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CHILE - Algunas condiciones para que se haga justicia

José Venturelli

Miércoles 22 de diciembre de 2010, puesto en línea por José Venturelli

19 de diciembre del 2010.

Para resolver la injusticia del crimen impune del joven estudiante de agronomía, Matías Catrileo (asesinado el 3 de enero de 2008) pretenden algunos con que bastaría expulsar de Carabineros al cabo Jara, quien le diera muerte. Pero para que ese asesinato sea resuelto -y de todos aquellos asesinados en el contexto de políticas represivas, discriminatorias y excluyentes del pueblo mapuche- se debe incluir lo que nunca se ha querido hacer. [1]

1. Establecer Juicios Justos a todos los niveles y para todos: es decir, todos deben ser juzgados por la Justicia Civil. Quienes planificaron y dieron las órdenes deben ser puestos en juicios civiles también. Se acostumbraron en Chile a la impunidad garantizada y protegida por sistemas dictatoriales y que justificaron y encubrieron esos crímenes. En una sociedad moderna y respetuosa de los derechos de todos y de cada uno, la Justicia Militar no debe existir. Sabemos que no se basa en leyes sino en principios de mandos que ordenan y otros que obedecen. La dictadura llegó a establecer que la desobediencia podía ser castigada con la muerte… Tampoco se establecen en Chile los principios educacionales y reglamentos que aseguren a cada persona la capacidad explícita de poder rechazar órdenes inaceptables puedan implicar muerte, daño o injusticias a personas o grupos. El que hayan funcionado así, y que para ello hayan usado figuras irresponsables como la Ley Anti-Terrorista, la Justicia Militar y los Testigos protegidos causan vergüenza al país. Las promesas del Presidente de un nuevo trato con el pueblo mapuche no han sido cumplidas. El circo de las relaciones de los mapuche con la FARCs colombianas (y cuya última versión de “esa cooperación terrorista” la trajeron el senador Espina y el propio Presidente Piñera… cuando dijeron que “las obtuvieron de sus amigos, el Presidente Uribe y la policía” del gobierno colombiano (gobierno que en ocho años mató más de 15.000 “sospechosos de haber sido terroristas”: inocentes campesinos de aldeas donde se masacró sin piedad: se les preguntó el nombre después de haberlos muerto! La evidencia y denuncias de los grupos de DDHH colombianos son conocidas, como lo son sus muchos muertos y desaparecidos que se atrevieron a denunciar los crímenes) Pero los Juicios en Cañete no pudieron demostrar nada de esos montajes internacionales. Para mayor contrasentido, estos días anda por Chile, invitado por su admirador Piñera, nada menos que el mismo ex-presidente colombiano Uribe. Que él hable de democracia hace un oxímoron perfecto.

2. De hecho, Chile no ha cumplido con el Convenio Contra la Tortura. No se aplicado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes [2]. Y esto implica un cambio inmenso, radical. Significa implementar normas democráticas y de respeto de los DDHH. Es lo que asegurará entrar en nuevas fases de desarrollo humano y social. Insisto: Respetar el Convenio 169 de la OIT y una nueva Constitución son parte de la solución.

3. Lo anterior implica que los cuerpos de Fuerzas Armadas y Fuerzas policiales deben ser formados, educados y controlados con principios éticos de respeto a todos los chilenos. Eso es cumplir con los convenios firmados por Chile en todos los campos de los DDHH. No ya más la idea de entrenar represores ni falsos James Bonds. Formar significa educar. A los animales se les entrena, a la gente se la educa para ser críticos y, ellos mismos, ser respetados en todos los niveles de las instituciones. Es decir, cuando se les ordene reprimir y cometer crímenes ellos deben saber rechazar esas órdenes y la ley deberá protegerlos. Un carabinero raso o soldado no deberá ser intimidado y forzado a cumplir con órdenes inmorales por sus superiores. Podrá rechazar y ser defendido por la ley correspondiente. No saben que es proteger ni menos, respetar. El incendio reciente donde fallecen 81 “internos” es una muestra de la realidad chilena: represión a como sea [3]

4. El Principio de Reparación debe ser considerado de modo permanente: Tanto en lo que refiere a reparar el daño colectivo que se le ha hecho al pueblo Mapuche (u otros individuos que hayan sufrido los tratos abusivos denunciados). Debe incluir el uso del principio de discriminación positiva (reparar, permitirles recuperar tiempo, espacios y condiciones de vida que les fueron negadas). Estos últimos años, por ejemplo, el pueblo Mapuche ha sido detenido con falsedades y sin juicios en un promedio de unos 50 años de cárcel por año (considerando 50 presos por un año y más. En algunos años han sido más de 100 presos por persecución política). Parte de estas reparaciones deben salir del Estado pero también de quienes hayan cometido los crímenes, especialmente de quienes impartan órdenes criminales. Cada preso detenido injustamente debe ser recompensado. ¡Imaginemos si se hubiese detenido de igual modo a un magnate tipo Luksic, Angelini, o Piñera con montajes y hubiesen tenido que estar presos por 1 o 2 años y no tener ingreso alguno! ¿Cuanto tendría que haber pagado el Estado por ese monstruoso error? Las familias de los presos políticos mapuche han vivido en la pobreza más abyecta y amenazados con mayor desempleo familiar por politiqueros de turno durante sus encarcelamientos. Estos largos períodos de cárcel fueron hechos en celdas absolutamente inhumanas y que conocí personalmente al visitarlos repetidamente durante este año. El hacinamiento carcelario es de un promedio nacional superior al 150% en exceso. Nadie puede salir normal de un presidio de estos tipos. Por ello el incumplimiento de las promesas del Presidente son tanto más graves.

El daño hecho al pueblo mapuche debe ser reparado de modo retroactivo si queremos que haya paz y justicia. No será aceptable seguir con la mentalidad absurda de “hacer borrón y cuenta nueva”. Debemos poner al país y a las personas primero, sin intentar hacer creer que el dinero y las finanzas valen más que la gente. La justicia, el futuro y su medio ambiente, deben ser respetados y no permitir el vergonzoso conflicto en Caimanes, donde una enorme mina de Cobre, Los Pelambres, que pertenece al Grupo Luksic puede más que el pueblo y sus derechos. El gobierno sólo respeta los intereses empresariales y sigue envuelto en leyes de la dictadura de las que ellos fueron los ideólogos en su apoyo al dictador. Hoy tratan de mantener esa misma estructura. Sin justicia, nuevas leyes y reparación no tendremos jamás una solución.


El Dr. José Venturelli es vocero del Secretariado europeo de la Comisión ética contra la tortura – CECT-SE.

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