masivos anunciados los postergan por falta de evidencias. Impiden la defensa de los presos al desplazarlos, al no entregar los detalles del juicio e imponer fechas y postergaciones sin aviso ni justificación. Intimidación con penas de hasta 103 años y montajes mostrados en primera página del Mercurio, para un dirigente como Héctor Llaitul es para que nos avergoncemos todos. ¿Quiere el gobierno persistir en estas acciones? No hay evidencia alguna de que el nuevo gobierno tiene la intención de implementar el Debido Proceso en los juicios a los presos políticos mapuche. Es más grave aún: fiscales y jueces, Ministro del Interior tienden a aumentar el número de acusaciones imputables a cada preso para así impedir poder liberarlos en un juicio. A quienes logran ser liberados los vuelven a detener y les ponen acusaciones más graves. Anti-terrorismo es la más común pese a que el gobierno niega usarla. Y, como obtener apoyo legal es prohibitivo para el pueblo mapuche cuyos ingresos son pobrísimos, colocándolo por debajo de US$1 por persona por día en la mayoría de las familias, eso significa que su condición de pobreza, en el promedio de las comunidades, al tener que pagar honorarios a los abogados los desequilibra aún más y pasan a vivir en forma miserable. Todo esto a pesar de que el gobierno y Estado se han comprometido a respetar los principios legales internacionales y a terminar la mal llamada Justicia Militar que sólo exacerba la violencia, la impunidad y la frustración colectiva. La necesidad de hacer comparecer observadores extranjeros a los juicios orales contra el pueblo mapuche ha sido vista como una forma de exponer la realidad al mundo y, por la visibilidad que eso daría, a obligar al gobierno chileno a cumplir con su propia firma en los tratados de justicia y derechos humanos que ha aceptado pero por ahora, aún sin cumplir.

En esta parodia de democracia todos tenemos parte de la respuesta. La democracia se construye. Incluyendo una nueva Constitución. Cuando se atropella a alguien, nos atropellan a todos. Los DDHH’s no se defienden en la ignorancia ni en una cómoda contemplación informada pero silenciosamente oportunista. Todos tenemos la palabra. El gobierno debe ser responsable de sus actos y no esconderse en más represión. El Ministro Felipe Bulnes, de Justicia y su Presidente deben implementar los tratados y su auto-proclamado apego a la justicia y democracia.


José Venturelli B es Pediatra – Vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT-SE)

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