MÉXICO - El Tribunal Permanente de los Pueblos condena al Estado por “violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía”

El Tribunal Permanente de los Pueblos, instancia ética internacional fundada por Bertrand Russell y Jean Paul Sartre que desde hace casi 50 años reúne a jurados internacionales para sentenciar sobre la violación de los derechos de los pueblos, instaló en Octubre 2011 un Capítulo México en que el acusado principal es el Estado mexicano y la acusación general es titulada “Libre comercio, guerra sucia, impunidad y derechos de los pueblos”. En estos finales de noviembre, este mismo tribunal de conciencia sesionó en la Ciudad de México la primera audiencia sobre la “Violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía” y su sentencia fue unánime: culpable.

Entre las conclusiones del jurado, cabe destacar la denuncia de la gravedad de los “riesgos ambientales, a la salud y económicos a que se somete al centro de origen global del maíz, así como a las bases del sustento de los pueblos que lo crearon y a la seguridad alimentaria mundial”; entre las recomendaciones, la prohibición de la experimentación, liberación y circulación de maíz transgénico en México y la reinstalación inmediata de la moratoria contra cualquier forma de liberación de maíz transgénico [1].

Lo que permitió la ratificación de esta primera sentencia fue sin dudas la presentación de los 145 casos de desvío de poder del Estado Mexicano que, en las palabras de Fernando Santillán, integrante del Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, “viola de manera flagrante derechos individuales y colectivos reconocidos por la constitución política y por diferentes tratados internacionales, con la aplicación de políticas publicas de libre comercio y leyes privatizadoras, la autorización de siembra piloto, experimental y comercial de maíz transgénico, la contaminación de maíz nativo y el favorecimiento de los intereses a impresas internacionales” [2] .

Gustavo Esteva, miembro del jurado internacional, subrayó este papel fundamental de la sociedad civil, escribiendo que “uno de los aspectos más interesantes fue apreciar la transformación de los protagonistas de los casos” y que “de la expresión vaga pero muy sentida de un malestar indefinible (...) se llegó ahora a presentaciones contundentes, rigurosas y eficaces de crímenes bien identificados, de sus consecuencias y de las acciones a seguir” [3] .

Las exposiciones fueron de hecho realmente impactantes, especialmente la de Josefina Santiago Santiago que desde el Municipio de San José del Progreso, en el Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxaca, trajo ejemplares de milpas deformes, evidencia tangible de la contaminación que David Quist y Ignacio Chapela, de la Universidad de California en Berkeley, están denunciando desde el septiembre de 2001, cuando descubrieron por primera vez la presencia de transgénicos en los campos de Oaxaca y Puebla [4] .

Estos resultados, confirmados hace once años por el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional para la Biodiversidad, junto con pruebas realizadas por grupos de trabajo como el ETC-México y la Red en Defensa del Maíz, son los que permiten ahora afirmar que no obstante la contaminación transgénica sea un hecho probado, “el gobierno mexicano ha incurrido en una serie de actos y omisiones desincentivando los sistemas indígenas y campesinos de producción agrícola, subscribiendo tratados y acuerdos internacionales, decretando leyes y reglamentos para el otorgamiento de permisos para siembra piloto y promoviendo la implementación de programas federales que ponen en peligro la semilla nativa, la soberanía alimentaria, la agricultura tradicional y la integridad de los pueblos” [5] .

La referencia a la Cruzada Nacional contra el Hambre lanzada por el presidente Peña Nieto es evidente, una falsa medida de apoyo al pueblo mexicano que en cambio “refuerza la política de abertura a las empresas transnacionales como Nestlé, Pepsico y Walmart (...) y pretende privatizar los territorios indígenas reubicando forzadamente la población rural en nuevos centros urbanos” [6] .

Enlazándose a este último punto, la investigadora del grupo ETC-México Verónica Villa evidenció en su ponencia como lo que subyace a la contaminación del maíz nativo sea “una estrategia para erradicar una producción campesina diversificada, porque una vez que se logre imponer el maíz industrial y transgénico, los pueblos que sustentan su gobierno y independencia real con un ciclo agrícola sano y que les permite tomar decisiones comunitarias, serán desnudados de su cultura, de su tejido social y de su autonomía, y se volverán en brazos a ofrecer en las maquiladoras o cultivos industriales” [7] .

Los pueblos indígenas y campesinos son los depositarios de una sabiduría milenaria y una cosmovisión distinta del desarrollo económico transnacional. Sin embargo, la lucha en contra de los transgénicos va mucho más allá de una romántica contraposición entre dos maneras distintas de entender el mundo, es una lucha para la sobrevivencia alimentaria y no sólo de los campesinos mexicanos.

Otro punto muy impactante de la ponencia de Villa fue de hecho la posibilidad que frente al cambio climático y a las drásticas y rápidas modificaciones que afectaran los cultivos, la diversidad genética de los centros de origen y diversificación representarán una respuesta a la crisis de la productividad. De esta manera, la contaminación y el daño del maíz y de la forma de vida campesina que lo cría, se configuran como la destrucción de una solución a las consecuencias del cambio climático y, por ende, como un crimen histórico global. En este sentido, la científica señaló la corresponsabilidad por omisión de organismos internacionales como la FAO porque a pesar de reconocer la importancia de los centros de origen de los cultivos y de los derechos humanos de los agricultores, ha considerado que la contaminación con organismos genéticamente modificados en México, realizada con dolo y conciencia, es un problema nacional y no global.

A este propósito, Villa subrayó como esta contaminación no es un accidente sino una estrategia planificada, porque en el país donde se instrumentó la Revolución Verde “se sabe perfectamente que el maíz es un cultivo de polinización abierta y es imposible que no se conozcan los efectos de lo que se está haciendo”. La genética del maíz es un botín enorme y constituye para quien la controla una fuente de ganancia casi infinita: es un negocio adicional para las empresas que detienen las patentes de las semillas [8]
, permite de explotar la planta para los usos mas diferentes (desde la producción de comida procesada hasta plástico hasta combustible) y convierte los pueblos que perdieron su soberanía en un ejercito de desempleados dependientes de lo que quieren ofrecerles los poderosos.

La gravedad de estas denuncias fue la motivación que llevó el jurado a formular una condena tan clara y perentoria, que exige del Estado mexicano la prohibición total de los transgénicos y el abandono del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que, aunque no tenga efectos legales, está destinada a tener un fuerte impacto y configurarse como un llamado a la opinión pública nacional e internacional para romper la invisibilidad impuesta sobre México.

El proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México continuará durante el 2014, con otras audiencias temáticas y la audiencia final a finales del año. Como dijo Gustavo Esteva, “lo que se realizó esta semana es sólo la punta del iceberg”.