HONDURAS - “¿Qué fue lo que provocó el golpe? La participación popular y la organización política de las bases.” Entrevista a Jennifer Moore, activista canadiense de derechos humanos y periodista independiente

Erasmo Magoulas: Después de haber vivido por varios años en Ecuador trabajando en las áreas de DD HH y monitoreando la actividad de las corporaciones mineras, tú llegaste a Honduras en medio de un golpe de Estado. ¿Cómo describirías tu primera impresión acerca de los DD HH en Honduras?

Jennifer Moore: Yo llegué a Honduras pocas horas antes del Día Nacional de Acción contra el Golpe del 11 de agosto, cuando varias marchas de todo el país confluyeron en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Yo estaba en la Capital para proveer información a la agencia ALAI -Agencia Latinoamericana de Información- y a los pocos días conocí de primera mano la violenta y sistemática represión a que era sometido el Movimiento de Resistencia contra el Golpe, por parte de los organismos de seguridad y militares del gobierno de facto. Esto se vio acentuado por la marcada polarización con los medios, entre los cuales sólo un par daban cabida a las voces disidentes, los cuales sufrieron ataques frecuentes.

A los pocos días de estar en Tegucigalpa, la ciudad estuvo bajo control militar por una noche, durante la cual los edificios de dos organizaciones sociales involucradas con el Movimiento de Resistencia amanecieron baleados. Yo también observé como las fuerzas del Estado de facto usaron fuerza bruta desmesurada contra manifestantes indefensos o simples peatones, durante las marchas. El uso de gases lacrimógenos, como así también los golpes y empujones sin motivo alguno, eran parte de la cotidianeidad. Docenas de personas fueron violentamente detenidas y llevadas al destacamento de las Fuerzas Especiales de la Policía, la misma que en los 80’s estuvo vinculada con la práctica sistemática de la tortura y las desapariciones. Los militares también ocuparon la Universidad Nacional Autónoma secuestrando a un grupo de personas dentro de las instalaciones y en donde retuvieron una comisión de Derechos Humanos que tenía la intención de ponerse en contacto con los estudiantes.

El Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el cual ha sido una de las tantas organizaciones de DDHH que documentó cuidadosamente las violaciones a los Derechos Humanos en los últimos cuatro meses, recientemente dio a conocer su segundo reporte. Ellos han encontrado que al menos 10 muertes violentas y asesinatos están relacionados con el golpe de Estado, incluyendo otros 11 con evidencia significativa de una relación cercana al mismo, así como también cientos de casos de violaciones a la integridad personal y miles de detenciones ilegales. El Comite concluye que el motivo de la represión se basa en la criminalización de la protesta popular, el control de los medios, el cierre de los medios opuestos al golpe de Estado y en la suspensión de las garantías constitucionales. Sus conclusiones también han sido corroboradas por observadores internacionales de DDHH que han condenado el excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes, entre los cuales se encuentran la Comisión Internacional de DDHH de la OEA, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

E.M.: Luego de tener los primeros contacto con las organizaciones populares, como el campesinado organizado, organizaciones sindicales, de mujeres y estudiantes, cuales fueron tus conclusiones acerca de lo que se entiende como “derecho de los pueblos”.

J.M.: Yo entendí de varios líderes sociales y políticos, como así también de los afiliados a sindicatos y sus líderes y organizaciones sociales, trabajadores de los DDHH e investigadores de la realidad hondureña con los que hablé, que cualquiera de los derechos de los trabajadores y de las etnias hondureñas habían sido ganados a través de un proceso de lucha, y que aún faltaba por recorrer un largo camino para que los sectores populares se sientan satisfechos con sus logros. Es evidente que existe una muy minoritaria clase social y económica que domina la política electoral, las instituciones del Estado, los grandes negocios y los medios, y esto pone a la gran mayoría de la población en una seria desventaja. Es por ésta razón que el movimiento popular está tan decidido a llevar adelante los cambios constitucionales que permitan una más amplia participación política en las decisiones trascendentales y que reconozca mayores derechos para las diversas minorías de Honduras, como los Garifunas, las comunidades indígenas, las mujeres y los sindicatos, que han venido luchando por tantos años. La percibida amenaza (por parte de la oligarquía) de una mayor participación del movimiento popular organizado en la vida política, pareciera ser el principal factor disparador del golpe de Estado.

E.M.: Honduras se presenta como otro ejemplo de democracia representativa que escondía el germen de un régimen fascista. Cuando los movimientos populares comienzan a cuestionar los privilegios oligárquicos y el abismo entre una minoría que tiene y una mayoría que no, la frágil máscara de la democracia representativa se desploma. ¿Tú crees que la mayoría del pueblo hondureño se ha percatado de esto luego del 28 de junio?

J.M.: A pesar de los significantes esfuerzos de la clase empresarial y política, que controla los medios en Honduras, por deslegitimar al presidente Zelaya bajo los cargos de corrupción, de querer perpetuarse en el poder y de justificar el golpe como una sucesión constitucional, hay una fuerte evidencia de extendida desilusión entre la población con los límites de la democracia representativa y obviamente con el régimen de facto. A través de los años, menos y menos ciudadanos han venido participando en la política electoral, lo que parece indicar que mucha gente pone en duda la relevancia de las elecciones para sus vidas, especialmente ante las condiciones actuales. También, desde el golpe de Estado, la agencia de noticias “Narco News” ha reportado que la oposición al golpe ha crecido. Ellos publicaron una encuesta nacional llevada a cabo para finales de agosto por COIMER & OP (Consultores en Investigación de Mercados y Opinión Pública), un grupo autorizado a llevar adelante una encuesta sobre las elecciones del 29 de noviembre, en la cual más del 50% de los consultados están contra el golpe y alrededor del 60% piensa que Micheletti tiene que salir del gobierno. La encuesta tiene un margen de error del 4%. Como resultado pareciera, al menos a grandes rasgos, que la gente cuestiona a quien sirven verdaderamente los actuales líderes políticos.

E.M.: Aunque el pueblo hondureño ha sido indoctrinado por décadas bajo el ideario cultural y político del imperialismo usamericano, nosotros estamos viendo un masivo empoderamiento de conciencia de clase, unidad y organización en la base. ¿Cómo tú explicarías este nuevo y sorpresivo cambio de paradigmas?

J.M.: Yo tuve la oportunidad de conocer algunos esfuerzos organizativos durante mi estadía en Honduras, aunque yo diría que mi comprensión de tales procesos en el largo plazo es limitada. Algo de esto me fue aclarado por la economista y socióloga Leticia Salomón, quien dirige el Centro de Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ella dice que el movimiento de oposición al golpe ha sido muy inteligente al definir su lucha como eso, contra el golpe, en vez de hacerlo en favor de un partido político o de una ideología. En otras palabras, un gran paraguas se ha conformado, bajo el cual la resistencia se está organizando y dando cabida a un gran y diverso rango de grupos con un mismo propósito, incluyendo grupos que no habían tenido una tradición en las protestas sociales, en la defensa de la democracia, ni en el acuerdo que cambios fundamentales son necesarios a largo plazo, como la propuesta de la resistencia lo demanda en su lucha por la reforma constitucional. Pareciera que precisamente la propuesta de la reforma constitucional ha comenzado trayendo una mayor cohesión en la organización popular antes del golpe. Por otra parte, varias personas me han comentado que el grado de unidad y convergencia vistos hoy nunca se había experimentado antes y que semejante resistencia fue sorpresiva entre los que ejecutaron el golpe. Más aún, este proceso parece haber sido apadrinado por el trabajo de educación popular en las calles mediante una variada gama de actividades artísticas de resistencia en las ciudades, en los barrios y a través de todo el país.

E.M.: ¿Podrías explicarnos cual fue el papel jugado por la diplomacia canadiense y específicamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores desde el 28 de junio?

J.M.: Desde el comienzo el gobierno canadiense ha tomado una posición muy débil con respecto al golpe, principalmente participando a través de los esfuerzos de la OEA para traer la solución por medio de un acuerdo como el de San José. Peter Kent quien es el Ministro de Estado para las Relaciones Exteriores para las Américas, fue el vocero canadiense, él hizo ocasionales declaraciones desfavorables al retorno de Zelaya a su país en el mes de julio. El también viajó a Honduras con una delegación de la OEA en un par de ocasiones, así como el Embajador canadiense en Costa Rica, Neel Reeder, que lo hizo en el mes de agosto y quien es el actual Presidente pro tempore del Grupo de los 16, el principal grupo de donantes a Honduras.

En contraste con los Estados Unidos y como el segundo más importante inversor en Honduras, Canadá no consideró ninguna sanción de tipo militar, económica ni diplomática en contra del régimen de facto. También fue muy cuidadoso de hacer cualquier declaración acerca de las violaciones contra los Derechos Humanos perpetradas por el régimen golpista. El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), en particular, ha sido muy crítico sobre el papel desarrollado por Canadá y reportó el 22 de septiembre que “por no actuar de una modo directo o bajo la guía de los principios, Ottawa ha mandado un claro mensaje a los golpistas en Honduras: ustedes pueden salirse con la suya”. Para ese momento el Consejo de Asuntos Hemisféricos estaba esperanzado que la presumible posición neutral de Canadá pudiera ser útil al propósito final de encontrar una solución negociada a la crisis. Para muchos miembros de la Resistencia con los que hablé en Honduras, la negativa de Canadá en tomar medidas duras contra los golpistas, ha sido vista como un apoyo tácito a estos.

E.M.: A pesar que no hay disputas entre el Presidente Zelaya y la Resistencia contra el Golpe, pareciera que el Movimiento va por más, por ejemplo: el Referéndum y la Asamblea Constituyente. ¿Cómo has visto, sobre el terreno, el dilema entre una restitución formal y un empoderamiento político y económico por los sectores populares?

J.M.: La restitución del Presidente Zelaya al gobierno sería un triunfo de la oposición al golpe y sería un importante reconocimiento de lo que ellos han mantenido desde el 28 de junio, que fue un golpe militar que interrumpió el orden democrático constitucional en el país. De cualquier manera, mientras el golpe ha interrumpido un proceso, otro de gran cambio político y social se está dando. Yo creo que esta disputa está lejos de concluir. Esto hará mucho más difícil que un representante de los sectores ultra-conservadores del poder pudiera ser elegido en noviembre. De cualquier manera, los sectores del movimiento popular han logrado un clímax de apoyo entre ellos mismos como así también de la solidaridad internacional, que parece haber puesto al país en el mapa mundial de una manera totalmente diferente. A pesar de que no tengo mucha claridad en cuanto al futuro empoderamiento político y económico de los sectores populares, me parece claro que el pueblo no se rendirá en la lucha por lograr esos cambios, y yo imagino que el incremento de la unidad y la organización tanto dentro de Honduras como internacionalmente, resultados de la continua movilización, jugarán un papel importante en ese logro.

E.M.: ¿Cómo tú has percibido el análisis hecho por los líderes del organizaciones populares sobre las negociaciones de San José y la intervención de Oscar Arias?

J.M.: Los líderes populares hondureños han sido muy críticos con estas negociaciones, porque ellas han ayudado a legitimar el régimen de facto y porque ellas han restringido el poder de Zelaya. Por ejemplo, los comentarios de un líder garifuna, en la costa norte de Honduras, son muy esclarecedores. El me dijo que el Acuerdo de San José es entre Zelaya y los líderes golpistas, y que si eso sirve para que Zelaya vuelva a la presidencia, sería esperanzador, pero el lider garifuna distinguió entre esas negociaciones y sus luchas por alcanzar mayores derechos a través de una reforma constitucional. “Nuestras luchas no acabarán con ese acuerdo porque nuestros nombres no figuran en el mismo”, me afirmó el lider afro-hondureño. El líder garifuna estaba satisfecho por el papel jugado por su organización dentro del Movimiento de Resistencia y como otros con los que hablé, estaba convencido que ellos encontrarán el camino para continuar con la lucha.

E.M.: Después de haber vivido por varios años en un país del ALBA, como el Ecuador, ¿crees que el golpe de Honduras es una reacción de los sectores ultraderechistas de los Estados Unidos y de la oligarquía hondureña, para frenar o al menos desacelerar el proceso popular por más justicia social y participación política?

J.M.: Está muy claro que la oligarquía hondureña tuvo un papel preponderante en el golpe con el apoyo de la derecha internacional, tanto de Estados Unidos como de la región. Particularmente desde el golpe, hay una concreta evidencia de apoyo para los instigadores del golpe que lo han buscado y recibido de importantes aliados estadounidenses como Lanny Davis, que fue consejero del Presidente Clinton.

También, para volver un poquito más sobre Canadá y sus intereses de inversión en Honduras, como en el Ecuador, sus acciones y declaraciones mayoritariamente revelan que Canadá se mantiene dedicado a proteger su modelo de “libre comercio”, el cual tiene como principal propósito resguardar y profundizar sus inversiones económicas, las cuales han sido cuestionadas en Honduras. Sólo para dar un ejemplo que Canadá no apoya realmente iniciativas que expandan la participación social y política, tenemos el caso de la disputa alrededor de la industria extractiva en cuyo sector Canadá es un inversor importante y sobre el cual comunidades locales, tanto de Honduras como de Ecuador, están luchando contra los megaproyectos que afectan sus tierras y sus vidas. En muchas oportunidades a nivel internacional, la libre decisión y la información veraz para las comunidades locales, han sido reconocidas como importantes condiciones para que la expansión de la industria extractiva no viole los derechos de las poblaciones. A pesar de eso Canadá como los Estados Unidos se negaron a firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas o ratificar la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

En el caso de Honduras Norteamérica (EEUU y Canadá) apostó por una solución negociada de la crisis en lugar de implementar desde el comienzo fuertes sanciones contra el régimen de facto o tomar una postura más fuerte contra las violaciones de derechos humanos, lo que indica que había otros intereses en juego. Básicamente tanto en Honduras como en el Ecuador una mayor participación política de las organizaciones sociales no favorece la política de “business-as-usual”. Yo pienso que mientras más se vaya rebelando acerca de los autores del golpe, esto aparecerá como el factor más influyente para la destitución de Zelaya.

E.M.: Las corporaciones mineras han estado jugando, y lo siguen haciendo, un importante papel en el apoyo y promoción a cierto tipo de democracias abiertas a la inversión extranjera, libre de una legislación reguladora. ¿Cuanto de este factor de poder pudiste apreciar en Honduras?

J.M.: Ante todo sería bueno remarcar que el sector de la minería metálica en Honduras está dominado por inversores norteamericanos, los cuales se beneficiaron de un “clima favorable” a sus inversiones luego de las reformas a la ley de minería, hechas inmediatamente después del huracán Mitch, en 1998. Dos importantes firmas, por nombrar sólo dos, se instalaron en el país, la Gold Corp con asiento en Vancouver y la Yamana Gold con oficinas en Toronto. En particular la Gold Corp de San Martín ha sido muy cuestionada por determinarse la causante de escasez de agua para las comunidades de la zona, contaminación de las napas freáticas, deforestación y haber elevado los índices de enfermedades de la piel y pulmonares entre la población local.
Combinando la minería metálica y la no-metálica, estas contribuyen en alrededor de un 1,5% del PIB de Honduras y proveen en menos del 0,3% de puestos de trabajo.

Como pasó en otros muchos sectores de los negocios; antes del golpe a Zelaya, hubo propuestas de cambio substancial, por parte del gobierno, para el sector minero. Desde el año 2004, el gobierno hondureño ha estado tratando de llevar reformas a la legislación minera que fueran más favorables para el país y las comunidades y suspender nuevas concesiones hasta que las reformas fueran llevadas a cabo. Yo entiendo que el Presidente Zelaya mantuvo ésta suspensión y en mayo del 2009 presentó una nueva propuesta de ley minera al Congreso, la cual entre otros cambios prohibía la minería a cielo abierto, como así también el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio. Esta propuesta de ley fue calendarizada para su discusión en agosto. A consecuencia del golpe el debate no ha ocurrido. Algunos análisis provenientes de los sectores involucrados con el golpe y con fuertes intereses en la minería, como el Presidente de la Asociación Nacional de Industrias (ANDI), Adolfo Facusse, cuyos miembros abarcan un amplio rango de la actividad industrial en el país, así como la Asociación Nacional de Minería Metálica de Honduras (ANAMINH), propusieron que la minería a cielo abierto fuera permitida con el propósito de atraer la inversión extranjera directa, a raíz de las tremendas pérdidas económicas sufridas luego del 28 de junio.

Yo he escuchado pocas otras referencias directas sobre los intereses mineros relacionados con el golpe, pero sería suficiente remarcar que la organización Rights Action reportó que la empresa Gold Corp ayudó a financiar las marchas de algunos de sus obreros en favor de la minería en Honduras.

E.M.: Como reportera de varios medios alternativos de Sud y Norteamérica ¿cuál fue la experiencia más conmovedora que viviste durante tu estadía en Honduras?

J.M.: Me sentí conmovida por la extraordinaria gente que conocí en Honduras, la cual está participando en un movimiento en defensa de los valores de la democracia. Pienso en la incansable labor de liderazgo de Rafael Alegría de Vía Campesina, quien está determinado a mantener la lucha día a día, superando los límites de la extenuación física y mental. Pienso también en los defensores de los DDHH del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (COFADEH), como Bertha Oliva, quien tan cuidadosamente están documentando las violaciones que están ocurriendo, para que ellas no sean olvidadas y queden en la impunidad, a pesar de las escalofriantes conexiones entre algunos elementos de la represión actual y la que se llevó a cabo en la década de los 80s. También el importante papel de los periodistas independientes de Honduras, como Félix Molina de Radio El Progreso, que junto con otros están haciendo lo imposible para mantener a la gente informada, a pesar de los continuos ataques a sus medios. A aquellos hombres, mujeres y jóvenes que generosamente compartieron sus testimonios y siguen siendo capaces de mantener las energías, la creatividad y la determinación de exigir la restitución de la democracia en Honduras, a pesar de los enormes obstáculos. Todos ellos han sido parte de mi experiencia conmovedora en Honduras.