VENEZUELA - Ley de educación, la secularización del estado

En la edad moderna la tendencia de los estados va orientada hacia la búsqueda de una progresiva independencia del poder político respecto al poder eclesiástico, convirtiéndose en no-confesionales para avanzar en la conformación de gobiernos laicos, independientes y neutrales en el ámbito religioso, materializando la libertad de culto, libertad religiosa y libertad de conciencia, estableciendo la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna, de no creer o validar la existencia de Dios (ateísmo y agnosticismo) y poder ejercer dicha creencia públicamente. Derecho fundamental reconocido mundialmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Constitución Nacional de nuestro país, la cual en el artículo 59 establece como derecho civil, que el estado garantizará la libertad de religión y de culto, dejando la potestad facultativa a los ciudadanos a profesar su fe religiosa, además garantiza la independencia de autonomía de la iglesias y confesiones religiosas, dejando a los padres dicha formación.

Por estas razones, la Ley Orgánica de Educación promulgada el 16 de agosto de 2009, estaría viciada de nulidad constitucional si en su artículo 7, que no prohíbe que se imparta la educación religiosa, instituyera que la misma quedaría bajo responsabilidad de las familias, ratificando el carácter laico del estado venezolano, para garantizar su neutralidad en la formación religiosa de los estudiantes.

No conforme con esta fundamentación garantista e igualitaria, nuevamente el oposicionismo venezolano haciendo uso de sus medios, lanza a su máximo exponente religioso, el Cardenal Jorge Urosa Savino para arremeter contra el gobierno y tratar de imponer su atraso, al lamentar que la nueva ley elimine la educación religiosa del currículo escolar, pretendiendo manipular a la Asamblea Nacional para obtener ventaja a favor de su religión, en detrimento del derecho constitucional de libertad de culto de las mayorías y en un acto maniqueo de histrionismo califica al gobierno de querer imponer un pensamiento único y a la ley de excluyente.

Evidentemente ¿Quién en realidad pretende imponer un pensamiento único, planteando propuestas excluyentes? Además de aspirar captar incautos para que se sumen a su engaño y con ello iniciar una escalada de protestas las cuales se iniciaron con la marcha del sábado pasado, que ante la falta de convocatoria y argumentos sensatos, para oponerse a la Ley, provocaron hechos de violencia, agrediendo a los funcionarios que resultaron heridos los cuales estaban allí para garantizarles el ejercicio de su derecho a la protesta y ahora pretenden victimizarse intentando posicionar la matriz de opinión de que fueron agredidos.

Volviendo a la trama del Cardenal Urosa, es imperativo preguntarle, por qué asume esta conducta intolerante, cuando la posición oficial de la iglesia católica referente a la libertad religiosa fue expresada, en el Concilio Vaticano II en la declaración Dignatis Humanae del 07 Diciembre de 1965 la cual establece en su conclusión lo siguiente: “El sagrado concilio exhorta a los católicos y ruega a todos los hombres que consideren con toda atención cuan necesaria es la libertad religiosa… Por consiguiente, para que se establezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano, se requiere que en todas las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela jurídica”. Esto es precisamente lo que consagra nuestra carta magna y la nueva Ley Orgánica de Educación.

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