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Chilevisión quedaría con una posición privilegiada en el mercado
CHILE - Estudio del CEP revela los beneficios que Piñera tendría si se aprueba el proyecto de ley de TV
Felipe Saleh, EL Mostrador
Jueves 30 de abril de 2009, por
29 de abril de 2009 - El Mostrador - El abogado Lucas Sierra, master en Derecho de la Yale Law School y doctor en Ciencias Sociales en Cambridge lleva años dedicado a precisar los alcances jurídicos de las telecomunicaciones, desde su puesto como investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). En ese contexto se ha convertido en una voz respetada dentro de la industria televisiva gracias a varias publicaciones dedicadas a analizar el rol del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), donde ha elevado propuestas para la transición más adecuada de Chile hacia la televisión digital.
El último de sus trabajos se llama "Reforma Legislativa de la Televisión Ante el Futuro Digital: Un paso adelante, uno atrás", publicado en marzo de este año por el CEP. En la investigación Sierra analiza los dos proyectos de ley enviados por el gobierno al Parlamento: el que reforma la ley general de televisión (18.838) y el que busca cambiar la ley 19.132 que rige a Televisión Nacional de Chile, TVN.
En el análisis del primer proyecto, enviado después de una larguísima discusión que tomó casi diez años, aparecen antecedentes que demostrarían técnicamente las complicaciones que le podría traer a Sebastián Piñera mantener el doble rol de Presidente de la República y dueño de Chilevisión. Esto, debido a que, de convertirse en Jefe de Estado, Piñera tendría el control político del CNTV y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), organismos que regulan el sector.
Este conflicto es algo que Piñera se ha encargado de descartar en todas sus alocuciones públicas. Este lunes, en el acto donde oficializó el sistema de fideicomiso ciego voluntario, el empresario anunció que cuatro bancos de inversión (Celfin, Moneda Asset, Larraín Vial y Bice Corredores) van a administrar su fortuna, estimada en US$ 1.900 millones, y ratificó que no venderá Chilevisión ni dejará su participación accionaria en Colo-Colo, en caso de ser electo presidente.
Según la fórmula planteada por el empresario, el canal de televisión abierta quedará sujeto a un estatuto que garantice su "pluralismo". Dicho documento está siendo elaborado por el estudio Barros & Errázuriz. Uno de los socios del bufete es Fernando Barros Tocornal, mano derecha de Piñera en la confección del fideicomiso y quien representó a Bancard, la sociedad mediante la cual compró Chilevisión al grupo Claxson en 2005. Por último, el argumento principal para no alejarse de la propiedad del canal es que no deberá negociar ningún acuerdo con la Universidad de Chile, propietaria de la concesión, mientras sea presidente.
Sin embargo, la investigación del CEP revela antecedentes en la dirección contraria.
El nuevo estatus de Piñera
El proyecto de ley que duerme en el Congreso -y debiera ser aprobado en el eventual gobierno de Piñera- divide en dos las concesiones televisivas: una de "libre recepción" y otra de "servicios intermedios". La primera implica la autorización para emitir televisión y la segunda, el espectro radioeléctrico necesario para hacerlo. Además, geográficamente las concesiones se dividen en cuatro tipos. La primera de ellas corresponde a las concesiones nacionales que incluyen a quienes hoy tienen una cobertura en más del 50% de las regiones del país. Chilevisión entra en esta categoría.
Sierra lo resume así en el documento disponible en el sitio web del CEP: "Hoy la Universidad de Chile no tiene concesión sobre Tongoy, por ejemplo, donde sí tiene Chilevisión. Pero esta última no tiene sobre Santiago, donde sí tiene la Universidad de Chile, que Chilevisión usufructa. Si el proyecto se convierte en ley, la Universidad de Chile, como concesionaria "nacional", será automáticamente titular de una concesión de servicios "intermedios" en Tongoy, y Chilevisión, por su parte, tendrá automáticamente la suya en Santiago".
Cuando Sebastián Piñera y su equipo negociaron la compra de la sociedad RTU, controlada por el grupo venezolano Cisneros a través de Claxson, el paquete incluía algunas concesiones que la sociedad tiene por sí sola a lo largo del país. Una de las que no le pertenecía era la que cubre Santiago, que es de la Universidad de Chile y por ley es intransferible. Por eso, la figura sobre esta concesión en particular es de "usufructo". La gestión conjunta entre la Universidad de Chile y Cisneros, a través de RTU duró sólo entre 1993 y 1994. Ese año, los venezolanos tomaron el control y la nueva sociedad se convirtió en propietaria de algunas concesiones en el resto del país para alcanzar cobertura nacional. Salvo la frecuencia 11, correspondiente a Santiago.
La frecuencia 11 se arrendó por 25 años. El mismo plazo que consiguió Piñera cuando tomó el control de la estación. Claro que de aprobarse la ley propuesta por el gobierno, el empresario tendría un nuevo estatus como concesionario, gracias al cual incluso podría prescindir del acuerdo con la universidad, al no necesitar legalmente de ese espacio que arrienda para transmitir en Santiago.
El propio Lucas Sierra lo consigna en una nota a pie de página: "Si el proyecto se convierte en ley, Chilevisión ganará espectro sobre lugares en que hoy no tiene, y a los que accede usufructuando de las concesiones de la Universidad de Chile. Al ganar concesiones propias, el incentivo para este usufructo puede desaparecer".
El silencio de la U
Este complejo panorama es conocido al interior de la Universidad, donde todavía recuerdan la promesa que el entonces rector Luis Riveros puso en boca de Piñera cuando se hizo el negocio: el empresario ayudaría a la casa de estudios a implementar una señal de cable manejada por la universidad.
De eso, ni rastro y sobre el estatus especial que tendría Chilevisión S.A. gracias al proyecto de ley, no hay una postura oficial. Durante varias semanas El Mostrador intentó contactarse con el profesor Luis Riveros y con Roberto La Rosa, director jurídico de la Universidad, sin obtener respuesta. Una fuente del Departamento de Derecho Informático de la casa de estudios asegura que "Casa Central nos pidió que hiciéramos un informe, hace dos años, pero después no siguieron adelante".
Piñera Telecom
El tema tiene otra lucrativa arista. Si algún nuevo actor quiere entrar a la industria necesita tener ambos tipos de concesiones (de libre recepción y de servicios intermedios). De lo contrario, debe conseguir la primera y arrendar la segunda a alguno de los operadores que si la tenga, como el canal de Piñera, y de esa manera poner al aire sus contenidos. Es decir, se abre el negocio para que una productora privada, por ejemplo, compre a Chilevisión un espacio de su espectro.
Este no es la única oportunidad comercial que podría abrirse para Piñera, si se aprueba la iniciativa legal.
La categoría de "servicios intermedios" posibilita a los concesionarios convertirse también en proveedores de datos, lo que amplía aún más el negocio hacia nuevos horizontes como la telefonía móvil, sector que tiene más de 15 millones de aparatos funcionando en el país y mueve millones de dólares al año.
De ahí, que si llega a la presidencia, Piñera podría enfrentarse a un serio conflicto de interés ya que serán la Subtel y el CNTV los organismos llamados a regular el nuevo escenario.
